Una reforma presentable en Europa para liberar al Poder Judicial secuestrado por la derecha

La afrenta a la democracia, la separación de poderes y la voluntad popular que supone la cautelarísima aceptada por el Tribunal Constitucional es también una oportunidad para revertir, definitivamente, el secuestro que la derecha mantiene desde 2018 en el Poder Judicial y que ha extendido al órgano de garantías. Es momento de aprovechar la indignación progresista para conseguir la renovación no solo del TC sino del CGPJ.

El PSOE se resiste. Tiene miedo del qué dirán y de Europa. Es por ello que es necesario plantear una reforma presentable para la opinión pública, donde ha calado el discurso ‘que los jueces elijan a los jueces’, vendible en la UE y hasta atractiva para las asociaciones del gremio judicial. Reincido pues en la propuesta que hice en este mismo espacio hace mes y medio.

El objetivo es que la voluntad popular representada en el Congreso esté reflejada en la mayoría del Poder Judicial que tiene que desbloquear el TC [finalmente ha sido desbloqueado este 27 de diciembre] y designar decenas de puestos de alta magistratura pendientes desde que la penúltima reforma de la LOPJ privó de esta competencia al caducado CGPJ. Y, por supuesto, eliminar la posibilidad de bloqueo que tiene el PP y que ejerce siempre que está en la oposición.

La manera de hacer esta reforma más presentable que una simple reducción de las mayorías necesarias para la elección de los vocales es dar más poder a las asociaciones de jueces, reduciendo así la dependencia y vinculación partidista de los magistrados elegidos para el órgano de gobierno del Poder Judicial.

¿Cómo? Limitando la intervención de los grupos parlamentarios a la votación de listas cerradas y bloqueadas presentadas por las asociaciones judiciales o por jueces agrupados en candidaturas completas. Los puestos se repartirían de forma proporcional con una fórmula como la de nuestro sistema electoral. Así, la actual mayoría progresista y plurinacional se reproduciría en el CGPJ pero los magistrados deberían también su elección a la asociación o agrupación de jueces que los hubiera colocado y ordenado en la candidatura.

Pongo un ejemplo hipotético para comprobar el funcionamiento del sistema propuesto: pongamos que el PSOE, Unidas Podemos, Más País y Compromís votan la candidatura propuesta por la asociación Jueces y Juezas por la Democracia. Que el PP y Vox apoyan la lista de la Asociación Profesional de la Magistratura. Que ERC, Bildu, PNV, Junts, la CUP y BNG votan a una candidatura de jueces nacionalistas. Y que Ciudadanos, Pdecat, CC, PRC, Teruel Existe y los tránsfugas navarros eligen la lista de la asociación Francisco de Vitoria.

El resultado sería que Jueces y Juezas por la Democracia tendrían 9 vocales en el CGPJ, la APM, 8; el grupo nacionalista, 2, y la Francisco de Vitoria, 1. El presidente del órgano y del Tribunal Supremo sería el que encabezase la lista con más apoyos, para incentivar que las asociaciones busquen el apoyo de varios partidos. El Poder Judicial habría quedado liberado del secuestro de la derecha y Europa y las asociaciones del gremio de la toga tendrían razones más que de sobra para aplaudir con las orejas.