España es el segundo país más desigual de Europa. Y no lo es solo como consecuencia directa de la crisis económica y de las medidas de austeridad aplicadas. La desigualdad es también el resultado de la ceguera política ante la dimensión del problema y de la inoperancia institucional para atajarla. Entre otros, en materia fiscal. Somos el país de Europa en el que el sistema fiscal corrige menos la desigualdad de ingresos, frente a países como Finlandia o Austria que logran reducirla en un 50%.
La política fiscal es ante todo un reflejo del modelo de sociedad. No es sólo un mecanismo de recaudación, sino también de redistribución, desde el momento en que define quien debe contribuir y en qué medida, y quien tendrá acceso a estos recursos públicos.
Lo cierto es que nuestro sistema está completamente asfixiado por su ineficiencia y complejidad, la acumulación de privilegios para una minoría y un fraude fiscal de los más elevados de Europa. Es un sistema injusto, lejos de la media europea en niveles de recaudación (casi 8 puntos de distancia) y esencialmente regresivo. No solo hace inviable la financiación de políticas sociales que garanticen la igualdad de oportunidades y afronten los riesgos de exclusión social, sino que exige más de los que menos tienen.
Algo en el diseño de nuestra política tributaria falla, cuando la presión que soporta una familia en los niveles de ingresos más bajos (muchos de ellos desempleados de larga duración o con contratos precarios) es mayor que el esfuerzo fiscal al que hacen frente quienes están entre el 10% más rico de la sociedad.
Son claramente las familias quienes con su esfuerzo aportan más del 90% del total recaudado, mientras los impuestos de las grandes empresas apenas alcanzan el 2% del conjunto. Es decir, las familias aportan casi 50 veces más que las grandes empresas.
Analizando la evolución, la distribución del esfuerzo fiscal por niveles de renta en España de 2009 a 2011 (último año con datos disponibles), los impuestos indirectos (IVA principalmente e impuestos especiales) restan progresividad al conjunto del sistema que tan solo un diseño progresivo del IRPF (junto con la recuperación de impuestos sobre el capital o la propiedad) puede corregir. Las decisiones (reactivas y cortoplacistas) ante la crisis financiera han ido añadiendo capas de complejidad al diseño fiscal, y exigiendo mayores sacrificios a los ciudadanos.
La reforma fiscal que el gobierno debe presentar este año es una ocasión única para revertir estos niveles de inequidad. Lejos de anuncios electoralistas sobre subidas o bajadas de determinadas figuras tributarias, es esencial plantear una revisión en profundidad del conjunto desde una perspectiva primero de equidad. Recaudar más de quien más tiene, contener las subidas sobre los impuestos al consumo, lograr que el tipo efectivo del impuesto de sociedades se acerque al nominal y racionalizar los privilegios fiscales para que permanezcan solo aquellos que estén orientados a generar valor real (como la creación de empleo digno). Y sobre todo, atajar los circuitos de la evasión y elusión fiscal, una absoluta prioridad en términos cuantitativos pero también de equidad, porque todos los recursos que así se fugan se traducen en mayor esfuerzo para el resto de la ciudadanía además de empeorar la confianza y la cultura tributaria.
Por ello, el debate sobre que España tiene los tipos nominales más altos de Europa, para justificar bajadas en los tipos máximos de IRPF y del IS, es baldío. Las grandes empresas ni siquiera se acercan al tipo nominal, puesto que apenas pagan el 3,5% sobre el impuesto de sociedades. Y la riqueza se encuentra en muchos casos casi desfiscalizada. Es hora de reformar para incorporar progresividad y justicia, no para perpetuar privilegios.
No podemos obviar este análisis a la hora de pensar en el diseño de la reforma fiscal que el gobierno debe presentar este año. En cambio las recomendaciones del FMI a España que ayer se hacían pública se encaminan justo en la dirección contraria - flexibilización de las condiciones laborales, subida del IVA, bajada del Impuesto de Sociedades - , supondrían incrementar el esfuerzo sobre los ciudadanos, como si no fuera suficiente el estrangulamiento que ya sufren las familias con la fragilidad del empleo y los retrocesos en derechos sociales.
Sin embargo, esto no responde a la opinión de los ciudadanos. Según la última encuesta del CIS, el 80% de los españoles estarían dispuestos a pagar más impuestos si tuvieran garantías de que van a financiar políticas públicas de calidad (en particular en educación y salud) y más del 70% opina que debe recaudarse principalmente a través de impuestos directos.
La cuestión ahora es si escuchará el gobierno la voz de la ciudadanía a la hora de abordar la reforma fiscal o cederá ante recomendaciones como la del FMI. Desde Oxfam Intermón pedimos a los ciudadanos que apoyen con su firma un decálogo de medidas para que la reforma fiscal sea verdaderamente una reforma en beneficio de la mayoría.
