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Los datos de emigración no hablan por sí solos

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Vivimos ávidos de cifras que midan nuestras desgracias; o que las desmientan. Y en esa ansia estadística con frecuencia faltamos a la verdad. En los últimos meses se vienen publicando titulares que alertan sobre el crecimiento de la emigración de españoles al exterior como consecuencia de la falta de empleo y expectativas en nuestro país. Sin embargo, las cifras que se suministran son en muchos casos confusas o abiertamente erróneas. En enero se difundió repetidamente en muchos medios de comunicación el siguiente titular “ Más de 50.000 españoles encontraron trabajo en Alemania”.

Sin embargo, el cuerpo de la noticia decía: “Los datos de la Oficina Federal de Empleo de Alemania actualizados hasta octubre de 2012 muestran que un total de 49.433 españoles trabajan en el país, un 15,8% más que un año antes”. Si las cuentas no me fallan, para que un aumento del 15,8% resulte en 49.433, el incremento ha tenido que ser de 6.745 personas. Dicho de otro modo, en el último año encontraron trabajo en Alemania algo menos de 7.000 españoles, aunque la cifra total de trabajadores españoles en dicho país, llegados desde los años sesenta, ascienda hoy día a casi 50.000.

La diferencia parece relevante, sobre todo en un contexto como el actual en que sabemos que mucha gente se puede estar planteando la posibilidad de marchar al extranjero como una alternativa a las duras condiciones de empleo en nuestro país. Hay cierta irresponsabilidad en elegir titulares ambiguos que inflan las cifras y con ello, indirectamente, las expectativas.

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El poder de la banca después de la crisis

A lo largo de la historia, la intermediación financiera ha demostrado ser una actividad con una enorme capacidad de influencia política. Ya en el siglo XV, la Casa de Medici daba buena muestra de ello gobernando de facto Florencia y colocando hasta tres Papas gracias a su posición monopolística en el negocio bancario con el Vaticano.

Hoy, más interesada en el poder terrenal que en el celestial, la banca mantiene una enorme capacidad de influencia política, pero sus consecuencias ahondan el descrédito del sistema democrático. La debilidad de los gobiernos a la hora de hacer frente a la amenaza de riesgo sistémico ( Too Big To Fail), de castigar los abusos cometidos por los bancos (manipulación del Líbor-Euribor, venta de preferentes, etc.), de perseguir el lavado de dinero, o de frenar el drama social de los desahucios, son una pequeña muestra de las consecuencias negativas del predominante poder de la banca.

Pero, como bien sabemos, los últimos cinco años han sido especialmente turbulentos para el sector financiero, sobre todo en nuestro país. Por tanto, cabe preguntarnos cómo se verá afectado el poder de la banca tras estos años de crisis.

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La conquista del derecho a participar

La Constitución de 1978 prevé en el artículo 87 la existencia de Iniciativas Legislativas Populares (ILPs) que permiten a organizaciones sociales presentar proposiciones de ley con el respaldo de al menos 500.000 firmas.¿Qué uso se ha hecho hasta ahora de este mecanismo de participación ciudadana?

Las iniciativas populares están muy extendidas en las democracias actuales. Una iniciativa popular es una propuesta legislativa que, si recibe apoyo de un cierto número de personas, tiene que ser votada en el parlamento o en un referéndum. En California, por ejemplo, los votantes se pueden pronunciar en cada elección sobre un gran número de iniciativas propuestas por grupos ciudadanos. Estos instrumentos de democracia directa permiten a los ciudadanos proponer medidas específicas y por tanto amplían la influencia sobre el proceso legislativo más allá del voto a partidos.

La primera ILP registrada en España pedía el “Mantenimiento de Altos Hornos del Mediterráneo” en 1983, pero no fue admitida a trámite. Parece que este caso sentó precedente, porque desde entonces la no admisión por la Mesa del Congreso es el destino más frecuente que han tenido las ILPs. De las aproximadamente 70 ILPs iniciadas hasta la fecha, 28 ni siquiera han sido admitidas en el trámite inicial -es decir que ni han llegado a la fase de recolección de firmas. El resto no ha corrido una suerte mucho mejor. Unas 25 caducaron sin que sus promotores lograran conseguir las firmas suficientes. Ello no es sorprendente, puesto que el procedimiento de validación de las firmas es exigente y hace muy difícil conseguir las suficientes. Otras 11 fueron rechazadas después de haber conseguido las firmas necesarias. Entre ellas las más recientes pedían “Televisión Sin Fronteras” y “Empleo estable y con derechos”, ambas de 2011. De otras cuantas se pierde el rastro o están todavía sin un resultado claro.

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Votos y periódicos

Me gustaría profundizar aquí en la importancia que tiene la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, sobre la que escribí la semana pasada. En particular, me gustaría subrayar el papel clave que desempeñan los medios de comunicación. Si los políticos son los representantes de nuestro poder, los periodistas son los representantes de nuestro control sobre el poder. En primer lugar, necesitamos unos medios libres y no politizados - sobre esto último es de lectura obligatoria la entrada de Lluís Orriols en este blog. Pero, además de la calidad de los medios, también necesitamos cantidad. Y, sin quitarle importancia a otros medios, necesitamos periódicos, muchos periódicos.

Lo hemos podido ver estos días. La labor fiscalizadora de las instituciones públicas que periódicos como El Mundo o El País han llevado a cabo (con medios limitados) durante las últimas semanas se ha revelado como más decisiva muchas auditorías llevadas a cabo por organismos dedicados, en teoría, exclusivamente a esa fiscalización.

Diversos estudios confirman el papel de los medios escritos en la lucha contra la corrupción. En Qué Hemos Aprendido de las Causas de Corrupción Después de una Década de Estudios Comparados, Daniel Treisman señala cómo uno de los pocos factores que aparecen como significativos en casi todos los estudios es el número de periódicos que se leen en un país. Controlando por los sospechosos habituales – protestantismo como religión mayoritaria, características del sistema electoral, nivel de desarrollo económico, educación, etc. – la lectura de periódicos tiene, un efecto positivo sobre el control de la corrupción en prácticamente cualquier modelo estadístico.

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El liberalismo cañí

Nunca me dejaré de sorprender de la facilidad con que parte de la élite conservadora de nuestro país se define, sin pudor alguno, con el adjetivo “liberal”. Seguramente, motivados por la menor aceptación social que actualmente tiene el término "conservador", esta élite decide buscar cobijo en el más moderno y popular mundo del liberalismo. Sin embargo, se trata de un liberalismo para posar en el photocall, pues la supuesta defensa a ultranza de la libertad rápidamente se desvanece cuando lo que se tiene entre manos es el matrimonio entre individuos del mismo sexo, la despenalización del aborto o incluso derechos tan básicos como el de manifestación.

Quizás el lector benévolo puede estar tentado a aceptar que nuestras élites usan el término liberal como diminutivo de liberal-conservadurismo, una ideología ‘bipolar’, que pretende conciliar dos conceptos aparentemente contrapuestos. Por un lado, sería una ideología liberal pues se mostraría contraria al intervencionismo del Gobierno y a un Estado de Bienestar que vaya más allá del asistencialismo a los más necesitados; por otro lado, sería una ideología conservadora pues defendería valores religiosos y en torno al concepto de la familia tradicional. En definitiva, liberal en lo económico y conservador en lo moral.

Sin embargo, aún si nos centramos exclusivamente en el terreno económico, nuestras élites auto-llamadas liberales muestran también señas un tanto peculiares: el fervor liberal con que se rechaza el papel del sector público, rápidamente se diluye cuando toca defender la libre competencia del mercado. Sólo así se entiende cómo importantes sectores económicos privatizados por nuestros gobiernos liberales muestran niveles de competencia alarmantemente bajos. Se trataría pues de un peculiar liberalismo a favor de un mercado con lista de invitados.

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No es la austeridad, es el cambio de modelo

Desde que en 2010 los gobiernos europeos comenzaran con las políticas de ajuste, no ha habido día que no se clame contra la austeridad. Es cierto que lo que se ha denominado austericidio está estrangulando nuestras economías. Tal y como acaban de reconocer dos prestigiosos investigadores del FMI, los recortes en el gasto público han tenido efectos mucho más devastadores de lo esperado sobre las economías.

La segunda consecuencia de la austeridad es social y se refleja en los enormes recortes del Estado del bienestar. Pero si sólo nos centramos en la reducción del gasto, minusvaloramos lo que realmente se está produciendo: un cambio de modelo. Es innegable que el austericidio está teniendo efectos sociales en el corto plazo, aumentando las desigualdades y la exclusión. Pero no es menos cierto que, en el momento que las economías se recuperen, un gobierno comprometido con el Estado del bienestar puede aumentar sustancialmente sus partidas presupuestarias. Por lo tanto, los recortes por sí mismos no dejan de ser un problema temporal.

En cambio, la transformación del modelo del Estado del bienestar apunta a una cuestión más bien estructural, que implica cambios más profundos. Continuando con las ideas que han dominado en las últimas décadas, los gobiernos conservadores están persiguiendo dos objetivos en estos momentos: privatizar la mayor parte de los servicios públicos y cambiar la forma de financiarlos. Ambas cuestiones exigen de un debate sosegado y con datos, más allá de los lugares comunes y los intereses particulares.

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Corrupción y guerra de trincheras mediática

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Los españoles nos enfrentamos a la corrupción política con una actitud ciertamente contradictoria: por un lado, creemos que existe un nivel intolerable de corrupción y mostramos altas dosis de desafección hacia nuestros políticos. Pero, por otro lado, seguimos votando elección tras elección a los mismos partidos políticos incluso cuando éstos están siendo acusados de algún escándalo de corrupción. ¿Por qué ocurre esto? Déjenme que plantee en estas líneas una hipótesis para el debate.

Pocas cosas son tan claramente perceptibles en el actual clima de opinión como el hartazgo ciudadano con la clase política y con el cúmulo de escándalos de corrupción que sufrimos últimamente. La pérdida de confianza de la ciudadanía hacia los políticos no ha cesado de aumentar en los últimos tiempos alcalzando niveles hasta ahora desconocidos. En Piedras de Papel ya hemos analizado este fenómeno en varios artículos (vean aquí y aquí), pero quizás valga la pena recordar algunos datos: según el CIS, el 85% de los españoles considera que la corrupción está bastante o muy extendida en nuestro país y uno de cada tres señala a los políticos cómo el principal problema que sufrimos actualmente. Seguramente estas percepciones tan negativas se han acentuado en las últimas semanas tras los recientes escándalos como el del chalé marbellí del Presidente González, los artículos de Carlos “Amy” Mulas, los ‘sobre’-sueldos  de Génova o la conexión entre la mafia rusa y el Lloret de Mar de Xavier Crespo.

Cualquier sociólogo extranjero que viera tal acumulación de escándalos y tal grado de hartazgo entre la opinión pública podría augurar un terremoto electoral contra los gobernantes corruptos en las elecciones. Nada más lejos de la realidad. Los estudios en España muestran de forma contundente que no existe un claro castigo electoral a los escándalos de corrupción. Así de pesimistas concluían, por ejemplo, los politólogos Gonzalo Rivero y Pablo Fernández en un estudio sobre la cuestión: “los partidos de los alcaldes implicados en conductas irregulares pueden contar con que no sufrirán castigos electorales en las urnas, incluso en el caso de que se inicien diligencias judiciales”. En definitiva, la corrupción, en España, sale políticamente gratis.

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¿Por qué es tan impopular la devaluación interna?

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Hace unos días, el economista Ignacio Conde-Ruiz hacía la siguiente pregunta en twitter: “ ¿Por qué cuando la devaluación se hace vía tipo de cambio donde los trabajadores también pierden poder adquisitivo a todo el mundo le parece bien?”. Antes de intentar responderla, déjenme decirles brevemente por qué es una pregunta particularmente pertinente.

Como ya se ha repetido muchas veces, la llegada de capitales que acompañó a la entrada de España en el euro tuvo como consecuencia la pérdida de competitividad exterior de nuestra economía. La borrachera de crédito hizo que los precios subieran en España más que en el resto de Europa, lo que encareció los bienes y servicios producidos aquí, y abarató en términos relativos los producidos en el exterior. El déficit en nuestra balanza de cuenta corriente llegó a representar casi el 10% del PIB, en su momento el mayor del mundo en términos absolutos con la excepción del de Estados Unidos. Ahora, una vez explotada la burbuja y sumidos en un doloroso proceso de desendeudamiento, la única fuente de crecimiento que nos queda es el sector exterior. Pero para ello, necesitamos recuperar la competitividad perdida en la época de la burbuja. Y lo hacemos "devaluando internamente": deprimimos salarios, lo cual hace más atractivos nuestros productos en el resto del mundo. Por motivos evidentes, es un proceso muy poco agradable.  

En otro contexto, la forma más sencilla y natural de recuperar competitividad hubiese sido otro: dejar que se depreciara la moneda nacional respecto a las monedas de nuestros competidores (es decir, una “devaluación externa”): los precios de los bienes producidos en España automáticamente se hubiesen abaratado para el resto del mundo, y los salarios nacionales automáticamente hubiesen perdido poder de compra (buena parte de nuestra cesta de consumo consiste en productos del exterior). Como miembros del euro, esta alternativa para nosotros no existe, pero podemos hacer el ejercicio mental de imaginarnos cómo la hubiésemos percibido. Contra lo que decía Conde-Ruiz en su tweet, la devaluación externa con toda seguridad no hubiese sido algo que a la gente le hubiese parecido bien ( hemos tenido muchos ejemplos en el pasado). De hecho, la evidencia muestra que las devaluaciones son sistemáticamente postergadas a después de las elecciones porque a los votantes les disgustan. Pero sí parece evidente que hubiese sido mucho más “socialmente aceptable” que la devaluación interna actual. ¿Por qué?

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Los riesgos de la reforma sanitaria madrileña

El gobierno regional de Madrid ha puesto en marcha un plan para privatizar la gestión de la asistencia sanitaria en seis hospitales de la comunidad. El plan consiste en ceder la gestión de la atención sanitaria de los hospitales a empresas privadas concesionarias a cambio de una aportación pública anual, la llamada cápita. En definitiva, la reforma establece que la atención sanitaria se preste mediante financiación pública pero con gestión privada. Se trata de un proyecto que ha generado una muy importante movilización entre los profesionales del sector. Aquí me voy a detener en los problemas que esta reforma plantea, tanto desde un punto de vista del proceso como del tipo de modelo al que se aspira.

El objetivo de esta entrada no es criticar la existencia de una agenda de reforma per se. De hecho, como apuntaba en este mismo blog Víctor Lapuente, es necesaria una cierta apertura de miras en la gestión de la sanidad. El actual modelo es mejorable.  Son posibles y necesarias mejoras en la gestión de personal y en la de las infraestructuras. Sin embargo la reforma que ha propuesto la Comunidad de Madrid adolece de dos problemas básicos. En primer lugar, se ha planteado en un contexto de máxima opacidad, y sin participación de las partes concernidas en el debate. En segundo, el modelo que se quiere implantar conlleva unas debilidades estructurales que cuestionan su idoneidad.

En efecto, el argumento dado por la Comunidad de Madrid para justificar la reforma ha sido la existencia de un ahorro en el gasto público derivado de la privatización de la gestión. Sin embargo, esta afirmación no ha sido apoyada por un estudio serio de los costes que soportan los hospitales actualmente, previamente a la privatización. Sin un estudio de costes, ¿cómo es posible calcular el ahorro esperado? Por un lado, la consejería argumentó que el coste de la gestión pública de la atención sanitaria en los seis hospitales era de 600 euros por habitante y año frente a 441 en los de gestión privada. Sin embargo, un estudio de la asociación de facultativos de Madrid (AFEM) calcula que el gasto real es de sólo €380. Así pues, el ahorro por la privatización no sería tal. En cualquier caso, una divergencia tan importante entre estas dos estimaciones sólo es posible en un contexto de ausencia grave de datos sobre el coste real de la gestión de los hospitales. Esta opacidad, asimismo, genera sospechas respecto a la posible existencia de colusión entre los políticos que están tomando las decisiones y las empresas candidatas a hacerse con las concesiones.

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Las dos caras de la desafección política

La indignación que los casos de corrupción provocan en la ciudadanía podría representarse como una escena en tres actos. El primero lo protagoniza la indignación más inmediata, aquella que aparece a medida que se descubren los detalles de cada caso. El segundo surge al poco tiempo como reacción a las decepcionantes respuestas que dan los partidos políticos que están involucrados. El tercero y último es un acto inacabado: son los posos de desconfianza general que unas y otras actuaciones van dejando en la sociedad.

El resultado de todo ello es la desafección política. Se trata de un término poco preciso con el que se intenta describir la creciente desconfianza y el distanciamiento entre la ciudadanía y sus representantes. El dato que mejor ilustra este fenómeno y que más ha captado la atención de los medios es la caracterización de la clase política por parte de la opinión pública como uno de los principales problemas del país. Según el último barómetro del CIS (diciembre de 2012), casi uno de cada tres españoles identifica a los políticos y a los partidos entre los tres problemas más importantes de España. Un año atrás esa misma valoración se daba en uno de cada cinco ciudadanos.

La desafección política es un problema grave. Lo será más si deja de estar vinculada a los acontecimientos coyunturales (los casos de corrupción o las consecuencias de la crisis económica) y se convierte en un aspecto estructural del sistema político. Algunos quizás confíen en que la mejora de la situación económica o el olvido lo cure todo, como ya ocurrió en el pasado. Las series de barómetros del CIS muestran que en el año 1995 aumentó de manera significativa la desconfianza hacia la clase política en un contexto donde también se combinaban corrupción y crisis económica.

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