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PSOE: ¿Peor imposible?

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Como el personaje de la mitología griega, Sísifo -condenado a arrastrar una pesada piedra, para verla caer justo antes de llegar a la cima y volver a empezar de nuevo una y otra vez-, la dirección del PSOE lleva más de un año buscando, sin éxito, un punto de inflexión que le permita recuperar la conexión con la sociedad. Con la premisa de que se había tocado fondo en las pasadas elecciones generales (cosechando, con el 28,76% del voto válido, su peor resultado histórico), el PSOE iniciaba esta legislatura -como principal partido de la oposición- con la confianza de una recuperación progresiva. Pero ni los anuncios de nuevas propuestas políticas, ni la puesta en marcha de iniciativas para mejorar la relación con los ciudadanos, ni el reconocimiento de errores pasados parecen haberle dado, de momento, ningún resultado.

Los socialistas se encuentran, a nivel nacional, en un estado de “coma demoscópico”. No sólo no han logrado capitalizar el descontento de los ciudadanos con el Gobierno del PP, sino que no han conseguido recuperarse de su debacle electoral.  Según la serie de sondeos mensuales realizados por Metroscopia, la estimación de voto del PSOE se habría situado, a lo largo de estos casi quince meses que llevamos de legislatura, por debajo del resultado de las últimas elecciones generales y siempre por detrás del PP (gráfico 1). Aunque algo más positivas, las estimaciones -de carácter trimestral- realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas apuntan en la misma dirección, pues el porcentaje de voto estimado para el PSOE habría oscilado entre el 28 y el 30,2% entre enero de 2012 y enero de 2013. Esto significaría que, en el mejor de los casos, el avance del PSOE respecto a las elecciones generales de 2011 no llegaría a los dos puntos (muy lejos, por tanto, de los 15 puntos porcentuales y más de cuatro millones de votos que perdieron los socialistas entre las elecciones de 2008 y 2011).

Gráfico 1. Evolución de la estimación de voto en elecciones generales (PP, PSOE, IU y UPyD). Serie de sondeos de Metroscopia realizados para El País (diciembre 2011-marzo 2013)

Gráfico 1. Evolución de la estimación de voto en elecciones generales (PP, PSOE, IU y UPyD). Serie de sondeos de Metroscopia realizados para El País (diciembre 2011-marzo 2013)

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Un gobierno a contracorriente

La determinación del ejecutivo de Mariano Rajoy de seguir gobernando a contracorriente de lo que quieren los ciudadanos solo puede definirse, por lo que tiene de suicidio electoral y de adulteración democrática, como una terca insensatez. Rajoy ha decidido gobernar sustituyendo sus promesas electorales por lo que él considera “su deber” con la nación. Si el futuro coste electoral de esta decisión depende del desajuste entre lo que hace y lo que quieren los ciudadanos, los datos no hacen más que poner de relieve la terquedad con la que se empeña en inmolarse políticamente ignorando a la ciudadanía.

La distancia entre las decisiones del gobierno y los intereses de los ciudadanos se pone de manifiesto al observar la evolución de las preferencias de la opinión pública sobre cuánto se gasta en cada política.

Durante los primeros años de la crisis económica, las preferencias sobre el gasto apenas cambiaron: el porcentaje de ciudadanos que apoyaba que más inversión en políticas sociales (educación, sanidad, desempleo y pensiones) era prácticamente el mismo durante los años de bonanza económica (2004-2007) que durante los primeros años de la crisis (2008-2010) (ver Zoom Político 1 “¿Nos cambia la crisis?, Fundación Alternativas). Las políticas prioritarias para los ciudadanos variaron muy poco entre periodos: vivienda, pensiones, seguridad y educación durante el boom económico; y vivienda, justicia, pensiones y educación durante los primeros años de crisis.

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La disciplina de partido y el menguante poder del parlamento

La rebeldía de los diputados del PSC en el Congreso en la votación de la semana pasada ha vuelto a poner de nuevo en la agenda pública el debate sobre la conveniencia de la disciplina de voto en los partidos. Ayer, Alberto Penadés exponía en Piedras de Papel una visión muy sugerente a favor de la disciplina de partido. Penadés defendía que la existencia de partidos disciplinados tiene efectos positivos en los sistemas parlamentarios pues ayuda a crear Gobiernos estables y permite a los ciudadanos poder escoger entre opciones claras.

Sin desmerecer tales beneficios de la disciplina de partido, en mi opinión Penadés olvida mencionar algunas de sus desventajas, que no son pocas. En estas líneas me quiero centrar en una de las que considero más importantes:  el exceso de poder del Gobierno a costa de relegar el Parlamento a un papel secundario, en ocasiones rozando la irrelevancia. Este problema se produce especialmente en sistemas parlamentarios con dos grandes partidos como es el caso de España. Veamos por qué.

Uno de los pilares fundamentales del liberalismo clásico era el rechazo a la tiranía que, según esta corriente, inevitablemente suponía la existencia de un Gobierno fuerte. Los liberales en su lucha de intereses contra el Antiguo Régimen se dotaron de una poderosa arma contra la monarquía: el Parlamento. Esta nueva institución tenía como principal objetivo la defensa de los intereses de la nación (léase de la burguesía) ante la opresión que representaba el poder absoluto de la monarquía. El sistema parlamentario se fue gestando como una forma de controlar el poder del ejecutivo, entonces sustentado por la monarquía, y de defender los intereses de una creciente burguesía. Así, el objetivo que tenían en mente los liberales europeos en su lucha en pro de una democracia representativa era situar el Parlamento en el epicentro del sistema.

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Discípulos y diputados

La disciplina de los partidos es un hecho generalizado, no una especie de aberración ibérica. Que pueda parecer que los diputados españoles no hagan otra cosa que votar lo que les dicen –en lugar de investigar, debatir ideas, promover propuestas, dar información a los ciudadanos, etc.- no debe confundirse con el supuesto mal de que, cuando haya que votar, voten lo que indican los líderes parlamentarios (siguiendo, es de suponer, acuerdos tomados en la sede correspondiente). Lo primero, en la medida en que es cierto, puede ser resultado de nuestro sistema institucional: listas cerradas, partidos provinciales,  modo de organización de los comités en el Congreso, reglamento de la Cámara… Lo segundo es lo que sucede en cualquier democracia parlamentaria como la nuestra, al menos casi siempre.  Gracias a que la disciplina de los partidos es un hecho, muchas cosas funcionan bien. Incluso es necesaria para que las violaciones de disciplina funcionen como alarmas internas. Se puede discutir sobre si convendría que fuera un poco más flexible,  pero es un bien indiscutible, incluso para quienes, alguna vez, la incumplen.

El mayor condicionante de la disciplina de partido no es el sistema electoral, sino el hecho de que el gobierno se sostenga en el parlamento: ser una democracia parlamentaria y no presidencialista. En las democracias de este tipo el principal papel de los partidos es permitir la formación y el funcionamiento de los gobiernos, o echarlos abajo cuando la ocasión sea llegada. En estos casos nunca se observa que una parte de un partido apoye a un gobierno y otra no. Esta es la razón de mayor peso para considerarlos actores unitarios.

Aunque en estos días pasados se han puesto los ejemplos de Alemania y Gran Bretaña como ejemplos de sistemas donde los diputados tienen mayor “libertad de voto”, el hecho es que el índice de unidad de  sus partidos, medida como coherencia en las votaciones (conocido como índice de Rice: votos a favor de la dirección menos votos en contra) tiene valores normalmente superiores al 95%, y con frecuencia cercanos al 99% (eso equivale a un 99% de votos a favor y un 1% de abstenciones, o un 99,5% a favor y un 0,5% en contra). En las democracias parlamentarias, como son todas las europeas, los valores de este índice rara vez bajan del 90% (aquí hay una referencia, aunque los datos tienen ya algunos años: http://goo.gl/u3V46).  En los sistemas presidencialistas, como Estados Unidos, Rusia o las repúblicas latinoamericanas, donde los partidos parlamentarios no tienen que sostener al gobierno (su presidente lo eligen directamente los ciudadanos y su duración está fijada), la indisciplina y el voto independiente son más frecuentes, pero con mucha moderación: lo normal es que el índice de unidad oscile entre el 70% y el 80% (aquí hay una referencia bastante completa http://goo.gl/gPqte).

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Élites extractivas y sistema electoral

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Quizá ningún libro haya levantado tanta expectación antes de publicarse como “Qué hacer con España” de César Molinas. Su aplicación de la teoría de las élites extractivas de Acemoglu y Robinson cae como semillas sobre terreno abonado. Cuando la situación económica y política de nuestro país está más deteriorada que nunca, se nos ofrece una única explicación sencilla a una gran cantidad de problemas complejos: Es culpa de la casta política. ¡Qué más se puede pedir! Sin embargo aquí no quiero valorar esta teoría sino discutir una de las recetas que Molinas trata recurrentemente; cambiar el sistema electoral.  Aunque su propuesta de máximos es un sistema mayoritario uninominal como el de Reino Unido o Estados Unidos, se declara dispuesto a hacer una concesión “a los grupos minoritarios” dejando algunos escaños a repartir de manera proporcional. Eso sí, siempre que casi todos los diputados se elijan en distritos uninominales. Para César Molinas lo crucial es la cercanía representante-representado y que esto suponga un revulsivo en la selección interna en los partidos.

Creo que merece la pena empezar recordando que los sistemas electorales son instituciones redistributivas, es decir, que no son neutrales y que siempre benefician a unos partidos en detrimento a otros. Todos los sistemas electorales del mundo tienen cierta desproporcionalidad y funcionan en parte como el Sheriff de Nottingham, robando a los (partidos) pobres para dárselo a los (partidos) ricos. La discusión estriba en saber qué grado es el tolerable y qué implicaciones políticas tiene. Cuanta más proporcionalidad haya, más probable que exista multipartidismo y gobiernos en coalición, con todo lo que supone de negociación entre elites, posible inestabilidad o dispersión de responsabilidades políticas entre sus miembros. Por otra parte cuanto más mayoritarismo, más gobiernos de un solo partido y menor pluralidad política, pero también mayor facilidad a la hora de identificar al culpable de una mala gestión y echarlo del gobierno. Hay que asumir que ninguna opción está exenta de costes.

La propuesta de máximos de Molinas paga un alto peaje en proporcionalidad. Con unos distritos uninominales de tamaño inferior a la provincia el resultado es el refuerzo de las dos opciones más votadas; la mayoría simple gana el diputado pero todos los demás votos se pierden. Sin embargo, en nuestro caso no favorecería la creación de un sistema bipartidista ya que las parejas de baile cambian según el territorio. En agregado el resultado sería un Congreso con unos 6 partidos: PP, PSOE, CiU, PNV, Amaiur y CC. E incluso aunque se añadiera este distrito superpuesto proporcional, la mayoría de los escaños seguiría yendo para los seis mencionados. Por lo tanto, los partidos damnificados por el presente sistema seguirían estándolo en igual o mayor proporción. Aun así, según esta propuesta la proporcionalidad supone un sacrificio menor en favor de una mayor cercanía con los diputados de tu distrito. Es cierto que las listas cerradas y bloqueadas no favorecen esta relación elector-representante directa pero la pregunta es… ¿Merece la pena cambiar a un sistema mayoritario?

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Tres gráficos desoladores para Rubalcaba

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El pasado sábado el CIS dio a conocer el avance de resultados de la encuesta que siempre realiza después de cada debate sobre el estado de la nación. Muchos medios han recogido el que quizá es el principal resultado de esta encuesta: Rajoy, aun sin resultar particularmente bien valorado (es de hecho peor valorado que algunos líderes de partidos pequeños), superó holgadamente en el debate al líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Aquí nos han llamado la atención, por excepcionales, las malas valoraciones obtenidas por este último, y las resumimos en tres gráficos.

1. La valoración de la actuación de Rubalcaba es independiente de la ideología del encuestado.

Gráfico 1. Valoración de la actuación de Rajoy y Rubalcaba en el debate sobre el estado de la nación en función de la ideología.

Gráfico 1. Valoración de la actuación de Rajoy y Rubalcaba en el debate sobre el estado de la nación en función de la ideología.

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La desconexión del PSOE y el camaleonismo del PP

Para que alguien vote por un partido, una de las cosas más importantes es que lo perciba ideológicamente próximo. Si es así, se sentirá cercano a él y confiará en que, si accede al gobierno, el partido representará sus intereses. Por eso, en un momento en que todas las encuestas indican que los dos grandes partidos estatales tienen la intención de voto más baja históricamente, cabe preguntarse en qué medida esto es porque sus potenciales votantes se sienten menos cercanos a ellos.

Para explorar esta idea comparo los barómetros del CIS de abril de 2006 y julio de 2012. En el siguiente gráfico muestro la relación entre la ideología de los ciudadanos y la ideología que estos atribuyen a los dos grandes partidos (siendo el 1 la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha). El gráfico nos da cuenta de qué sectores de las bases electorales de cada partido perciben que estos se han alejado ideológicamente en los últimos seis años.

Gráfico 1

Gráfico 1

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Los datos de emigración no hablan por sí solos

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Vivimos ávidos de cifras que midan nuestras desgracias; o que las desmientan. Y en esa ansia estadística con frecuencia faltamos a la verdad. En los últimos meses se vienen publicando titulares que alertan sobre el crecimiento de la emigración de españoles al exterior como consecuencia de la falta de empleo y expectativas en nuestro país. Sin embargo, las cifras que se suministran son en muchos casos confusas o abiertamente erróneas. En enero se difundió repetidamente en muchos medios de comunicación el siguiente titular “ Más de 50.000 españoles encontraron trabajo en Alemania”.

Sin embargo, el cuerpo de la noticia decía: “Los datos de la Oficina Federal de Empleo de Alemania actualizados hasta octubre de 2012 muestran que un total de 49.433 españoles trabajan en el país, un 15,8% más que un año antes”. Si las cuentas no me fallan, para que un aumento del 15,8% resulte en 49.433, el incremento ha tenido que ser de 6.745 personas. Dicho de otro modo, en el último año encontraron trabajo en Alemania algo menos de 7.000 españoles, aunque la cifra total de trabajadores españoles en dicho país, llegados desde los años sesenta, ascienda hoy día a casi 50.000.

La diferencia parece relevante, sobre todo en un contexto como el actual en que sabemos que mucha gente se puede estar planteando la posibilidad de marchar al extranjero como una alternativa a las duras condiciones de empleo en nuestro país. Hay cierta irresponsabilidad en elegir titulares ambiguos que inflan las cifras y con ello, indirectamente, las expectativas.

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El poder de la banca después de la crisis

A lo largo de la historia, la intermediación financiera ha demostrado ser una actividad con una enorme capacidad de influencia política. Ya en el siglo XV, la Casa de Medici daba buena muestra de ello gobernando de facto Florencia y colocando hasta tres Papas gracias a su posición monopolística en el negocio bancario con el Vaticano.

Hoy, más interesada en el poder terrenal que en el celestial, la banca mantiene una enorme capacidad de influencia política, pero sus consecuencias ahondan el descrédito del sistema democrático. La debilidad de los gobiernos a la hora de hacer frente a la amenaza de riesgo sistémico ( Too Big To Fail), de castigar los abusos cometidos por los bancos (manipulación del Líbor-Euribor, venta de preferentes, etc.), de perseguir el lavado de dinero, o de frenar el drama social de los desahucios, son una pequeña muestra de las consecuencias negativas del predominante poder de la banca.

Pero, como bien sabemos, los últimos cinco años han sido especialmente turbulentos para el sector financiero, sobre todo en nuestro país. Por tanto, cabe preguntarnos cómo se verá afectado el poder de la banca tras estos años de crisis.

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La conquista del derecho a participar

La Constitución de 1978 prevé en el artículo 87 la existencia de Iniciativas Legislativas Populares (ILPs) que permiten a organizaciones sociales presentar proposiciones de ley con el respaldo de al menos 500.000 firmas.¿Qué uso se ha hecho hasta ahora de este mecanismo de participación ciudadana?

Las iniciativas populares están muy extendidas en las democracias actuales. Una iniciativa popular es una propuesta legislativa que, si recibe apoyo de un cierto número de personas, tiene que ser votada en el parlamento o en un referéndum. En California, por ejemplo, los votantes se pueden pronunciar en cada elección sobre un gran número de iniciativas propuestas por grupos ciudadanos. Estos instrumentos de democracia directa permiten a los ciudadanos proponer medidas específicas y por tanto amplían la influencia sobre el proceso legislativo más allá del voto a partidos.

La primera ILP registrada en España pedía el “Mantenimiento de Altos Hornos del Mediterráneo” en 1983, pero no fue admitida a trámite. Parece que este caso sentó precedente, porque desde entonces la no admisión por la Mesa del Congreso es el destino más frecuente que han tenido las ILPs. De las aproximadamente 70 ILPs iniciadas hasta la fecha, 28 ni siquiera han sido admitidas en el trámite inicial -es decir que ni han llegado a la fase de recolección de firmas. El resto no ha corrido una suerte mucho mejor. Unas 25 caducaron sin que sus promotores lograran conseguir las firmas suficientes. Ello no es sorprendente, puesto que el procedimiento de validación de las firmas es exigente y hace muy difícil conseguir las suficientes. Otras 11 fueron rechazadas después de haber conseguido las firmas necesarias. Entre ellas las más recientes pedían “Televisión Sin Fronteras” y “Empleo estable y con derechos”, ambas de 2011. De otras cuantas se pierde el rastro o están todavía sin un resultado claro.

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