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¿Cuántos políticos hay en España?

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El 27 de mayo, el economista Cesar Molinas y la abogada del estado Elisa de la Nuez publicaron en El País un artículo sobre la necesidad de cambio de los partidos políticos. Algunas reflexiones generales son difícilmente discutibles: “La Ley de Partidos debería exigir a estas instituciones transparencia y democracia interna (…).” Otras, no tanto. Molinas y de la Nuez afirman: “Unas 300.000 personas sería una estimación prudente del tamaño de un colectivo que ha acabado replicando las características del caciquismo español tradicional.” Y uno se pregunta, ¿de dónde sale esa cifra?

En tanto que en los últimos tiempos los políticos son –en muchos casos de forma justificada- el pimpampum, es necesario saber de cuántos estamos hablando. Si vamos a hacer propuestas de reformas y así mejorar el país, lo más sensato es proporcionar los datos reales. O, por lo menos, explicar cómo se hacen los cálculos que uno proporciona. Así que la pregunta es, ¿cuántos políticos hay en España?

Antes de presentar las cifras, ¿cuáles son las que he encontrado por la red? Una búsqueda en google pidiendo “cuántos políticos hay en España” nos ofrece una: 455.568. Clavado. La cifra es exagerada  y diversos posts –que salen en la misma búsqueda- desmontan dicha cantidad. Cuando se averigua que el autor de semejante estimación es un tipo que ha sido expulsado de varios partidos -Falange incluida- cabe pensar si sus cálculos no responden a intereses pocos claros.

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Las consecuencias políticas de la precariedad laboral

El debate sobre nuestro disfuncional mercado de trabajo dual ha vuelto. La dualidad en el mercado de trabajo español (es decir, la existencia de una brecha entre trabajadores que, por el hecho de tener contratos indefinidos, disfrutan de ciertos derechos y condiciones de trabajo de las que se excluye al 25-30% de trabajadores que tienen contratos temporales) no tiene parangón en ningún país de nuestro entorno. La dualidad en España tiene ya casi tres décadas, y los que se han dedicado a estudiar sus consecuencias no han encontrado nada bueno. Al contrario: un mercado de trabajo dual reduce los incentivos (del empleador y del empleado) a invertir en capital humano dentro del empresa, promueve la especialización productiva en sectores de baja cualificación, las erráticas carreras laborales de los trabajadores temporales agravan los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones, penaliza a las mujeres y a los jóvenes, retrasa la formación de familias, e incluso introduce sesgos regresivos en las políticas del bienestar. No conozco un solo trabajo serio que haya dicho algo bonito sobre la dualidad.

Al comisario europeo de empleo se le ocurrió la semana pasada recordárnoslo y pidió de forma genérica que nos planteáramos una de las propuestas que existen para corregir este problema (el famoso “contrato único”). Ya sabemos cuál fue la reacción de (casi) todos los partidos, los sindicatos, la patronal, y hasta de los presentadores de los programas de radio: el contrato único no nos gusta, y de dualidad, ejem, ya hablaremos otro día.

¿Cómo es posible que hayamos convivido tan plácidamente durante tres décadas con algo tan nefasto y que nos sigamos resistiendo a solucionarlo? Existe una explicación lamentablemente sencilla: romper la dualidad implica afectar los intereses de grupos políticamente poderosos. Por un lado, a los empresarios no les ha interesado poner en riesgo su capacidad de contratar y despedir con práctica libertad total a una parte importante de la fuerza de trabajo, más aún cuando tras tantos años de mercado de trabajo dual, los empresarios de los sectores que más se beneficiaban de este modelo (aquellos que eran menos dependientes del trabajo cualificado) han ido ganando peso económico y, con él, influencia política.

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El fracaso del 'plan renove' ideológico de Gallardón

Primero fue su anuncio del endurecimiento del código penal, le siguieron sus declaraciones simpatizando con la cadena perpetua (revisable) y luego sus anuncios sobre la reforma ‘pro-vida’ de la ley del aborto. Muchos han visto tras esta secuencia de hechos un plan bien diseñado: Alberto Ruiz Gallardón está intentando deshacerse de su etiqueta de ‘progre’ del PP y dotarse de un perfil más conservador.  Pero ¿por qué Gallardón querría tener una imagen más conservadora? ¿a qué responde este particular ‘plan renove’ ideológico?

Coincidirán conmigo en que, hasta hace poco tiempo, Gallardón era considerado por la mayoría de los españoles como una especie rara dentro del ecosistema del PP. Muchos españoles poco cercanos al PP veían en el actual ministro de justicia la cara más amable y menos conservadora del su partido. Gallardón tenía seducido a algunos medios de comunicación de la izquierda y era para muchos votantes fuera del electorado tradicional del PP un atractivo cabeza de cartel en futuras contiendas electorales.

Es cierto que muchos consideraban que Gallardón estaba interpretando un papel y que no era realmente un político con tintes de izquierda. O, al menos, así lo pensaba su compañera de partido, Esperanza Aguirre: “[Gallardón ] un día encargó una encuesta que le reveló que los madrileños eran de izquierdas, y se convirtió en el progre por antonomasia”.

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Camino a la desigualdad: la vía española contra la crisis

Hace pocos días, asistíamos en este diario a un intercambio de opiniones entre los exministros Miguel Sebastián y Valeriano Gómez a cuenta del IRPF. El debate sobre impuestos es del todo pertinente. Gran parte de la izquierda se ha despreocupado de revisar el sistema fiscal español con el argumento de que la mayor redistribución se hace por la vía del gasto. Así, hemos llegado a la crisis con un sistema fiscal que es, en comparación con el resto de países de la UE, más gravoso sobre los trabajadores de rentas bajas y medias-bajas. El problema es que esta crisis no solo ha intensificado los aspectos más negativos del sistema impositivo (siendo la amnistía fiscal el ejemplo más representativo), sino que está acabando con cualquier posibilidad de que el gasto público pueda compensar las desigualdades derivadas de un sistema impositivo poco progresivo.

Hay al menos dos razones para replantear seriamente el sistema fiscal. En primer lugar, el conjunto del sistema recae en gran medida sobre las rentas del trabajo.  Según datos del USAID Fiscal Reform and Economic Governance Project de 2011, el 37,6% de la recaudación fiscal en España proviene del impuesto de la renta, mientras que en los países de la UE  es del 32.7%.

En segundo lugar, porque el mismo impuesto sobre la renta está sesgado hacia los trabajadores de ingresos medios y bajos. El gráfico siguiente muestra las diferencias entre los tipos máximos y mínimos de los impuestos sobre la renta para la mayoría de los países europeos. Esto nos da una medida aproximada de cuan comprimida está la escala fiscal y, en cierta manera, de cómo se reparten las cargas fiscales entre los trabajadores. Cuando las diferencias entre los tipos máximos y mínimos son pequeñas, podemos entender que la diferencia entre los que más pagan y los que menos pagan es menor. Como se puede comprobar, España tiene una de las escalas fiscales más comprimidas. La diferencia entre el tipo marginal máximo y mínimo es la segunda más baja del gráfico.

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Pesadilla en la cocina: blanco, abstención e indecisión

Los titulares que han acompañado las encuestas electorales publicadas recientemente en los distintos medios de comunicación han destacado la importante caída del bipartidismo en nuestro país. Por ejemplo, Metroscopia (El País) ofrecía una intención directa de voto a IU superior al PSOE y MyWord (Cadena SER) un empate.

Estos titulares sin embargo han dejado en un segundo plano un elemento crucial y excepcional de las últimas encuestas publicadas: el altísimo porcentaje de entrevistados que no declaran intención de voto a ningún partido. De hecho, estamos ante un máximo histórico de votantes indecisos o que aseguran que en esta ocasión no votarán a ninguna candidatura (optarían por la abstención o el voto en blanco).

Véanlo en el gráfico 1 (usando nuestros datos favoritos, los del CIS). Si en los últimos quince años el número de entrevistados que no expresaba una preferencia partidista oscilaba en torno al 35% de la muestra, en la actualidad son ya más de la mitad (!!) de los encuestados los que ante la pregunta de “si mañana hubiera elecciones generales, ¿a qué partido o coalición votaría?”, no mencionan ninguna opción.

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15M, ¿nos vemos en las redes?

Hoy hace dos años que los indignados salieron a la calle por primera vez. Antes de su irrupción, el que habría de convertirse en el movimiento 15-M sumó fuerzas en meses de rodaje por redes digitales: blogs y grupos de discusión abrieron un espacio para el diálogo, la difusión de propuestas, y la formación de alianzas con iniciativas previas, por ejemplo el grupo No Les Votes, creado para protestar contra la ley Sinde. La idea de movilizarse contra la corrupción y los recortes resonó en muchos ciudadanos que, sumados a los cientos de organizaciones cívicas que apoyaron la iniciativa, acabaron dando forma a la plataforma Democracia Real Ya – el todo que se convertía en algo más que la suma de las partes, el gigante sin cabeza visible.

A falta de una organización centralizando la logística, el movimiento empuñó el eslogan “nos vemos en las redes” para avivar las ganas de protesta a través de Facebook y Twitter. Las redes digitales se convirtieron así en la clave del movimiento, y en su metáfora: el 15-M hizo uso de esas redes para crecer y generar ímpetu y – no habiendo etiquetas capaces de capturar su diversidad y modo de funcionamiento – acabó identificándose con ellas. Los indignados se habían convertido en un movimiento en red, basado en modos de comunicación que le permitían ser más flexible y fluido que estructuras organizativas tradicionales.  

El domingo pasado, miles de personas salieron a la calle para marcar el segundo aniversario del movimiento. A pesar de que los agravios se han acentuado, el 15-M no ha crecido y su estructura se ha fragmentado: ahora tienen más peso las organizaciones locales y de barrio que tomaron el relevo de las acampadas para especializarse en causas particulares; y otros grupos, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, han adquirido mayor protagonismo a nivel estatal. Estas organizaciones tienen más que ver con estructuras tradicionales de activismo político que con las redes fluidas que emergen en línea. El activismo cansa, y cuando las redes dejan de pulsar pierden su efecto llamada. A pesar de toda su fluidez y flexibilidad, han sido incapaces de mantener al gigante en pie.

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El chotis de la reforma, o cuántos sistemas pueden ser alemanes

El chotis o chotís llegó a Madrid desde Viena presentado como Polca Alemana (1850); allí se le daba el nombre Schottish (“escocés”) para atribuirle un origen fabuloso, quién sabe por qué, a un simple baile agarrado.  Ese fue el nombre que, después de mascullado, atrapó a los latinos. En realidad, al parecer, era de origen checo. En Madrid se bailaba sin salir de la baldosa. Digo yo que por eso gustaba, porque más tonto, como baile, no puede ser.

En la capital del chotis y en periodo de fiestas Ignacio González anuncia una comisión de estudio para “adaptar el sistema alemán” a la Comunidad Autónoma de Madrid. Resulta menos inadecuado usar lo de “alemán” para referirse a la que (parece ser) su propuesta que a otras que circulan, pero no deja de ser llamativo la insistencia en lo tudesco. Me pregunto cómo quedará, una vez roído por el gracejo madrileño, lo de Personalisierte Verhältniswahl, su nombre indígena. El nombre es también una etiqueta publicitaria (representación proporcional personalizada) que venía bien en 1949, cuando lo introdujeron, pero esa es otra historia.

A pesar de su nombre y de la publicidad, y mira que se ha estudiado, solo conozco una investigación que encuentre “cierto” efecto de la personalidad de los candidatos en las elecciones en Alemania. Me habré perdido otras pero, en general, el consenso de los investigadores dice que en las elecciones alemanas apenas cuenta otra cosa que los partidos. Se ha encontrado una y otra vez voto estratégico (votar al candidato del partido más próximo con más opciones -insisto, partido- y dejar el voto al partido más próximo para la lista), o voto doblemente sofisticado, repartir los dos votos de acuerdo con la coalición de partidos (¿he dicho ya que son partidos?) que deseo, como votante, que se forme. Efectos de personalización de la política, bastante poca cosa (cc César Molinas et al.). Sí se ha encontrado efecto de “voto personal” en la luminosa democracia rusa, por ejemplo, no sé si quieren que les cuente más; donde, por cierto, igual ellos no saben que usan un sistema que aquí llamaríamos “alemán”, aunque, expertos nuestros, mejor tener cuidado de no contarlo por allí si van a dar un seminario, que igual acaban como las Pussy Riots.

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Expertos contra orangutanes

Estamos en la era de los gurús económicos. Vivimos unos tiempos convulsos y los ciudadanos demandamos cada vez más la opinión cualificada de reputados expertos mediáticos que nos orienten ante las constantes turbulencias económicas. Los expertos, conocedores del interés que despiertan, ponen a prueba nuestro sosiego con sus pronósticos sobre inminentes colapsos, caídas, rupturas, quiebras, entre otros escenarios desalentadores.

Cualquier lector habrá sentido pavor al leer o escuchar algunos de sus augurios. Un ejemplo. Quizás algunos recordarán cómo el hiperactivo premio Nobel Paul Krugman advertía justo hace un año de la inminente salida de Grecia de la Eurozona, el consiguiente ‘corralito’ bancario de España y el posterior fin del euro. Krugman se atrevía a poner una fecha precisa a tal escenario apocalíptico: junio de 2012.  Tras casi un año del vencimiento de ese plazo, seguimos pagando en euros.

Obviamente, los pronósticos fallidos no son patrimonio exclusivo de los economistas. Muy probablemente la gran mayoría de los expertos mediáticos en otros campos tampoco saldrían muy bien parados de un repaso exhaustivo en las hemerotecas. Es evidente que en un mundo tan complejo como el nuestro es imposible que los expertos puedan vislumbrar el futuro siempre con acierto. Los ciudadanos son conscientes de ello y, por supuesto, no les consideran infalibles. No obstante, la mayoría de nosotros tenemos la convicción que el experto tiene, al menos, una mayor capacidad predictiva a la del resto de la población. Al fin y al cabo, tantos años de estudio y experiencia deberían forzosamente traducirse en una mayor clarividencia sobre lo que nos depara el futuro.

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PSC-PSOE ¿Vale la pena?

La reciente carta abierta de Carme Chacón pidiendo al PSC que se desvincule “abierta y rotundamente de cualquier iniciativa de ruptura con España” persevera en el debate sobre las relaciones entre PSOE y PSC, que son tildadas a menudo de difíciles y ocasionalmente hasta de hostiles. Y a pesar de las frecuentes opiniones contrapuestas, el PSC ha roto la disciplina de voto en el Congreso solo una vez en 35 años. Más que una relación hostil, parece una de esas parejas (perdón por el estereotipo) en las que la esposa se esfuerza por aparentar que le gusta el futbol y así acompañar al marido los domingos por la tarde, y el marido disimula su aburrimiento en la representación de ballet clásico del sábado por la noche, sólo para seguir así a su lado. Eso no es una relación hostil: es un esfuerzo prodigioso para mantener unas relaciones ejemplares. Y a pesar de lo ejemplar, quizá no valga la pena el esfuerzo. ¿Sería mejor admitir que a ella no le gusta el futbol y a él le aburre el ballet?

Que el PSOE no se siente del todo cómodo en política catalana no es ningún descubrimiento. Las elecciones autonómicas al Parlament solo le traen quebraderos de cabeza y ningún placer. Los programas electorales del PSC a menudo le ponen en aprietos (eso irá a más porque las convicciones de los electores catalanes y españoles se distancian) y regalan munición al PP. Y además, casi cada vez que el PSC ha perdido esas elecciones, se han interpretado como una derrota sufrida por la “familia socialista”. Pero cuando las ha ganado… entonces el PSOE ha sufrido todavía más. Durante los siete años que el PSC gobernó la Generalitat, la cantidad de aprietos en que se vio el PSOE aumentaron exponencialmente (la negociación del Estatut, el viaje a Perpiñán, y un largo etcétera).

El PSC tampoco está como pez en el agua en política española. Esta incomodidad proviene muchas veces de las trampas ratoneras que les tienden sus paisanos nacionalistas y a las que están expuestos sin remedio. La única pizca de felicidad que recibe el PSC en política española es algún ministerio de vez en cuando y la reputación de conseguir para Catalunya algunos favores de los gobiernos socialistas. Aunque no son malas pizcas, es iluso pensar que una mera federación catalana del PSOE no podría conseguir lo mismo. Frente a esta incomodidad del PSC, el PSOE está en su salsa cuando debate política española, incluso si el debate es en Catalunya. No hay imagen de mayor felicidad que aquella foto de Felipe en chaqueta de mitin, en unas generales… en Barcelona.

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Tres crisis, dos soluciones

Todo el mundo coincide en que la recesión económica ha derivado en una crisis política. Pero cuando uno echa la vista atrás, se da cuenta que esto ya ha pasado antes. Y puestos a comparar, debemos hacerlo con situaciones económicas de similares dimensiones. En el siglo XX, sólo dos crisis son equivalentes a la actual: la de 1929 y la de los años 70. ¿Qué pasó entonces en España y qué podemos aprender?

En los años 30, la crisis del 29 golpeó a la economía española con mucha fuerza, especialmente por el descenso de sus exportaciones. El resto de países optaron por una estrategia económica más próxima a la autarquía, cerrando sus fronteras al intercambio comercial. Junto a ello, se produjo una devaluación de las principales monedas, especialmente de la libra esterlina en septiembre de 1931, una decisión que afectó profundamente a una España que fiaba mucho de su comercio exterior a la exportación de producción agrícola. La economía española dependía mucho de estas exportaciones y, por lo tanto, la recesión era inevitable.

Junto a la caída de la producción, los presupuestos también fueron un mal de cabeza por los dirigentes de la Segunda República. En 1930, una cuarta parte de las cuentas públicas se destinaban a intereses y amortización de la deuda. Además, los Ministros de Hacienda de la época sólo tenía un objetivo: cuadrar los presupuestos. De hecho, no tenían margen de maniobra para realizar inversiones públicas o política industrial. Todo se debía a la “herencia recibida”. La dictadura de Primo de Rivera llevó a cabo una fuerte inversión en ferrocarriles e infraestructuras hidráulicas, hipotecando a la Segunda República.

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