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No es la austeridad, es el cambio de modelo

Desde que en 2010 los gobiernos europeos comenzaran con las políticas de ajuste, no ha habido día que no se clame contra la austeridad. Es cierto que lo que se ha denominado austericidio está estrangulando nuestras economías. Tal y como acaban de reconocer dos prestigiosos investigadores del FMI, los recortes en el gasto público han tenido efectos mucho más devastadores de lo esperado sobre las economías.

La segunda consecuencia de la austeridad es social y se refleja en los enormes recortes del Estado del bienestar. Pero si sólo nos centramos en la reducción del gasto, minusvaloramos lo que realmente se está produciendo: un cambio de modelo. Es innegable que el austericidio está teniendo efectos sociales en el corto plazo, aumentando las desigualdades y la exclusión. Pero no es menos cierto que, en el momento que las economías se recuperen, un gobierno comprometido con el Estado del bienestar puede aumentar sustancialmente sus partidas presupuestarias. Por lo tanto, los recortes por sí mismos no dejan de ser un problema temporal.

En cambio, la transformación del modelo del Estado del bienestar apunta a una cuestión más bien estructural, que implica cambios más profundos. Continuando con las ideas que han dominado en las últimas décadas, los gobiernos conservadores están persiguiendo dos objetivos en estos momentos: privatizar la mayor parte de los servicios públicos y cambiar la forma de financiarlos. Ambas cuestiones exigen de un debate sosegado y con datos, más allá de los lugares comunes y los intereses particulares.

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Corrupción y guerra de trincheras mediática

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Los españoles nos enfrentamos a la corrupción política con una actitud ciertamente contradictoria: por un lado, creemos que existe un nivel intolerable de corrupción y mostramos altas dosis de desafección hacia nuestros políticos. Pero, por otro lado, seguimos votando elección tras elección a los mismos partidos políticos incluso cuando éstos están siendo acusados de algún escándalo de corrupción. ¿Por qué ocurre esto? Déjenme que plantee en estas líneas una hipótesis para el debate.

Pocas cosas son tan claramente perceptibles en el actual clima de opinión como el hartazgo ciudadano con la clase política y con el cúmulo de escándalos de corrupción que sufrimos últimamente. La pérdida de confianza de la ciudadanía hacia los políticos no ha cesado de aumentar en los últimos tiempos alcalzando niveles hasta ahora desconocidos. En Piedras de Papel ya hemos analizado este fenómeno en varios artículos (vean aquí y aquí), pero quizás valga la pena recordar algunos datos: según el CIS, el 85% de los españoles considera que la corrupción está bastante o muy extendida en nuestro país y uno de cada tres señala a los políticos cómo el principal problema que sufrimos actualmente. Seguramente estas percepciones tan negativas se han acentuado en las últimas semanas tras los recientes escándalos como el del chalé marbellí del Presidente González, los artículos de Carlos “Amy” Mulas, los ‘sobre’-sueldos  de Génova o la conexión entre la mafia rusa y el Lloret de Mar de Xavier Crespo.

Cualquier sociólogo extranjero que viera tal acumulación de escándalos y tal grado de hartazgo entre la opinión pública podría augurar un terremoto electoral contra los gobernantes corruptos en las elecciones. Nada más lejos de la realidad. Los estudios en España muestran de forma contundente que no existe un claro castigo electoral a los escándalos de corrupción. Así de pesimistas concluían, por ejemplo, los politólogos Gonzalo Rivero y Pablo Fernández en un estudio sobre la cuestión: “los partidos de los alcaldes implicados en conductas irregulares pueden contar con que no sufrirán castigos electorales en las urnas, incluso en el caso de que se inicien diligencias judiciales”. En definitiva, la corrupción, en España, sale políticamente gratis.

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¿Por qué es tan impopular la devaluación interna?

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Hace unos días, el economista Ignacio Conde-Ruiz hacía la siguiente pregunta en twitter: “ ¿Por qué cuando la devaluación se hace vía tipo de cambio donde los trabajadores también pierden poder adquisitivo a todo el mundo le parece bien?”. Antes de intentar responderla, déjenme decirles brevemente por qué es una pregunta particularmente pertinente.

Como ya se ha repetido muchas veces, la llegada de capitales que acompañó a la entrada de España en el euro tuvo como consecuencia la pérdida de competitividad exterior de nuestra economía. La borrachera de crédito hizo que los precios subieran en España más que en el resto de Europa, lo que encareció los bienes y servicios producidos aquí, y abarató en términos relativos los producidos en el exterior. El déficit en nuestra balanza de cuenta corriente llegó a representar casi el 10% del PIB, en su momento el mayor del mundo en términos absolutos con la excepción del de Estados Unidos. Ahora, una vez explotada la burbuja y sumidos en un doloroso proceso de desendeudamiento, la única fuente de crecimiento que nos queda es el sector exterior. Pero para ello, necesitamos recuperar la competitividad perdida en la época de la burbuja. Y lo hacemos "devaluando internamente": deprimimos salarios, lo cual hace más atractivos nuestros productos en el resto del mundo. Por motivos evidentes, es un proceso muy poco agradable.  

En otro contexto, la forma más sencilla y natural de recuperar competitividad hubiese sido otro: dejar que se depreciara la moneda nacional respecto a las monedas de nuestros competidores (es decir, una “devaluación externa”): los precios de los bienes producidos en España automáticamente se hubiesen abaratado para el resto del mundo, y los salarios nacionales automáticamente hubiesen perdido poder de compra (buena parte de nuestra cesta de consumo consiste en productos del exterior). Como miembros del euro, esta alternativa para nosotros no existe, pero podemos hacer el ejercicio mental de imaginarnos cómo la hubiésemos percibido. Contra lo que decía Conde-Ruiz en su tweet, la devaluación externa con toda seguridad no hubiese sido algo que a la gente le hubiese parecido bien ( hemos tenido muchos ejemplos en el pasado). De hecho, la evidencia muestra que las devaluaciones son sistemáticamente postergadas a después de las elecciones porque a los votantes les disgustan. Pero sí parece evidente que hubiese sido mucho más “socialmente aceptable” que la devaluación interna actual. ¿Por qué?

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Los riesgos de la reforma sanitaria madrileña

El gobierno regional de Madrid ha puesto en marcha un plan para privatizar la gestión de la asistencia sanitaria en seis hospitales de la comunidad. El plan consiste en ceder la gestión de la atención sanitaria de los hospitales a empresas privadas concesionarias a cambio de una aportación pública anual, la llamada cápita. En definitiva, la reforma establece que la atención sanitaria se preste mediante financiación pública pero con gestión privada. Se trata de un proyecto que ha generado una muy importante movilización entre los profesionales del sector. Aquí me voy a detener en los problemas que esta reforma plantea, tanto desde un punto de vista del proceso como del tipo de modelo al que se aspira.

El objetivo de esta entrada no es criticar la existencia de una agenda de reforma per se. De hecho, como apuntaba en este mismo blog Víctor Lapuente, es necesaria una cierta apertura de miras en la gestión de la sanidad. El actual modelo es mejorable.  Son posibles y necesarias mejoras en la gestión de personal y en la de las infraestructuras. Sin embargo la reforma que ha propuesto la Comunidad de Madrid adolece de dos problemas básicos. En primer lugar, se ha planteado en un contexto de máxima opacidad, y sin participación de las partes concernidas en el debate. En segundo, el modelo que se quiere implantar conlleva unas debilidades estructurales que cuestionan su idoneidad.

En efecto, el argumento dado por la Comunidad de Madrid para justificar la reforma ha sido la existencia de un ahorro en el gasto público derivado de la privatización de la gestión. Sin embargo, esta afirmación no ha sido apoyada por un estudio serio de los costes que soportan los hospitales actualmente, previamente a la privatización. Sin un estudio de costes, ¿cómo es posible calcular el ahorro esperado? Por un lado, la consejería argumentó que el coste de la gestión pública de la atención sanitaria en los seis hospitales era de 600 euros por habitante y año frente a 441 en los de gestión privada. Sin embargo, un estudio de la asociación de facultativos de Madrid (AFEM) calcula que el gasto real es de sólo €380. Así pues, el ahorro por la privatización no sería tal. En cualquier caso, una divergencia tan importante entre estas dos estimaciones sólo es posible en un contexto de ausencia grave de datos sobre el coste real de la gestión de los hospitales. Esta opacidad, asimismo, genera sospechas respecto a la posible existencia de colusión entre los políticos que están tomando las decisiones y las empresas candidatas a hacerse con las concesiones.

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Las dos caras de la desafección política

La indignación que los casos de corrupción provocan en la ciudadanía podría representarse como una escena en tres actos. El primero lo protagoniza la indignación más inmediata, aquella que aparece a medida que se descubren los detalles de cada caso. El segundo surge al poco tiempo como reacción a las decepcionantes respuestas que dan los partidos políticos que están involucrados. El tercero y último es un acto inacabado: son los posos de desconfianza general que unas y otras actuaciones van dejando en la sociedad.

El resultado de todo ello es la desafección política. Se trata de un término poco preciso con el que se intenta describir la creciente desconfianza y el distanciamiento entre la ciudadanía y sus representantes. El dato que mejor ilustra este fenómeno y que más ha captado la atención de los medios es la caracterización de la clase política por parte de la opinión pública como uno de los principales problemas del país. Según el último barómetro del CIS (diciembre de 2012), casi uno de cada tres españoles identifica a los políticos y a los partidos entre los tres problemas más importantes de España. Un año atrás esa misma valoración se daba en uno de cada cinco ciudadanos.

La desafección política es un problema grave. Lo será más si deja de estar vinculada a los acontecimientos coyunturales (los casos de corrupción o las consecuencias de la crisis económica) y se convierte en un aspecto estructural del sistema político. Algunos quizás confíen en que la mejora de la situación económica o el olvido lo cure todo, como ya ocurrió en el pasado. Las series de barómetros del CIS muestran que en el año 1995 aumentó de manera significativa la desconfianza hacia la clase política en un contexto donde también se combinaban corrupción y crisis económica.

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En las aguas heladas del cálculo egoísta

Es bastante común, en el muestrario del desdén, suponer que la cuestión catalana es una cuestión de intereses; como si eso fuera poco. Es cierto que, en general, en todo el planeta, el autogobierno lo demandan las entidades no estatales más ricas dentro de los estados; y es cierto que, en Cataluña, en general, la demanda de autogobierno siempre ha estado respaldada con especial fuerza por los más acomodados. Tampoco es raro desdeñar las reivindicaciones catalanas como problemas de identidad que los dizque ilustrados no podemos soportar sin sonrisa. Es trivial encontrar ejemplos. Como una y otra cosa encajan mal, a menudo se supone que el cálculo y la protección de intereses animan a la emoción identitaria. Quiero argumentar contra ese desdén, que es tan fácil compartir, advirtiendo, antes que nada, sobre los datos. Creo que estos indican que el resto de los españoles deberían ocuparse mejor de acomodar los intereses y sentimientos de los catalanes. De momento, el extrañamiento subjetivo con respecto a España parece mayor que la preferencia por la separación; es fácil prever que esto mude de modo difícil de resolver.

Los datos que siguen indican que existe una mayoría firme y estable en Cataluña para un régimen con mayor autogobierno y que sería preferido a la independencia. Pero la independencia puede ser preferida al statu quo si el cambio en la opinión pública catalana sigue por el mismo curso que en los últimos años. Los grupos sociales menos propensos a adoptar como propias la identidad y el proyecto nacionalista, frente al que normalmente se muestran pasivos, han cambiado, pero no en la dirección de trocar su pasividad por una oposición algo más clara, sino al contrario. La reivindicación de intereses está acompañada de lo que parece un cambio emocional en el que el equilibrio de la identidad se está alterando. Esto demanda un reconocimiento.

Reflexionar sobre la opinión pública puede ayudar, así sea un poco, a quienes creen que hay espacio para una solución inteligente, justa y amigable. Lo hay, creo que es visible. No voy a sugerir nada sobre su contenido concreto; hay muchas formas de reformar el poder territorial en España, y su financiación, que supondrían un bien para todos, no solo para los catalanes. Esperemos que los políticos hagan en esto su trabajo.

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David y Goliat: consumidores vs. grandes empresas.

¿Cuántas veces les ha pasado (o conoce el caso de alguien) que una empresa –banco, telefonía, aerolíneas…- decide no cumplir con el contrato que tiene con usted? En principio, el ciudadano-consumidor-votante puede reclamar a la proveedora del servicio y, en última instancia, activar los mecanismos que la ley le ofrece. En muchas ocasiones, sin embargo, no actuamos porque el coste - en dinero o en tiempo- es tan alto que reclamar no compensa. Parece que el proceso está diseñado, precisamente, para disuadirnos de actuar. Como esto lo saben las compañías, su incentivo para cambiar el statu quo es nulo. En estas ocasiones nos cuestionamos la utilidad del Estado. ¿Por qué se apoya al grande, los menos? ¿Qué podemos hacer los pequeños, los más?

En un contexto de complejidad comercial creciente –cuando en muchas ocasiones no es fácil distinguir al vendedor del proveedor del servicio, o donde el servicio lo ejecutan varias empresas a la vez-, el papel del Estado es imprescindible. Algunos argumentan que la relación comercial que se establece entre dos partes es voluntaria. Pero también es cierto que hay una parte más poderosa que la otra. Si el consumidor –usted- no cumple con la parte requerida por la empresa, se le cancela el servicio y esta puede tomar acciones legales. En teoría nosotros podemos hacer lo mismo, aunque es bastante ingenuo pensar que nos enfrentemos a una gran compañía en igualdad de condiciones. También es discutible que la relación sea voluntaria: por ejemplo, muchas familias deben tener internet en casa porque lo exige la escuela para hacer trabajos o entregar los deberes. En pocas palabras, las compañías pueden abusar de nosotros con facilidad y eso no es justo. No es justo pagar por un servicio y que éste sea defectuoso o, peor, que no se ofrezca. Sin muchos problemas de argumentación, se puede decir que una parte estaría robando a la otra. Segundo, hace pensar que el Estado no protege al ciudadano ante los abusos cuando es una de sus funciones principales.

¿Cuál es la situación en España? El Instituto Nacional del Consumo publicó en marzo de 2011  el “ Balance de Consultas y Reclamaciones Presentadas en las Organizaciones de Consumidores de Ámbito Nacional: Año 2010”. Es el último que he encontrado pero muestra unos datos relevantes: se ha pasado de casi 496.000 consultas y reclamaciones en 1995 a más de 1.632.000 en 2010 (más de 305.000 reclamaciones y más de 1,3 millones de consultas). Más del 14% de las quejas o información se dan en el sector telefónico (seguro que a Rodrigo Rato le han fichado por su preocupación por los consumidores); un 10,25% en transportes y casi un 10% en los servicios financieros (recuerden el “háganse bankeros”). 

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A vueltas con la corrupción

Alejado, al menos de momento, el fantasma de un posible rescate económico, y con la crisis social como telón de fondo, el arranque del nuevo año se ha caracterizado en España por la actualidad que han (re)cobrado los casos de corrupción.

En la última semana -que, en términos políticos, podemos calificar de negra- han coincidido, mediáticamente:

a) el caso Pallerols: financiación irregular de Unió Democràtica de Catalunya, con vodevil incluido al retractarse Duran i Lleida de su otrora intención de dimitir si se demostraban los hechos delictivos.

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España, del europeísmo al ¿euroescepticismo?

España ha sido tradicionalmente un país europeísta. Tras décadas de dictadura y aislacionismo, Europa significaba modernidad y progreso. Esto ha hecho que los niveles de apoyo a la Unión Europea en sus distintas fases siempre hayan sido muy altos. Y que, por ejemplo, en 2005 España fuera de los primeros países en refrendar, con amplia mayoría, el proyecto de Constitución Europea que finalmente fue abortado.

Este europeísmo ha sido una de nuestras señas de identidad hasta la implosión de la crisis económica. Sin embargo, en los últimos años hemos pasado de ser de los países más fervorosamente europeístas a tener una opinión más tibia, cuando no negativa, de la Unión Europea. Por ejemplo, a la pregunta de qué imagen les genera la Unión Europea, España era en mayo de 2012 el tercer país donde menos ciudadanos declaran tener una imagen positiva, después de Reino Unido y Finlandia (Eurobarómetro Mayo 2012). En concreto solo un 22% de los ciudadanos respondían positivamente, mientras que en 2004 la cifra ascendía al 63% y España era el cuarto país donde la Unión Europea tenía mejor imagen (Eurobarómetro Octubre 2004). Como muestra el gráfico 1, España es el país de los 27 donde más ha caído el porcentaje de ciudadanos con una imagen positiva de la Unión Europea.

Gráfico 1: Caída en imagen positiva de la Unión Europea (2004-2012)

Gráfico 1: Caída en imagen positiva de la Unión Europea (2004-2012)

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Los niños el día después de Reyes

En el día después del día de Reyes, nos gustaría presentar en Piedras de Papel algunos datos sobre cómo viven los niños en nuestro país. ¿Viven mejor o peor que los adultos? ¿Y en comparación con los niños de otros países europeos? ¿Cómo ha afectado la crisis de los últimos años a su nivel de bienestar? Por supuesto, existen muchas fuentes de datos a los que recurrir para responder a estas preguntas, cada una con sus correspondientes virtudes y defectos. Aquí hoy usaré una, quizá de las menos controvertidas: los datos sobre distribución de la pobreza por segmentos de edad calculados a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida realizada por el INE.

Antes de mirar los resultados, es imprescindible hacer unas breves precisiones metodológicas: la definición de pobreza que usa el INE, y que es la convencional en todos los estudios sobre distribución de la renta en las economías desarrolladas, es una definición de pobreza relativa: es “pobre” quien vive en un hogar cuyos ingresos no superan un determinado umbral definido por los ingresos del resto de los miembros de la sociedad. Siguiendo la convención internacional, este umbral es el 60% de la renta mediana. Es decir, si los ingresos del hogar situado justo en el medio de la distribución de la renta (aquel para quien la mitad de los hogares son más ricos y la mitad son más pobres) es de 20000 euros anuales, se consideran pobres todos los hogares cuyos ingresos sean menores a 12000 euros al año (en realidad el cálculo es algo más complejo, porque hay que tener en cuenta el número de miembros del hogar a la hora de calcular los ingresos “equivalentes” de cada individuo).

El gráfico 1 nos muestra qué proporción de la población de cada grupo de edad puede ser clasificada como pobre de acuerdo a esta definición, para España y para la media de la Unión Europea.

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