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¿Qué es un partido disciplinado?

Los argumentos sobre la disciplina de voto en los partidos suelen caer, me parece, en la indefinición con respecto al alcance de la indisciplina. Se formulan razones contra la disciplina excesiva, pero no queda claro cuánta es la óptima. Eso si es que no se impugna simplemente toda forma de disciplina de partido en la figura de sus casos extremos (como España),  apartándose del hecho de que los casos menos exagerados pueden no padecer las mismas dolencias y sin embargo ser muy disciplinados.

Haciendo necesaria injusticia con el argumento de Lluis Orriols (en este blog) sobre los males de la disciplina de partido, lo resumo así: frente a la división de poderes, que se toma como la forma característica y prístina de limitación parlamentaria al poder ejecutivo, la democracia de partidos anula al parlamento y permite que el gobierno tenga demasiado poder. Esto se debe a que los partidos son oligárquicos (y a que el jefe de gobierno suele coincidir con el líder del partido).

Yo creo que existe una historia alternativa. La admiración por la separación de poderes se  puede compartir, pero es un gusto minoritario.  Esta fue la organización favorita de las monarquías constitucionales (pre-democráticas) –“el viejo sueño liberal”, que diría Orriols- y lo es para las repúblicas presidencialistas, que democratizaron las dos instancias, ejecutivo y legislativo, manteniéndolas separadas. Pero conviene recordar que  la mayoría de las democracias europeas vienen de la tradición en la que el Parlamento logró el control del Gobierno, con el poder de nombrarlo y despedirlo (primero fue aprobar su presupuesto, y de ahí en adelante). La relación es simbiótica, pues el Gobierno también controla al Parlamento, disolviéndolo y convocando elecciones, en lo institucional, y ofreciendo puestos a los líderes de los partidos parlamentarios, en lo material. De separación de poderes nada de nada: fusión de poderes, y a mucha honra. Tal era el “secreto eficiente” del admirado parlamentarismo británico: por eso se vota al parlamento sabiendo que va a elegir a un gobierno, y los partidos se disciplinan espontáneamente en torno a ese fin, haciendo campaña con programas amplios. En mayor o menor medida, todas las democracias parlamentarias se han acercado a ese modelo. Con la excepción de Suiza, y la todavía más rara de Rusia, creo que no hay separación de poderes real en ninguna parte de Europa. Yo no me apuntaría.

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¿Se muere el bipartidismo PPSOE?

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Esta es la secuencia de hechos a la que nos hemos acostumbrado últimamente en Europa: (i) El gobierno del partido A –acosado por los mercados y las instituciones europeas- decide afrontar la crisis de la deuda usando políticas altamente impopulares. (ii) Los ciudadanos, siguiendo la lógica democrática, optan por dar la espalda al gobierno y ceder el turno al partido B, líder de la oposición. (iii) Tras la llegada del nuevo gobierno nada cambia: la crisis se mantiene y el gobierno sigue desatendiendo las demandas de los ciudadanos manteniendo (e incluso profundizando) las políticas económicas impopulares.

No sólo España se encuentra tras esta cronología, sino también muchos otros países europeos en los que se han celebrado elecciones durante la Gran Recesión. Los gobiernos de estos países, víctimas de la enorme presión de las instituciones europeas e internacionales, han mostrado tener un escasísimo margen de maniobra para atender a las demandas de la mayoría de la sociedad. Y con ello, la frustración e indignación se ha apoderado de una ciudadanía que comprueba en cada elección la escasa relevancia de su voto.

Son muchos los ciudadanos que hasta ahora creían que la virtud de nuestras democracias era precisamente la posibilidad de deshacernos de los gobernantes que gestionan mal y se desvían de las preferencias de los ciudadanos y reemplazarlos por otros mejores. Pero, ¿qué ocurre cuando esta lógica no funciona? ¿Cómo reaccionan los ciudadanos cuando tras malos gobernantes, se instalan otros incluso peores? Cuando las preferencias de los ciudadanos quedan desatendidas elección tras elección, no hay duda de que se abre una brecha en las democracias representativas.

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El camino hacia la igualdad

En las últimas semanas han aparecido dos nuevas publicaciones que deberían leer todos los que estén interesados en la desigualdad en España: Estructura social y desigualdad en España (José Saturnino Martínez, Editorial Catarata) e Informe sobre Desigualdad en España 2013 (Fundación Alternativas). Ambos parten del mismo análisis: desde principios de los 80 hasta la actualidad, la desigualdad ha aumentado tanto en España como en las sociedades desarrolladas. Usemos los indicadores que usemos, todos llegan a las mismas conclusiones. Pero a partir de aquí, los dos trabajos siguen caminos distintos, complementándose perfectamente.

El Informe de la Fundación Alternativas se centra principalmente en la desigualdad de resultados, analizando las diferencias salariales dentro del mercado laboral, estudiando las diferencias de renta de los colectivos más vulnerables (mujeres, jóvenes e inmigrantes) e investigando en detalle la capacidad redistributiva de las políticas del bienestar. Una de las conclusiones más relevantes es que no todo el gasto público genera igualdad, siendo algunas partes de éste claramente regresivas.

Por su lado, José Saturnino Martínez presenta una perspectiva más “innovadora”. Partiendo de un debate mucho más conceptual y teórico, analiza algunos colectivos sociales que siempre se encuentran en la parte más vulnerable de la sociedad, como los jóvenes y las mujeres. Observa que parte de sus condiciones precarias siguen explicándose todavía por su origen social. Es decir, en el fondo, detrás de muchas desigualdades presentes se esconden las clases sociales.

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Gobiernos y deuda pública autonómica

Desde que empezó la crisis económica hace ya media década, el estado de las cuentas de las comunidades autónomas se ha deteriorado de manera notable. Esta evolución es en cierto sentido “normal” (aumentaron algunas de sus partidas de gasto y, sobre todo, se desplomaron muchas de sus fuentes de ingresos), y, contra la percepción general, no ha sido peor que la de otras administraciones públicas: el déficit de las comunidades autónomas ha sido siempre y en todos los años significativamente menor al de la administración central del estado, a pesar de gestionar una parte muy similar del conjunto del gasto público.

En esta entrada nos preguntamos si podemos observar diferencias en el aumento de la deuda autonómica durante este periodo en función de la ideología de los gobiernos. Para intentar responder a esa pregunta, una posibilidad es comparar la deuda de las comunidades “del PP” con “las del PSOE” en un momento determinado en el tiempo. Existen muchos problemas con esta metodología, pero el principal de ellos es que, si existen diferencias en el acceso a la financiación por parte de las comunidades autónomas o en las necesidades objetivas de gasto, no podremos saber si el déficits mayores o menores obedecen a estas diferencias entre comunidades, o a la ideología del partido que ocupa su gobierno. Por ejemplo, todas las comunidades del arco mediterráneo se quejan de que el sistema de financiación autonómica les penaliza de manera sistemática. No entraremos aquí en esta discusión, pero si así fuera y comparásemos los gobiernos de estas comunidades autónomas con los del resto, los partidos que gobiernan en ellas saldrían siempre injustamente penalizados en esta comparación.

Una estrategia mejor, aunque no totalmente exenta de problemas, es observar si los cambios de gobierno en las comunidades autónomas están asociados a cambios en la tendencia general de la deuda en cada autonomía. Para poder hacer este ejercicio, nos podemos aprovechar del hecho de que desde el inicio de la crisis se han producido abundantes cambios de gobierno autonómicos. Si, por ejemplo, los gobiernos del PP fueran más estrictos en el control del desfase entre ingresos y gastos, deberíamos esperar que el crecimiento de la deuda fuera diferente después de la llegada al poder del este partido. ¿Ha sido así?

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España no puede permitirse este PSOE

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Después del Debate del Estado de la Nación, José Fernández-Albertos publicó en este mismo blog un post en el que hablaba de la actuación de Alfredo Pérez Rubalcaba. En tres gráficos mostraba cómo de mal le había ido al líder del PSOE. Al final de su entrada nos daba dos posibles explicaciones. La primera nos decía que la encuesta mostraba lo pésimo del debate de Rubalcaba. La segunda, por la que parecía que se inclinaba, era peor para el PSOE y decía: "Los votantes socialistas han dejado de tener en Rubalcaba a un referente y, a diferencia de los votantes de todos los demás partidos, el hecho de que sea su líder el que emite un determinado mensaje, no hace ese mensaje más atractivo o aceptable. Me temo que ese no es precisamente el tipo de líder que un partido desearía tener." Por su parte, Marta Romero también ilustraba en Piedras de papel la situación actual del PSOE y su desempeño según las encuestas. Nos mostraba con los datos del CIS que tan sólo un 56% de los votantes del PSOE en 2011 volvería a apoyarlos en las próximas elecciones generales. Esto quiere decir que, a día de hoy, el PSOE obtendría algo más de 3,9 millones de votos cuando en 2008 consiguió 11.289.335. Esta situación, además, coincide con el 'aniversario' del congreso del PSOE de febrero de 2012 que proclamó a Rubalcaba como Secretario General y que es, en definitiva, lo que me ha llevado a escribir este post. Podría ser una improvisada trilogía: el debate, el estado del PSOE y, por último, su candidato y su equipo.  

El País realiza una encuesta mensual en la que se repiten varias preguntas sobre la situación social y política de España. Pregunta, entre otras cosas, sobre la valoración de los candidatos y la confianza que estos levantan. El gráfico 1 muestra dos líneas, una en negro y otra en rojo. La primera es la de los españoles que entre aprobar o desaprobar la labor de determinado líder optan por suspender. Como se puede observar, en marzo de 2012 algo más de un 50% desaprobaban a Rubalcaba. Hoy está cerca del 90%. Concretamente, en un año, ha perdido 35 puntos. La segunda línea, en rojo, muestra la suma de poca más ninguna  (opciones que se les ofrece a los encuestados junto con mucha y bastante) confianza que despierta el secretario general del PSOE. Hace un año un 75% tenía poca o ninguna confianza. Hoy es un 94%.

Gráfico 1

Gráfico 1

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¿Es Venezuela una democracia?

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Tras la muerte de Hugo Chávez, hemos visto como periodistas, tertulianos y expertos se han enzarzado en una batalla dialéctica sobre si Venezuela es o no es una democracia. Al tratarse de un concepto ciertamente flexible, cada uno asistía a su tertulia o argumentaba en su artículo con su particular vara de medir las cosas: “Venezuela es una democracia porque a Chávez lo eligió el pueblo”; “Es una dictadura porque no hay libertad de expresión”; “Es una verdadera democracia porque redujo la pobreza”; “Hasta Hitler ganó elecciones”. Así, la información que hemos estado recibiendo sobre el pedigrí democrático de Venezuela seguramente este sesgada por los prejuicios ideológicos de quienes la ofrecen.

¿Es Venezuela una democracia? A pesar de que la mera pregunta pueda disgustar a unos (chavistas) y a otros (anti-chavistas), lo cierto es que establecer cuáles son los criterios básicos para definir a un país como democrático no es una tarea fácil. ¿Dónde debemos marcar la línea que separe las democracias de las dictaduras? En este sentido resulta interesante conocer las medidas que los politólogos utilizamos para clasificar a los regímenes políticos en nuestras investigaciones. Vaya por delante que éstas no han sido creadas para enjuiciar a un determinado país o a gobiernos de una ideología en particular, y si bien no son objetivas –pues en ciencias sociales todo está sujeto a interpretaciones – se basan en reglas simples y poco controvertidas concebidas para describir, medir y comparar diferentes países a largo del tiempo. No son medidas pro- ni anti-. Trayéndolas al debate no pretendo dictar sentencia, sino más bien aportar una herramienta analítica que nos ayude a comprender por qué Venezuela se mueve para muchos en una frontera difusa entre democracia y dictadura. Éste es un resumen de lo que nos dicen.

Mirando cinco medidas de regímenes políticos en el mundo en los últimos 20 años, vemos que Venezuela puede ser catalogada como una democracia fundamentalmente antes de la llegada de Chávez al poder y en los primeros años de su mandato. No obstante, a partir del cambio constitucional existen incertidumbres que justifican las dudas respecto a si Venezuela es o no una democracia. De acuerdo a algunas medidas, en la última mitad de los catorce años de gobierno de Chávez Venezuela ya puede ser clasificada como una dictadura.

En concreto, en el período que va de 1993 a 1999 todas las medidas que analizo interpretan que Venezuela es un país plenamente democrático. Recién en el año 2000 –cuando se produce el cambio de las reglas electorales con la reforma de la Constitución – una de las cinco medidas es incapaz de catalogarlo como democracia o dictadura por la sospecha de que la alternancia no es posible. Al ser una sospecha no confirmada esta medida no sería capaz de definir con certeza el régimen político de Venezuela.

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¿A quiénes representan los cardenales del Cónclave Papal 2013?

Hoy comienza el próximo Cónclave Papal que escogerá al sucesor de Benedicto XVI como Papa de Roma, soberano del Estado Vaticano, Primado de Italia y Vicario de Cristo entre otros títulos. Esta elección sui géneris es muy diferente a todas las elecciones de jefe de Estado que hay en el mundo. Les corresponde a todos los cardenales menores de 80 años que conforman el Colegio Cardenalicio y que fueron escogidos por los dos papas anteriores. Los cardenales mayores de 80 años disponen de sufragio pasivo pero no activo. Pueden ser escogidos como Papa, pero no votan.

A este Cónclave Cardenalicio acudirán 115 cardenales de todo el mundo que a puerta cerrada (cum clave) votarán repetidamente mediante nombres escritos en un papel en una urna, hasta que uno de los papabili obtenga dos tercios de los votos. Sin embargo estos cardenales ni tienen un mandato imperativo de sus feligreses, ni se rigen por el número de católicos de los países de los que proceden.

Existen ciertos problemas a la hora de medir el número de católicos en el mundo. Por un lado porque las distintas Conferencias Episcopales (órgano directivo en cada país) tienden a inflar las cifras, añadiendo a todos los bautizados ya fueran con consentimiento (conversos) o no (el resto). Por otro lado en ciertos países declararse católico puede resultar peligroso o incluso ilegal. Por tanto es difícil saber el número de católicos que hay en China o en Afganistán, si bien por internet se ofrecen cifras aproximadas. Lo que sí resulta medible es el número de diócesis (obispados) y arquidiócesis (arzobispados) que tiene la Iglesia Católica en su estructura interna, y en virtud de esta cifra, establecer cuantos cardenales son electores por número de diócesis en cada país. Además podemos saber cuántos cardenales proceden de un país en vías de desarrollo, de un país medio o de un país rico en función de su PIB per cápita. Por último mediremos si la distancia a la Ciudad del Vaticano afecta a la elección de cardenales.

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PSOE: ¿Peor imposible?

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Como el personaje de la mitología griega, Sísifo -condenado a arrastrar una pesada piedra, para verla caer justo antes de llegar a la cima y volver a empezar de nuevo una y otra vez-, la dirección del PSOE lleva más de un año buscando, sin éxito, un punto de inflexión que le permita recuperar la conexión con la sociedad. Con la premisa de que se había tocado fondo en las pasadas elecciones generales (cosechando, con el 28,76% del voto válido, su peor resultado histórico), el PSOE iniciaba esta legislatura -como principal partido de la oposición- con la confianza de una recuperación progresiva. Pero ni los anuncios de nuevas propuestas políticas, ni la puesta en marcha de iniciativas para mejorar la relación con los ciudadanos, ni el reconocimiento de errores pasados parecen haberle dado, de momento, ningún resultado.

Los socialistas se encuentran, a nivel nacional, en un estado de “coma demoscópico”. No sólo no han logrado capitalizar el descontento de los ciudadanos con el Gobierno del PP, sino que no han conseguido recuperarse de su debacle electoral.  Según la serie de sondeos mensuales realizados por Metroscopia, la estimación de voto del PSOE se habría situado, a lo largo de estos casi quince meses que llevamos de legislatura, por debajo del resultado de las últimas elecciones generales y siempre por detrás del PP (gráfico 1). Aunque algo más positivas, las estimaciones -de carácter trimestral- realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas apuntan en la misma dirección, pues el porcentaje de voto estimado para el PSOE habría oscilado entre el 28 y el 30,2% entre enero de 2012 y enero de 2013. Esto significaría que, en el mejor de los casos, el avance del PSOE respecto a las elecciones generales de 2011 no llegaría a los dos puntos (muy lejos, por tanto, de los 15 puntos porcentuales y más de cuatro millones de votos que perdieron los socialistas entre las elecciones de 2008 y 2011).

Gráfico 1. Evolución de la estimación de voto en elecciones generales (PP, PSOE, IU y UPyD). Serie de sondeos de Metroscopia realizados para El País (diciembre 2011-marzo 2013)

Gráfico 1. Evolución de la estimación de voto en elecciones generales (PP, PSOE, IU y UPyD). Serie de sondeos de Metroscopia realizados para El País (diciembre 2011-marzo 2013)

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Un gobierno a contracorriente

La determinación del ejecutivo de Mariano Rajoy de seguir gobernando a contracorriente de lo que quieren los ciudadanos solo puede definirse, por lo que tiene de suicidio electoral y de adulteración democrática, como una terca insensatez. Rajoy ha decidido gobernar sustituyendo sus promesas electorales por lo que él considera “su deber” con la nación. Si el futuro coste electoral de esta decisión depende del desajuste entre lo que hace y lo que quieren los ciudadanos, los datos no hacen más que poner de relieve la terquedad con la que se empeña en inmolarse políticamente ignorando a la ciudadanía.

La distancia entre las decisiones del gobierno y los intereses de los ciudadanos se pone de manifiesto al observar la evolución de las preferencias de la opinión pública sobre cuánto se gasta en cada política.

Durante los primeros años de la crisis económica, las preferencias sobre el gasto apenas cambiaron: el porcentaje de ciudadanos que apoyaba que más inversión en políticas sociales (educación, sanidad, desempleo y pensiones) era prácticamente el mismo durante los años de bonanza económica (2004-2007) que durante los primeros años de la crisis (2008-2010) (ver Zoom Político 1 “¿Nos cambia la crisis?, Fundación Alternativas). Las políticas prioritarias para los ciudadanos variaron muy poco entre periodos: vivienda, pensiones, seguridad y educación durante el boom económico; y vivienda, justicia, pensiones y educación durante los primeros años de crisis.

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La disciplina de partido y el menguante poder del parlamento

La rebeldía de los diputados del PSC en el Congreso en la votación de la semana pasada ha vuelto a poner de nuevo en la agenda pública el debate sobre la conveniencia de la disciplina de voto en los partidos. Ayer, Alberto Penadés exponía en Piedras de Papel una visión muy sugerente a favor de la disciplina de partido. Penadés defendía que la existencia de partidos disciplinados tiene efectos positivos en los sistemas parlamentarios pues ayuda a crear Gobiernos estables y permite a los ciudadanos poder escoger entre opciones claras.

Sin desmerecer tales beneficios de la disciplina de partido, en mi opinión Penadés olvida mencionar algunas de sus desventajas, que no son pocas. En estas líneas me quiero centrar en una de las que considero más importantes:  el exceso de poder del Gobierno a costa de relegar el Parlamento a un papel secundario, en ocasiones rozando la irrelevancia. Este problema se produce especialmente en sistemas parlamentarios con dos grandes partidos como es el caso de España. Veamos por qué.

Uno de los pilares fundamentales del liberalismo clásico era el rechazo a la tiranía que, según esta corriente, inevitablemente suponía la existencia de un Gobierno fuerte. Los liberales en su lucha de intereses contra el Antiguo Régimen se dotaron de una poderosa arma contra la monarquía: el Parlamento. Esta nueva institución tenía como principal objetivo la defensa de los intereses de la nación (léase de la burguesía) ante la opresión que representaba el poder absoluto de la monarquía. El sistema parlamentario se fue gestando como una forma de controlar el poder del ejecutivo, entonces sustentado por la monarquía, y de defender los intereses de una creciente burguesía. Así, el objetivo que tenían en mente los liberales europeos en su lucha en pro de una democracia representativa era situar el Parlamento en el epicentro del sistema.

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