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Élites extractivas y sistema electoral

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Quizá ningún libro haya levantado tanta expectación antes de publicarse como “Qué hacer con España” de César Molinas. Su aplicación de la teoría de las élites extractivas de Acemoglu y Robinson cae como semillas sobre terreno abonado. Cuando la situación económica y política de nuestro país está más deteriorada que nunca, se nos ofrece una única explicación sencilla a una gran cantidad de problemas complejos: Es culpa de la casta política. ¡Qué más se puede pedir! Sin embargo aquí no quiero valorar esta teoría sino discutir una de las recetas que Molinas trata recurrentemente; cambiar el sistema electoral.  Aunque su propuesta de máximos es un sistema mayoritario uninominal como el de Reino Unido o Estados Unidos, se declara dispuesto a hacer una concesión “a los grupos minoritarios” dejando algunos escaños a repartir de manera proporcional. Eso sí, siempre que casi todos los diputados se elijan en distritos uninominales. Para César Molinas lo crucial es la cercanía representante-representado y que esto suponga un revulsivo en la selección interna en los partidos.

Creo que merece la pena empezar recordando que los sistemas electorales son instituciones redistributivas, es decir, que no son neutrales y que siempre benefician a unos partidos en detrimento a otros. Todos los sistemas electorales del mundo tienen cierta desproporcionalidad y funcionan en parte como el Sheriff de Nottingham, robando a los (partidos) pobres para dárselo a los (partidos) ricos. La discusión estriba en saber qué grado es el tolerable y qué implicaciones políticas tiene. Cuanta más proporcionalidad haya, más probable que exista multipartidismo y gobiernos en coalición, con todo lo que supone de negociación entre elites, posible inestabilidad o dispersión de responsabilidades políticas entre sus miembros. Por otra parte cuanto más mayoritarismo, más gobiernos de un solo partido y menor pluralidad política, pero también mayor facilidad a la hora de identificar al culpable de una mala gestión y echarlo del gobierno. Hay que asumir que ninguna opción está exenta de costes.

La propuesta de máximos de Molinas paga un alto peaje en proporcionalidad. Con unos distritos uninominales de tamaño inferior a la provincia el resultado es el refuerzo de las dos opciones más votadas; la mayoría simple gana el diputado pero todos los demás votos se pierden. Sin embargo, en nuestro caso no favorecería la creación de un sistema bipartidista ya que las parejas de baile cambian según el territorio. En agregado el resultado sería un Congreso con unos 6 partidos: PP, PSOE, CiU, PNV, Amaiur y CC. E incluso aunque se añadiera este distrito superpuesto proporcional, la mayoría de los escaños seguiría yendo para los seis mencionados. Por lo tanto, los partidos damnificados por el presente sistema seguirían estándolo en igual o mayor proporción. Aun así, según esta propuesta la proporcionalidad supone un sacrificio menor en favor de una mayor cercanía con los diputados de tu distrito. Es cierto que las listas cerradas y bloqueadas no favorecen esta relación elector-representante directa pero la pregunta es… ¿Merece la pena cambiar a un sistema mayoritario?

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Tres gráficos desoladores para Rubalcaba

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El pasado sábado el CIS dio a conocer el avance de resultados de la encuesta que siempre realiza después de cada debate sobre el estado de la nación. Muchos medios han recogido el que quizá es el principal resultado de esta encuesta: Rajoy, aun sin resultar particularmente bien valorado (es de hecho peor valorado que algunos líderes de partidos pequeños), superó holgadamente en el debate al líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Aquí nos han llamado la atención, por excepcionales, las malas valoraciones obtenidas por este último, y las resumimos en tres gráficos.

1. La valoración de la actuación de Rubalcaba es independiente de la ideología del encuestado.

Gráfico 1. Valoración de la actuación de Rajoy y Rubalcaba en el debate sobre el estado de la nación en función de la ideología.

Gráfico 1. Valoración de la actuación de Rajoy y Rubalcaba en el debate sobre el estado de la nación en función de la ideología.

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La desconexión del PSOE y el camaleonismo del PP

Para que alguien vote por un partido, una de las cosas más importantes es que lo perciba ideológicamente próximo. Si es así, se sentirá cercano a él y confiará en que, si accede al gobierno, el partido representará sus intereses. Por eso, en un momento en que todas las encuestas indican que los dos grandes partidos estatales tienen la intención de voto más baja históricamente, cabe preguntarse en qué medida esto es porque sus potenciales votantes se sienten menos cercanos a ellos.

Para explorar esta idea comparo los barómetros del CIS de abril de 2006 y julio de 2012. En el siguiente gráfico muestro la relación entre la ideología de los ciudadanos y la ideología que estos atribuyen a los dos grandes partidos (siendo el 1 la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha). El gráfico nos da cuenta de qué sectores de las bases electorales de cada partido perciben que estos se han alejado ideológicamente en los últimos seis años.

Gráfico 1

Gráfico 1

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Los datos de emigración no hablan por sí solos

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Vivimos ávidos de cifras que midan nuestras desgracias; o que las desmientan. Y en esa ansia estadística con frecuencia faltamos a la verdad. En los últimos meses se vienen publicando titulares que alertan sobre el crecimiento de la emigración de españoles al exterior como consecuencia de la falta de empleo y expectativas en nuestro país. Sin embargo, las cifras que se suministran son en muchos casos confusas o abiertamente erróneas. En enero se difundió repetidamente en muchos medios de comunicación el siguiente titular “Más de 50.000 españoles encontraron trabajo en Alemania”.

Sin embargo, el cuerpo de la noticia decía: “Los datos de la Oficina Federal de Empleo de Alemania actualizados hasta octubre de 2012 muestran que un total de 49.433 españoles trabajan en el país, un 15,8% más que un año antes”. Si las cuentas no me fallan, para que un aumento del 15,8% resulte en 49.433, el incremento ha tenido que ser de 6.745 personas. Dicho de otro modo, en el último año encontraron trabajo en Alemania algo menos de 7.000 españoles, aunque la cifra total de trabajadores españoles en dicho país, llegados desde los años sesenta, ascienda hoy día a casi 50.000.

La diferencia parece relevante, sobre todo en un contexto como el actual en que sabemos que mucha gente se puede estar planteando la posibilidad de marchar al extranjero como una alternativa a las duras condiciones de empleo en nuestro país. Hay cierta irresponsabilidad en elegir titulares ambiguos que inflan las cifras y con ello, indirectamente, las expectativas.

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El poder de la banca después de la crisis

A lo largo de la historia, la intermediación financiera ha demostrado ser una actividad con una enorme capacidad de influencia política. Ya en el siglo XV, la Casa de Medici daba buena muestra de ello gobernando de facto Florencia y colocando hasta tres Papas gracias a su posición monopolística en el negocio bancario con el Vaticano.

Hoy, más interesada en el poder terrenal que en el celestial, la banca mantiene una enorme capacidad de influencia política, pero sus consecuencias ahondan el descrédito del sistema democrático. La debilidad de los gobiernos a la hora de hacer frente a la amenaza de riesgo sistémico (Too Big To Fail), de castigar los abusos cometidos por los bancos (manipulación del Líbor-Euribor, venta de preferentes, etc.), de perseguir el lavado de dinero, o de frenar el drama social de los desahucios, son una pequeña muestra de las consecuencias negativas del predominante poder de la banca.

Pero, como bien sabemos, los últimos cinco años han sido especialmente turbulentos para el sector financiero, sobre todo en nuestro país. Por tanto, cabe preguntarnos cómo se verá afectado el poder de la banca tras estos años de crisis.

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La conquista del derecho a participar

La Constitución de 1978 prevé en el artículo 87 la existencia de Iniciativas Legislativas Populares (ILPs) que permiten a organizaciones sociales presentar proposiciones de ley con el respaldo de al menos 500.000 firmas.¿Qué uso se ha hecho hasta ahora de este mecanismo de participación ciudadana?

Las iniciativas populares están muy extendidas en las democracias actuales. Una iniciativa popular es una propuesta legislativa que, si recibe apoyo de un cierto número de personas, tiene que ser votada en el parlamento o en un referéndum. En California, por ejemplo, los votantes se pueden pronunciar en cada elección sobre un gran número de iniciativas propuestas por grupos ciudadanos. Estos instrumentos de democracia directa permiten a los ciudadanos proponer medidas específicas y por tanto amplían la influencia sobre el proceso legislativo más allá del voto a partidos.

La primera ILP registrada en España pedía el “Mantenimiento de Altos Hornos del Mediterráneo” en 1983, pero no fue admitida a trámite. Parece que este caso sentó precedente, porque desde entonces la no admisión por la Mesa del Congreso es el destino más frecuente que han tenido las ILPs. De las aproximadamente 70 ILPs iniciadas hasta la fecha, 28 ni siquiera han sido admitidas en el trámite inicial -es decir que ni han llegado a la fase de recolección de firmas. El resto no ha corrido una suerte mucho mejor. Unas 25 caducaron sin que sus promotores lograran conseguir las firmas suficientes. Ello no es sorprendente, puesto que el procedimiento de validación de las firmas es exigente y hace muy difícil conseguir las suficientes. Otras 11 fueron rechazadas después de haber conseguido las firmas necesarias. Entre ellas las más recientes pedían “Televisión Sin Fronteras” y “Empleo estable y con derechos”, ambas de 2011. De otras cuantas se pierde el rastro o están todavía sin un resultado claro.

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Votos y periódicos

Me gustaría profundizar aquí en la importancia que tiene la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, sobre la que escribí la semana pasada. En particular, me gustaría subrayar el papel clave que desempeñan los medios de comunicación. Si los políticos son los representantes de nuestro poder, los periodistas son los representantes de nuestro control sobre el poder. En primer lugar, necesitamos unos medios libres y no politizados - sobre esto último es de lectura obligatoria la entrada de Lluís Orriols en este blog. Pero, además de la calidad de los medios, también necesitamos cantidad. Y, sin quitarle importancia a otros medios, necesitamos periódicos, muchos periódicos.

Lo hemos podido ver estos días. La labor fiscalizadora de las instituciones públicas que periódicos como El Mundo o El País han llevado a cabo (con medios limitados) durante las últimas semanas se ha revelado como más decisiva muchas auditorías llevadas a cabo por organismos dedicados, en teoría, exclusivamente a esa fiscalización.

Diversos estudios confirman el papel de los medios escritos en la lucha contra la corrupción. En Qué Hemos Aprendido de las Causas de Corrupción Después de una Década de Estudios Comparados, Daniel Treisman señala cómo uno de los pocos factores que aparecen como significativos en casi todos los estudios es el número de periódicos que se leen en un país. Controlando por los sospechosos habituales – protestantismo como religión mayoritaria, características del sistema electoral, nivel de desarrollo económico, educación, etc. – la lectura de periódicos tiene, un efecto positivo sobre el control de la corrupción en prácticamente cualquier modelo estadístico.

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El liberalismo cañí

Nunca me dejaré de sorprender de la facilidad con que parte de la élite conservadora de nuestro país se define, sin pudor alguno, con el adjetivo “liberal”. Seguramente, motivados por la menor aceptación social que actualmente tiene el término "conservador", esta élite decide buscar cobijo en el más moderno y popular mundo del liberalismo. Sin embargo, se trata de un liberalismo para posar en el photocall, pues la supuesta defensa a ultranza de la libertad rápidamente se desvanece cuando lo que se tiene entre manos es el matrimonio entre individuos del mismo sexo, la despenalización del aborto o incluso derechos tan básicos como el de manifestación.

Quizás el lector benévolo puede estar tentado a aceptar que nuestras élites usan el término liberal como diminutivo de liberal-conservadurismo, una ideología ‘bipolar’, que pretende conciliar dos conceptos aparentemente contrapuestos. Por un lado, sería una ideología liberal pues se mostraría contraria al intervencionismo del Gobierno y a un Estado de Bienestar que vaya más allá del asistencialismo a los más necesitados; por otro lado, sería una ideología conservadora pues defendería valores religiosos y en torno al concepto de la familia tradicional. En definitiva, liberal en lo económico y conservador en lo moral.

Sin embargo, aún si nos centramos exclusivamente en el terreno económico, nuestras élites auto-llamadas liberales muestran también señas un tanto peculiares: el fervor liberal con que se rechaza el papel del sector público, rápidamente se diluye cuando toca defender la libre competencia del mercado. Sólo así se entiende cómo importantes sectores económicos privatizados por nuestros gobiernos liberales muestran niveles de competencia alarmantemente bajos. Se trataría pues de un peculiar liberalismo a favor de un mercado con lista de invitados.

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No es la austeridad, es el cambio de modelo

Desde que en 2010 los gobiernos europeos comenzaran con las políticas de ajuste, no ha habido día que no se clame contra la austeridad. Es cierto que lo que se ha denominado austericidio está estrangulando nuestras economías. Tal y como acaban de reconocer dos prestigiosos investigadores del FMI, los recortes en el gasto público han tenido efectos mucho más devastadores de lo esperado sobre las economías.

La segunda consecuencia de la austeridad es social y se refleja en los enormes recortes del Estado del bienestar. Pero si sólo nos centramos en la reducción del gasto, minusvaloramos lo que realmente se está produciendo: un cambio de modelo. Es innegable que el austericidio está teniendo efectos sociales en el corto plazo, aumentando las desigualdades y la exclusión. Pero no es menos cierto que, en el momento que las economías se recuperen, un gobierno comprometido con el Estado del bienestar puede aumentar sustancialmente sus partidas presupuestarias. Por lo tanto, los recortes por sí mismos no dejan de ser un problema temporal.

En cambio, la transformación del modelo del Estado del bienestar apunta a una cuestión más bien estructural, que implica cambios más profundos. Continuando con las ideas que han dominado en las últimas décadas, los gobiernos conservadores están persiguiendo dos objetivos en estos momentos: privatizar la mayor parte de los servicios públicos y cambiar la forma de financiarlos. Ambas cuestiones exigen de un debate sosegado y con datos, más allá de los lugares comunes y los intereses particulares.

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Corrupción y guerra de trincheras mediática

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Los españoles nos enfrentamos a la corrupción política con una actitud ciertamente contradictoria: por un lado, creemos que existe un nivel intolerable de corrupción y mostramos altas dosis de desafección hacia nuestros políticos. Pero, por otro lado, seguimos votando elección tras elección a los mismos partidos políticos incluso cuando éstos están siendo acusados de algún escándalo de corrupción. ¿Por qué ocurre esto? Déjenme que plantee en estas líneas una hipótesis para el debate.

Pocas cosas son tan claramente perceptibles en el actual clima de opinión como el hartazgo ciudadano con la clase política y con el cúmulo de escándalos de corrupción que sufrimos últimamente. La pérdida de confianza de la ciudadanía hacia los políticos no ha cesado de aumentar en los últimos tiempos alcalzando niveles hasta ahora desconocidos. En Piedras de Papel ya hemos analizado este fenómeno en varios artículos (vean aquí y aquí), pero quizás valga la pena recordar algunos datos: según el CIS, el 85% de los españoles considera que la corrupción está bastante o muy extendida en nuestro país y uno de cada tres señala a los políticos cómo el principal problema que sufrimos actualmente. Seguramente estas percepciones tan negativas se han acentuado en las últimas semanas tras los recientes escándalos como el del chalé marbellí del Presidente González, los artículos de Carlos “Amy” Mulas, los ‘sobre’-sueldos  de Génova o la conexión entre la mafia rusa y el Lloret de Mar de Xavier Crespo.

Cualquier sociólogo extranjero que viera tal acumulación de escándalos y tal grado de hartazgo entre la opinión pública podría augurar un terremoto electoral contra los gobernantes corruptos en las elecciones. Nada más lejos de la realidad. Los estudios en España muestran de forma contundente que no existe un claro castigo electoral a los escándalos de corrupción. Así de pesimistas concluían, por ejemplo, los politólogos Gonzalo Rivero y Pablo Fernández en un estudio sobre la cuestión: “los partidos de los alcaldes implicados en conductas irregulares pueden contar con que no sufrirán castigos electorales en las urnas, incluso en el caso de que se inicien diligencias judiciales”. En definitiva, la corrupción, en España, sale políticamente gratis.

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