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De cómo Feijóo evitó el castigo en las urnas

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Existe en la política una regularidad empírica universal: cuando aumenta el paro, los gobiernos pierden votos y cuando se crea empleo, las opciones de supervivencia del gobierno aumentan. Los expertos lo llaman “voto económico” y es el culpable de la caída de casi todos los gobiernos europeos que han tenido una cita en las urnas en los últimos años. Por lo general, los expertos calculan que los gobiernos pierden alrededor de un punto porcentual de apoyo electoral por cada aumento de un punto de la tasa de paro. Así, según esta regla, el PSE de Patxi López debería haber retrocedido 4 puntos porcentuales y el PP de Feijóo 9 puntos. La realidad ha sido otra bien distinta. Los socialistas vascos han multiplicado casi por cuatro el castigo electoral que cabría esperar (12 puntos) y, en cambio, en Galicia, el desgaste del PP ha sido prácticamente imperceptible (1 punto). ¿Cómo se explica esta paradoja? ¿Por qué la economía ha quedado al margen de las urnas en Galicia?

A priori,  los datos económicos y de opinión pública deberían llevarnos a la conclusión de que el gobierno gallego se merecía un castigo electoral mayor que el gobierno vasco.  Por un lado, la economía se deterioró mucho más en Galicia que en el País Vasco. Fijémonos en el desempleo: durante el último mandato, el paro aumentó casi ocho puntos en Galicia, un porcentaje superior a la media española y que representó nada menos que el doble comparado con el País Vasco. Por el otro lado, las percepciones económicas de los ciudadanos antes de las elecciones fueron más negativas en Galicia. El 68% de los gallegos consideraban la situación económica mala o muy mala (58% en el País Vasco) y el 41% valoraban negativamente la gestión del gobierno gallego (36% en el País Vasco). En suma, si la economía tiene alguna influencia sobre las elecciones (que por lo general la tiene, y mucho) deberíamos haber visto un mayor desgaste electoral del Gobierno de Feijóo que del de Patxi López.


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Izquierdas, derechas y el debate territorial

Si intentamos utilizar la ideología de los partidos políticos como una manera de predecir cuál será su posición respecto a la descentralización o el federalismo, el resultado será fallido. Un repaso a la experiencia comparada muestra que, más allá de los debates teóricos, la práctica de la descentralización no es patrimonio exclusivo de ningún ámbito ideológico. Los modelos descentralizados y federales han sido utilizados como una suerte de panacea para resolver distintos males institucionales, económicos y políticos, y esa pluralidad de motivaciones se corresponde con la variedad ideológica de los partidos políticos que los han impulsado.

Que la descentralización haya sido defendida tanto por la izquierda como por la derecha también responde al pragmatismo político y a las alianzas electorales de los partidos. Ello explica, por ejemplo, que el primer avance significativo en la corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas se produjera como contrapartida al apoyo parlamentario proporcionado por CiU al Partido Popular en 1997. O, más llamativo aún, que el mayor traspaso de recursos hacia los gobiernos autonómicos (el de la sanidad) y el segundo avance importante en la autonomía fiscal de las regiones se produjera en el 2002, cuando los populares gobernaban con mayoría absoluta.

La polarización del debate territorial que se inició con la aprobación del Estatuto de Cataluña y que se ha intensificado con la crisis económica no parece dejar mucho hueco al pragmatismo político que ha imperado hasta ahora. Esto hace más improbable futuras alianzas entre los partidos conservadores nacionalistas (PNV, CiU) y sus hermanos ideológicos de ámbito estatal (PP). Sin embargo, el verdadero problema no se encuentra en las consecuencias que la polarización tiene en los partidos de derecha, sino en los retos que supone su impacto en la opinión pública para la izquierda, y muy especialmente para el PSOE.

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El voto oculto en el País Vasco

Hace unos días escribía en este artículo que en Cataluña las encuestas electorales han tendido sistemáticamente a subestimar el voto al Partido Popular. El artículo mostraba cómo el PP catalán ha cosechado mejores resultados en las urnas de los que las encuestas le pronosticaban. Una posible explicación a este fenómeno es que los votantes conservadores que simpatizan con el Partido Popular prefieren reservarse sus preferencias políticas y no expresarlas en público.  Algunos expertos han llamado a este fenómeno el voto oculto y el motivo tras el silencio sería el intento de evitar el rechazo social que supone expresar una opinión que no está bien vista para la mayoría de la sociedad. En el caso del PP catalán, su imagen está altamente deteriorada por su pasada vinculación con el franquismo y por ser generalmente tildado de partido anti-catalán. Así, según esta visión, se produciría una especie de espiral del silencio que acaba provocando que las encuestas no reflejen el verdadero estado de opinión de la sociedad.

Pero ¿se trata de un fenómeno exclusivo de Cataluña? En realidad, no. El gráfico 1 muestra cómo esto también ocurre tanto en el País Vasco como en el resto de España. En el caso español, es interesante observar que en realidad han existido dos fases claramente diferenciadas. Durante las primeras dos décadas de democracia, el PP conseguía sistemáticamente más votos que los que vaticinaban las encuestas. Pero a partir de la primera legislatura de Aznar entramos en una segunda fase en la que el voto oculto al PP parece haberse desvanecido. Actualmente, existe un mismo porcentaje de votantes que no declaran su voto en las encuestas entre la izquierda y la derecha. Ciertamente, la normalidad parece haberse instalado en la opinión pública española: los datos indican que si alguna vez ser votante del PP podía ser motivo de ocultación de preferencias, esto ya no ocurre en la actualidad.


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Debates y la niña de Rajoy

Máxima expectación ante el segundo debate presidencial con Obama bajo presión

En época de campañas electorales, suelen haber muchos periodistas, asesores de imagen, expertos en comunicación y tertulianos, entre otros, hablando de la importancia de los aspectos más nimios que suceden en unas elecciones. Cuando se celebra un debate electoral, las discusiones pueden llegar a rozar lo absurdo: que si Nixon iba mal afeitado, que si Bush padre no debía haber mirado el reloj, que si la niña de Rajoy fue una mala idea… posiblemente, estos tres ejemplos sean ciertos y todos se podrían calificar de errores. Pero cabe preguntarse algo mucho más importante y normalmente ignorado: ¿hay alguien que dejara de votar a Rajoy en 2008 por el ejemplo de la niña?

Los debates pueden ser fundamentales por varias razones. Sin ser exhaustivos: 1) Consiguen grandes audiencias: el de 2011 emitido en 17 cadenas lo siguieron más de 12 millones -un 54% de cuota de pantalla. 2) Los votantes podemos conseguir información muy valiosa y de primera mano. 3) Aunque estén muy reglados, hay margen para la improvisación y la espontaneidad (la respuesta de Aznar a González en 1993 cuando después de que este le respondiera varias veces con “... lo que usted quiera y dos huevos duros, que decían los hermanos Marx”, Aznar replicó “Cambie usted de frase porque los huevos duros se le han podrido”). 4) Los ciudadanos recibimos un mensaje sin intermediarios que, por muy importante que sea el ‘post-debate’ y los comentarios de sesudos tertulianos y todólogos, nos permite emitir nuestro propio juicio. 5) En función de cómo se desarrollen, condicionan la agenda y el debate público en los últimos días de campaña (como se desdibujó Pizarro ante Solbes en 2008); 6) Posibilitan la comparación de propuestas electorales.

Pero la pregunta a hacerse no es tanto si el color de la corbata fue o no el adecuado –no conozco a nadie que votara a Rajoy (o a Rubalcaba) por la corbata- sino cuántos votos de más o menos se consiguen. Así, ¿cuántos votantes ganó Romney en su primer debate electoral? ¿Cuántas personas dejaron de votar a Obama por, según todos los sondeos, haber perdido el primer debate? ¿Cuántos de los que se iban a quedar en casa el día de la elección decidirán ir a votar después del debate de anoche? Y las respuestas a estas preguntas son las que no se suelen responder. Pero, supongo que estaremos de acuerdo, para poder afirmar (o negar) que un debate electoral ha sido muy influyente, deberíamos averiguar cuántos electores/votos más (o menos), se lleva un determinado candidato gracias a su actuación en el debate.

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Ajustados económicamente, (des)ajustados políticamente

El prolífico historiador Tony Judt nos enseñó que “como mejor se mide el grado de esclavitud en que una ideología mantiene a un pueblo es en la colectiva incapacidad de éste para imaginar alternativas”. Judt se refería al comunismo. Pero hoy esa misma reflexión es aplicable al “austericismo” en el que vivimos inmersos desde que en mayo de 2010 las autoridades europeas decidieran que la única receta para afrontar la crisis era la “austeridad extrema”.

Demonizado el déficit público y santificado el pago de los intereses de la deuda soberana, el debate en Europa se ha centrado en los recortes sociales  (incluidas, en esta categoría, muchas de las reformas estructurales puestas en marcha). Dos años y medio después del camino emprendido por la Unión Europea, ¿quién se acuerda de que la crisis de origen financiero se inició en Estados Unidos? ¿y que el incremento del déficit público no fue la causa, sino la consecuencia de esa crisis?

Dejando a un lado el hecho de que las políticas de austeridad han convertido la crisis internacional en una crisis europea y están siendo utilizadas para sustituir el modelo social europeo por otro tan “competitivo” como antisocial, es interesante reparar en los “efectos colaterales” que se están produciendo. Especialmente, en los países intervenidos (eufemísticamente rescatados) por la troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo), que son los que más sufren el rigor del “austericismo”.

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¿Por qué se recorta el subsidio del paro y no las pensiones?

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Hace unos días, Victor Lapuente argumentaba en este blog que la política económica del gobierno ha protegido los intereses de una minoría silenciosa beneficiada por la burbuja inmobiliaria, a costa de hacer recortes sociales. No obstante, no todo el gasto social se ha ajustado de la misma manera. En la marea de recortes que España está sufriendo existe un ámbito en el que el PP se ha mostrado tímido: las pensiones. Durante este curso político, Rajoy ha repetido su voluntad de subir las pensiones (si bien por debajo del IPC) para el año próximo. En la entrevista que mantuvo en Antena 3 el pasado 10 de septiembre, Rajoy declaró que en los próximos Presupuestos Generales del Estado habría “dos partidas que suben: el pago de intereses de deuda y las pensiones”, añadiendo que “no tengo ningún interés en modificar las pensiones y no las tocaré, porque es el sector más indefenso".


Es decir, mientras que para Rajoy recortar en la educación de los niños, en la atención sanitaria o en el subsidio de desempleo, no supone afectar a los más indefensos, sí lo sería una bajada en las pensiones. Sobra decir que muchos jubilados y pensionistas viven en condiciones muy difíciles a las que, además, se suman las cargas familiares. Pero tal y como está configurado el sistema en España, dentro de los jubilados existe un grupo considerablemente grande que goza de pensiones relativamente altas en condiciones personales más ventajosas (como una vivienda en propiedad ya pagada).Como no es lo mismo una pensión no contributiva que una pensión de 1600 euros a un jubilado que vive en su piso, el gobierno podría perfectamente recortar las pensiones más altas y subir las más bajas. Recortar en educación, desempleo, sanidad, mientras se mantienen las pensiones, independientemente de su nivel adquisitivo, es una fuente de desigualdad.


La pregunta que surge es por qué el gobierno está dispuesto a recortar en todo antes que hacerlo en pensiones. La respuesta, me temo, no es económica, sino puramente política. Por un lado, las pensiones son un gasto muy visible. Se trata de una transferencia que se realiza periódica y directamente a un grupo de ciudadanos. Es más fácil para un votante percibir el impacto de este recorte que, por ejemplo, el de quitar un profesor en un instituto. Pero más allá de la visibilidad, existe una causa electoral por la que el gobierno de Rajoy es reacio a recortar las pensiones altas. En primer lugar, los jubilados son uno de los sectores sociodemográficos que mejor puede amenazar electoralmente al PP. Cualquier estudio de voto y participación suele arrojar un resultado muy reiterado: los votantes más mayores participan más en las elecciones. Utilizando el barómetro de julio pasado del CIS, el siguiente gráfico muestra el porcentaje en cada una de las categorías socioeconómicas que declaraba que, si hubiera elecciones mañana, no votaría o no sabe si lo haría. A día de hoy los grupos menos abstencionistas son los jubilados y pensionistas, junto con los ciudadanos que realizan trabajo doméstico (en muchos aspectos asimilables a los jubilados, pues está compuesto principalmente de mujeres de edad avanzada que dependen, o dependerán en un plazo corto de las pensiones de sus maridos).

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El giro centralista

En la opinión pública española la máxima aprobación del estado autonómico  se produjo en el año 2007, culminando una tendencia de paulatino crecimiento de su apoyo que el CIS ha medido, con algunas omisiones, desde 1984. En octubre de aquel año el 57% de los entrevistados defendían el statu quo  y solo el 8,6% defendían un estado centralista, su valor más bajo de la historia. Todavía eran menos quienes preferían un estado con derecho  a la independencia, el 6%, aunque un notable pero minoritario 18% favorecían una mayor autonomía.

A partir de 2007 el centralismo ha recuperado terreno; primero lo ha hecho despacio  y, últimamente, con mucha fuerza. El autonomismo, tal y como lo conocemos, dejó de ser un asunto de consenso para la mayoría de los españoles en algún momento entre 2008 y 2009 (difícil de precisar por coincidir con cierto cambio en la formulación de la pregunta por el CIS).  A finales de 2011 cedió otro soporte del equilibrio y  los partidarios de suprimir las autonomías rebasaron en número, por primera vez, a los partidarios de un cambio hacia fórmulas de mayor autogobierno que en la actualidad. El giro se precipita en 2012 y, por fin, desde mediados de este año los partidarios de fórmulas más centralistas que la actual (es decir, quienes querrían ver limitadas o anuladas las autonomías) son más numerosos que los partidarios del estado autonómico vigente. 

En septiembre se acaba de registrar el mayor  apoyo al centralismo observado desde 1984: un 24,5% preferirían un estado  sin autonomías; además,  un 14,5% reduciría el nivel de autogobierno de las comunidades (una opción de respuesta que, con buen criterio, el CIS introdujo en 2009). También se registra el mínimo histórico en cuanto al apoyo al estado autonómico actual, quedándose en el 29,5%, lejos de la mayoría. Aunque con esto último hay que tener cierto cuidado, pues antes de 2009, entre las opciones de respuesta, solo se podía elegir entre mantener o eliminar la autonomía,  además de aumentarla, por lo que la cifra de centralistas puros desciende al introducirse la opción intermedia en ese año.  Una  parte de los que hoy se clasifican como centralistas ma non troppo podrían contarse como partidarios del estado autonómico existente si se les forzara a elegir: puede que entre el 5% y el 10% de la población se sumara a la defensa de ese estado si no hubiera otras alternativas que suprimirlo o ampliarlo.

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¿Se van los españoles? Sí. Y deberíamos preocuparnos

Un 48% de los españoles decían estar dispuestos a trasladarse a vivir a otro país en el Barómetro del CIS de febrero de este año, frente a un 30% de los suecos o el 35% de los alemanes en encuestas similares. Pero del dicho al hecho, hay un trecho, y sólo un 17% confesaba haber pensado realmente en esa posibilidad en los últimos doce meses.

Las intenciones de movilidad son siempre mucho más altas que la movilidad efectiva. Y esto ha sido especialmente cierto en países como España, donde la escasa movilidad geográfica interna de la fuerza de trabajo ha sido sistemáticamente baja. Con respecto a la migración internacional, nuestros datos son imperfectos, aunque no más que los de muchos otros países desarrollados. El problema fundamental en este caso reside en que sólo nos consta que un español se ha trasladado al extranjero si la persona en cuestión se inscribe en alguno de los Consulados de España en su nuevo país de residencia. Y como los perjuicios derivados de no inscribirse son escasos, salvo en lo que respecta a la posibilidad de ejercer el voto por correo o las dificultades para renovar el pasaporte, muchos no se inscriben nunca porque su estancia es relativamente breve, o tardan meses, incluso años en hacerlo.

De hecho, las cifras de emigración española al extranjero que proceden de tales inscripciones consulares cubrieron entre 2009 y 2011 sólo el 50 ó 55% de las cifras de inmigración española de larga duración (con intención de residir un año o más) publicadas en países como Reino Unido o Suiza. Parece evidente por tanto que el sub-registro es importante. O dicho de otro modo, la tasa de emigración de españoles al exterior que fue inferior al 1‰ hasta 2010, del 1,2‰ en 2011 y, de acuerdo a las estimaciones del primer semestre de 2012, podría sobrepasar el 2‰ a final de año, es muy probable que sea en realidad del doble o más. Es decir, una tasa en torno al 4 ó 5‰, que nos pondría en niveles cercanos a los que tenían a finales de 2010 países como Grecia (3,8‰) o Irlanda (6,8‰), países que padecían ya por entonces la crisis con una intensidad similar a la que podemos estar sufriendo nosotros ahora (Gráfico 1).

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Fuera de foco: sobre la reforma educativa

Es inevitable. Reforma educativa y polémica coinciden en el tiempo. La intensidad del descontento depende, entre otras cosas, de la carga ideológica del cambio propuesto. Cuando una reforma educativa ataca la igualdad de género permitiendo la separación de niños y niñas, adultera la educación cívica o recentraliza parte del contenido del currículo, se dan las condiciones para la tormenta perfecta. Por su visión fuertemente normativa de la organización social, el anteproyecto de reforma educativa que se presentó en septiembre entra en estos ámbitos como un elefante en una cacharrería. En nada ayuda todo esto a mejorar la calidad de la educación y crispa a los ciudadanos más alejados de ciertos credos.

Sin embargo, la irritación no debe impedir la reflexión pausada sobre las medidas que propone la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) para conseguir el fin que promete en su nombre. El conocimiento científico sobre la calidad de la educación y la equidad con la que se distribuyen títulos y competencias en las sociedades avanzadas puede asistirnos. Las expansiones educativas que democratizaron el acceso a la educación secundaria no desvincularon los logros educativos de la influencia del contexto familiar. Así se comprendió que hay dos bloques de procesos que determinan las trayectorias de los individuos. El primero genera el tipo de desventaja que complica el aprendizaje. El segundo hace depender la decisión de abandonar el sistema educativo del entorno socioeconómico de las familias. Por ejemplo, a igualdad de rendimiento, la posibilidad de fracasar en la universidad es un reto mayor para las clases menos favorecidas por el coste de oportunidad que supone retrasar la incorporación al mercado laboral y, en un país como España, por la carencia de capital social que complica el acceso a las ocupaciones más atractivas.

Los problemas de aprendizaje parecen ser más determinantes. Las causas del fracaso escolar son tempranas (lo aprendido antes de la educación secundaria), aunque su manifestación sea tardía. La receta óptima para conciliar los principios de calidad y equidad aconseja concentrar esfuerzos e inversión pública en la educación preescolar y primaria (algo no abordado en la LOMCE). Hacerlo en tramos posteriores es una opción proporcionalmente menos redistributiva. Es razonable pensar que esto garantizaría el éxito de los estudiantes más capaces en condiciones justas, es decir, neutralizando tanto el efecto desigualador de las desventajas que imponen tanto los contextos menos favorecidos como las enormes ventajas de que disfrutan los hijos de las clases altas. El talento está en todas partes, y hay que seleccionar a los mejores en todos los segmentos de la estructura social.

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Chile: el regreso del debate constituyente

Por más de tres décadas, Chile se ha regido por las instituciones diseñadas durante la dictadura del general Pinochet. La transición democrática fue resultado de un pacto que implicó mantener, en lo sustantivo, el orden jurídico consagrado en la Constitución de 1980. Desde entonces, la discusión sobre el ordenamiento jurídico ha permanecido latente dentro de la sociedad chilena y hoy ha recobrado un nuevo ímpetu. En los últimos meses, el debate por cambios estructurales ha sido particularmente acentuado dentro de la Concertación, coalición de centro-izquierda que administró el poder hasta la llegada de Piñera, y que tiene en la ex presidenta Michelle Bachelet la primera opción para volver al gobierno el año 2014.

¿Por qué el debate constituyente aún persiste en Chile?

El marco jurídico chileno es uno de los mejores ejemplos en el mundo de un deliberado y controlado diseño institucional. Su propósito fue, por una parte, proteger el legado económico del gobierno militar, y por otra, prevenir el resurgimiento de la polarización e inestabilidad política. En el primer ámbito, la Constitución chilena no es neutral en una serie de materias económicas sino que, por el contrario, privilegia la economía de libre mercado y da preeminencia a lo privado por sobre lo público. El Estado es relegado a un rol subsidiario, es decir, sólo actúa en materias donde los privados no pueden o no quieren intervenir. En el terreno político, las leyes chilenas limitan los mecanismos de democracia directa, imponen altos quórum de reforma legal y consagran un sistema electoral con severos problemas de competencia y representatividad.  

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