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La culpa en política

No somos neutrales a la hora de señalar quién es el responsable de las políticas públicas: tendemos a exonerar a quienes identificamos como “los nuestros” y a señalar como responsables a quienes no se encuentren entre esos grupos de referencia.  

En España la atribución de responsabilidades sobre los resultados de las políticas públicas es compleja porque existen distintos niveles de gobierno. 

En sanidad y educación, dos políticas mal valoradas por los ciudadanos, la asignación de responsabilidades se convierte en una atribución de culpa y, como tal, está sesgada por nuestras preferencias políticas

En política, culpar significa atribuir la responsabilidad por algo que no salió bien. La psicología social caracteriza la asignación de responsabilidades como un comportamiento sesgado. Esto significa que no somos neutrales a la hora de señalar quién es el responsable de qué: tendemos a exonerar a quienes identificamos como “los nuestros” - sea el partido, la raza, o la nación – y a señalar como responsables a quienes no se encuentren entre esos grupos de referencia.  

Estos sesgos de grupo lastran el funcionamiento de la democracia porque debilitan el mecanismo que disciplina a los gobernantes, que consiste en identificar primero al responsable de los resultados de las políticas y luego castigarle o premiarle en las urnas. Si de entrada falla la identificación de la responsabilidad, entonces los políticos dejan de cosechar lo que siembran, porque se produce un cortocircuito entre lo bien o mal que lo hacen y su resultado en las urnas.

En la asignación de responsabilidades no sólo influyen los sesgos de grupo. También es importante el conocimiento sobre qué nivel de gobierno o qué instituciones están implicadas en cada política. En España, como en cualquier sistema de gobierno descentralizado, esta tarea es más complicada porque distintos niveles de gobierno – nacional, regional y local –participan en el diseño, financiación y provisión de las políticas públicas. De hecho, comparando los datos publicados por el CIS en el Barómetro Autonómico del 2012 con datos de una encuesta realizada durante la última semana de Mayo de 2018 puede observarse (ver Gráfico 1) que en la actualidad los ciudadanos se equivocan más (y no menos) en la asignación de responsabilidades a los gobiernos autonómicos. Esto ocurre porque para todas las políticas el gobierno central es percibido como más responsable que en 2012[1]. 

Gráfico 1. Atribución de responsabilidades 2012 y 2018.

Grafico1

Fuente: Barómetro autonómico del CIS (2012) y encuesta Netquest (2018)

  

¿Pueden los sesgos de grupo explicar estos resultados? Para responder a esta pregunta me centraré en la atribución de responsabilidades sobre dos políticas que están en manos de los gobiernos autonómicos, sanidad y educación, con los datos de encuesta de Mayo de 2018.

Sanidad y educación aparecen mal valoradas por los ciudadanos. Solo un 6,4% de quienes valoran la sanidad y un 3,8% de quienes valoran la educación creen que durante el último año estas políticas han ido a “Mucho mejor” o “Algo mejor” (frente a casi un 60% que considera que la sanidad ha evolucionado a “Mucho peor” o “peor” y un 61% en el caso de la  educación). Siendo así, la asignación de responsabilidades sobre estas políticas se convierte en la asignación de culpa (sobre un mal resultado). Y esa asignación cabe esperar que esté determinada tanto por el grado de información que los ciudadanos tienen sobre el Estado Autonómico (quienes estén más informados sobre política o tengan un mayor nivel de formación dirán con más frecuencia que es el gobierno regional el responsable) como por los sesgos políticos.

Centrémonos en los sesgos. La identificación con un partido político puede ser un buen predictor de la asignación de responsabilidades. Por ejemplo, quienes más se identifiquen con el partido en el nivel autonómico serán más propensos a atribuir la responsabilidad por una política que no funciona bien otro nivel de gobierno (atribuyéndole la responsabilidad sobre los resultados en sanidad). Y al revés: quienes más se identifiquen con el partido en el gobierno central tendrán una probabilidad mayor asignar la responsabilidad al nivel de gobierno menos preferido (regional o local).

En el gráfico 2 puede verse el efecto del nivel educativo en la probabilidad de asignar la responsabilidad sobre la sanidad y educación al gobierno autonómico (controlando por otros factores[2]). Como puede observarse en los dos casos, el nivel de formación importa para “acertar” el nivel de gobierno que posee la competencia en sanidad: a mayor nivel educativo, mayor es la probabilidad de asignar la responsabilidad de la educación o la sanidad a la Comunidad Autónoma. 

Gráfico 2. Probabilidad de atribuir Sanidad y Educación a la CA por nivel educativo

Grafico2

Fuente: encuesta Netquest Mayo 2018

 

Sin embargo, los sesgos políticos también tienen un efecto importante sobre la atribución de responsabilidades. Como puede verse en el gráfico 3, cuanto mejor es la valoración del funcionamiento de la Comunidad Autónoma (que utilizo como una variable proxy para medir la valoración del gobierno autonómico), menor probabilidad de culpar al gobierno regional de la sanidad. Y al revés si se toma como variable la valoración del funcionamiento del gobierno central (gráfico 4). 

Gráfico 3. Probabilidad de atribuir Sanidad y Educación a la CA según valoración funcionamiento de la CA

Grafico3

Fuente: encuesta Netquest Mayo 2018

 

Gráfico 4. Probabilidad de atribuir Sanidad y Educación a la CA según valoración funcionamiento del gobierno central

Grafico4

Fuente: encuesta Netquest Mayo 2018

 

En definitiva, este análisis sobre cómo asignamos responsabilidades sobre los resultados de las políticas muestra que el mecanismo esencial para controlar a los gobiernos (identificar qué responsabilidad tienen sobre las políticas para luego castigarles o premiarles en las urnas) está sesgado por nuestras preferencias políticas. La polarización política puede contribuir a activar esos sesgos, una cuestión que probablemente explique el actual patrón de atribución de responsabilidades.

[1] El resultado del Gráfico 1 es llamativo. Uno esperaría que a medida que pasa el tiempo y se consolida el Estado Autonómico los ciudadanos mejoren su conocimiento sobre las responsabilidades que tienen asignadas los gobiernos regionales. Por ejemplo, hace más de tres lustros que se descentralizó la Sanidad a lo que entonces se llamaba “territorio Insalud” (las diez Comunidades Autónomas que recibieron la competencia en 2001). Sin embargo, a día de hoy existe un 58,8%  de ciudadanos que cree que la responsabilidad de que las cosas vayan bien o mal en esta política es principalmente del gobierno central. 

[2] Modelo de regresión logística donde la variable dependiente es 1 cuando se asigna la responsabilidad al gobierno autonómico y cero cuando se asigna al gobierno local o central. Variables explicativas: valoración funcionamiento de la CA (0-10), valoración funcionamiento del gobierno central (0-10), nivel educativo (1-8). Controles: identidad regional, simpatía hacia el Partido Popular, valoración de las competencias de las Comunidades Autónomas, género, edad y grado de conocimiento objetivo sobre política.

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