Desde 2012 ha habido casi 1600 masacres en Estados Unidos, lo que supone una media de más de una diaria. Se trata de un número altísimo, en comparación con cualquiera de los países occidentales. ¿A qué se debe tal cifra? ¿Es posible determinar las causas de esta epidemia de violencia armada?
Sí, es posible. La principal variable que explica este dato es el número de armas en manos de civiles, que concentra en EEUU la mitad de todas las existentes en el mundo. Más de 300 millones. Se dice pronto.
Ahora bien, ello no significa que todos los ciudadanos estadounidenses posean armas. De hecho, son solamente un tercio del total que, sin embargo, tienen de media 8 armas de fuego, con gran variabilidad entre los distintos estados. En este sentido, los datos son claros y las correlaciones significativas. Los estados con más proliferación de armas tienen más muertes debido a la violencia armada. Y lo mismo ocurre a nivel internacional. Es decir, los países donde la población posee más armas también son aquellos con un número más elevado de fallecimientos por esta causa.
Diversos son los factores que contribuyen a justificar el derecho y la necesidad de estar armados, como la influencia del famoso lobby de las armas o una cultura relacionada con los mitos fundacionales del país. Ello se traduce en la ausencia de una regulación suficientemente estricta en este campo, a pesar de que existe una legislación tanto a escala federal como estatal que regula la tenencia. La enorme variación a este respecto se refleja de nuevo en las estadísticas. Así, los estados con las leyes más permisivas y con mayor número de propietarios de armas son también aquellos con un mayor número de muertes por violencia armada.
Hablamos de violencia armada y no exclusivamente de matanzas o tiroteos porque el problema es mucho más amplio y afecta a otros ámbitos de la sociedad, como la violencia doméstica. De hecho, la mayoría de las muertes debidas a armas de fuego son por suicidio. Sabemos que el acceso a las armas aumenta la posibilidad de que se intente, así como de que su desenlace sea fatal. De nuevo, aquellos estados en los que hay un mayor número de armas de fuego son también los que lideran el ránking de sucidios.
Redondeando las cifras, en Estados Unidos se producen 20.000 suicidios al año, 10.000 homicidios y 500 muertes por accidentes. Otro dato para reflexionar tiene que ver con el uso de las armas de fuego por parte de la policía, que ha acabado con la vida de casi 3000 personas desde mayo.
Pero volvamos a las masacres. En los últimos años la mayoría de ellas se han producido con el mismo tipo de arma, los conocidos como rifles de asalto. Se trata de modelos muy similares a los usados por los soldados de infantería de cualquier ejército del mundo. Sin embargo, están considerados como material de caza o incluso deportivo. Por ello, se pueden comprar con normalidad en grandes almacenes y tiendas deportivas. Son armas semiautomáticas que, sin embargo, se pueden transformar en armas automáticas con un sencillo mecanismo que se llama en inglés bump stock. Se calcula que en el tiroteo de Las Vegas hace poco más de un mes y en el que murieron 59 personas, se produjeron 90 disparos en 10 segundos. En otras palabras, estamos hablando de un arma de guerra.
Como decíamos, los requisitos para comprar varían en cada estado y en algunos lugares son prácticamente inexistentes, como por ejemplo en las ferias de armas. En febrero de este año, Trump derogaba sin hacer mucho ruido una ley aprobada por Obama mediante la que se evitaba la venta de armas a personas con problemas de salud mental, uno de los aspectos fundamentales en este tipo de regulación y que forma parte de los controles sobre los antecedentes del comprador que deben realizarse en cualquier transacción. Este cambio legislativo habría afectado a unas 80.000 personas.
Mencionábamos también que se trata de un tema cultural. A diferencia de prácticamente cualquier otro país del mundo (a veces se pone en la misma lista a Yemen, México, Guatemala o incluso Israel en el caso de las colonias), en Estados Unidos se considera que tener armas no es un privilegio para policías y militares, sino un derecho de cualquier ciudadano, recogido en la Constitución. Teóricamente es un tema transversal que va más allá de las ideologías de izquierdas y derechas. Así, grupos como la Asociación Nacional del Rifle (ANR) financian las campañas electorales de un gran número de candidatos republicanos y demócratas, aunque es evidente que hay más defensores del control de la venta de armas entre los políticos demócratas.
Se calcula que la ANR tiene cinco millones de socios, muchos de ellos disciplinados, de manera que sus campañas para enviar cartas a los representantes políticos suelen ser efectivas. Además, realizan un constante trabajo de lobby en Washington, pero también en el ámbito internacional. En este sentido, recuerdo la época de las negociaciones del tratado sobre comercio de armas (que el gobierno de Obama firmó, pero no ratificó) en las que cada delegación diplomática tenía derecho a incluir entre sus miembros a representantes de la sociedad civil. Pues bien, sistemáticamente, en el caso de EEUU los representantes de la sociedad civil eran miembros de la ANR y grupos afines.
Estos grupos afirman defender a los cazadores y tiradores deportivos, y niegan tener conexión con la industria armamentística. Sin embargo, sorprende que los argumentos que usan unos y otros sean prácticamente idénticos. Cuando ocurre una masacre, el mensaje principal que buscan transmitir es que no existe ningún tipo de relación entre dicha masacre y las armas. “Son las personas las que matan, no las armas.” Es más, “si los fallecidos hubiesen tenido más armas, se hubiera podido evitar la tragedia”. Se trata de argumentos falaces, que se desmontan con facilidad. Aún así, buena parte de la sociedad norteamericana los apoya, en parte porque resuenan con sus creencias y con los mitos fundamentales del país, que incluso les llevan a considerar que forman parte de su identidad.
¿Hay esperanza? En el pasado, todo cambio legislativo hacia un mayor control de la venta de armas tuvo lugar tras sucesos dramáticos relacionados con la violencia armada. En 1934, poco después de los años dorados del gangsterismo, se firmaba la National Firearms Act, que prohíbe a los civiles tener metralletas, una regulación que dependía (y sigue dependiendo) de la oficina federal de alcohol, tabaco y armas. En la década de los años 60 en la que diversos líderes políticos fueron asesinados (Marin Luther King y Kennedy, entre otros) se consiguió aprobar una ley importante, que estuvo en vigor entre 1968 y 1986. Más recientemente, como consecuencia de una masacre en una escuela de California en 1989, se firmó una nueva ley específicamente sobre los rifles de asalto, que estuvo en vigor entre 1994 y 2004. Desde entonces, todos los intentos de volver a legislar sobre este tipo de armas han fracasado, a pesar de la gran cantidad de matanzas que ha habido en estos años.
Es decir, que incluso cuando se abre una ventana de oportunidad y el tema vuelve a la agenda mediática, pocas veces consigue concretarse en un cambio de políticas efectivo. En parte, ello se debe a que la opinión pública de EEUU se halla dividida prácticamente al 50% (se trata de un porcentaje que permanece estable en los últimos diez años) entre aquellos que son partidarios de mayores controles y quienes son contrarios en general a cualquier regulación de la venta de armas. Esta cursiva no es baladí. De hecho, aunque muchos ciudadanos estadounidenses afirman querer proteger su derecho a tener armas, también son partidarios de gran parte de medidas políticas concretas, como aumentar los controles en las ferias de armas o prohibir los rifles de asalto. Salvando las distancias, se trata de algo parecido a lo que ocurre con las reformas en sanidad, cuando los mismos ciudadanos que se muestran en las encuestas contrarios a la conocida como Obamacare son en realidad partidarios de muchas de las medidas sobre sanidad que incluye esta legislación.
Paradójicamente, una consecuencia del mayor debate público acerca de estas cuestiones es el aumento de la venta de armas, sobre todo de los rifles de asalto, por miedo a que sean finalmente prohibidos.
En resumen, pese a la rotundidad de los datos, se trata de un asunto complejo que tiene que ver con la idiosincrasia de una parte de la sociedad estadounidense y cuya solución no se atisba en el corto plazo. Quizás, como consecuencia de los últimos sucesos acaecidos surja de nuevo una nueva oportunidad de afrontar el problema desde la raíz.
