Una de las palabras que, desde el inicio de la crisis, más se ha repetido en España en el debate público es prioridad. En un contexto marcado por una espiral creciente de recortes sociales, la clase política ha llamado la atención sobre lo que es y no es prioritario. En el sector público, en una primera etapa, se trataba de ser más eficientes para producir más, con menos. Una vez eliminado lo superfluo había que reducir los gastos corrientes y de personal, frente a gastos de inversión. Posteriormente y cuando tocó reducir las partidas en las que se sustenta el Estado de bienestar, el objetivo era hacerlo con el menor impacto social posible, especialmente para no perjudicar a los colectivos más vulnerables. El mismo esquema discursivo podría aplicarse a las medidas adoptadas para aumentar los ingresos de las arcas públicas.
Obviamente, la consideración de lo que es y no es prioritario en un momento de estrecheces, varía en función de si se está en el gobierno o en la oposición. Por definición, el partido que está en el gobierno se centra en lo prioritario y a lo hora de tomar medidas impopulares lo hace con criterios de equidad, mientras que, para la oposición, el partido en el gobierno equivoca sus prioridades y actúa sin criterios de justicia social. Si bien todos -ya estén en el gobierno o en la oposición, se ubiquen en la derecha o en la izquierda- insisten en que las personas (y, en particular, las que peor lo pasan) son siempre lo primero.
Sin embargo, llama la atención la poca repercusión política que ha tenido el último informe (VII) del Observatorio de la Realidad Social presentado por Cáritas en el que se alerta sobre las consecuencias que está teniendo la crisis en el aumento de la pobreza, la desigualdad y la injusticia social. Entre 2007 y 2011 las personas que han acudido a Cáritas para poder hacer frente a sus necesidades más básicas (como es comer) han pasado de ser 370.251 a más de 1.000.000. El “proceso sostenido de destrucción de empleo”, junto a la “consolidación de la reducción y agotamiento de las ayudas de protección social”, explican por qué en cuatro años casi se ha triplicado el número de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
Desde hace tiempo, todos los indicadores (aumento de los parados de larga duración y del número de hogares con todos sus miembros en paro; incremento del número de desahucios; aumento del número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza; profundización de la brecha entre ricos y pobres) apuntan en la misma (preocupante) dirección: aumenta la desigualdad social y el riesgo de exclusión social en España. Un problema al que, más allá de las críticas que se puedan hacer, pusieron rostro las imágenes de este verano de los robos, liderados por el alcalde de Marinaleda, en los supermercados.
Si hoy estamos casi en una situación de emergencia social y ésta puede ir a peor (dada las sombrías perspectivas que todavía se ciernen sobre la evolución futura de la economía española), cabe plantearse las siguientes preguntas:
- ¿Por qué los poderes públicos no conceden una atención prioritaria al problema de la pobreza y la exclusión social? En el Congreso, por ejemplo, ¿por qué no se crea una subcomisión, dentro de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para analizar, con expertos, esta cuestión y elaborar un plan de acción creíble? Los problemas del sector financiero ya han supuesto la creación de dos subcomisiones (una sobre la reestructuración bancaria y, otra, sobre la transparencia de los productos financieros e hipotecarios) dentro de la Comisión de Economía y Competitividad.
- ¿Por qué no se celebra en el pleno del Congreso un debate monográfico sobre el impacto social que está teniendo la crisis? Un debate al que sería conveniente sumar otro más: ¿cómo vamos a crear empleo, una vez que la crisis y la austeridad han destruido gran parte del tejido productivo?
- ¿Por qué todas las fuerzas con representación parlamentaria no firman un pacto de estado para combatir la pobreza y hacer frente a la desigualdad social?
Puede parecer un contrasentido que en un momento en el que se recortan las prestaciones sociales y se suprimen derechos sociales, pidamos a los responsables políticos que den respuesta a los perniciosos efectos sociales que está generando la crisis y, sobre todo, las medidas de austeridad y ajustes impuestos. No obstante, sus respuestas son imprescindibles. Puede que, desde algunos sectores, se diga que no toca ahora hablar de la desigualdad social en España, porque eso nos hace más pobres y más vulnerables a los ataques de los mercados por su desconfianza de la marca España. Pero el silencio sólo nos llevará, como algunos quieren, a la sustitución del Estado de bienestar por un Estado asistencial. Y ello no impedirá, además, que desde otros rincones del mundo se tenga conocimiento de cuál es la realidad social española (con reportajes como el publicado por el diario estadounidense The New York Times: “In Spain, Austerity and Hunger”.
