Piedras de papel es un blog en el que un grupo de sociólogos y politólogos tratamos de dar una visión rigurosa sobre las cuestiones de actualidad. Nuestras herramientas son el análisis de datos, los hechos contrastados y los argumentos abiertos a la crítica.
Cualquier cargo público está expuesto a la tentación de corromperse, es decir, de obtener un beneficio privado a partir del ejercicio de su responsabilidad pública. Este beneficio puede tomar la forma de una comisión ilegal a cambio de otorgar un contrato a una empresa, un apartamento gratis a cambio de dar una licencia de obra irregular, o directamente dinero robado de la caja pública (a lo Luis Roldán[1]).
Ante esta tentación constante, se plantea el debate de cómo diseñar instituciones que disuadan a los políticos de involucrarse en corrupción. El objetivo es que el político concluya que “la corrupción no merece la pena”. Para ello son necesarios dos mecanismos complementarios: transparencia y castigo. Transparencia para que los comportamientos ilícitos sean identificados. Castigo para que la corrupción tenga costes para el propio político.
Los Tribunales de Cuentas tienen un gran potencial para contribuir a la lucha contra la corrupción. Una de sus funciones principales es la de auditoría, es decir, de examinar si el comportamiento de los cargos públicos se ajusta a las leyes. De este modo, un Tribunal de Cuentas con un programa ambicioso de auditorías puede fomentar la transparencia de manera notable. Además, los informes de un Tribunal de Cuentas pueden ser el punto de partida para que el político sea castigado. La información que se contiene en el informe puede ser la base que desencadene una investigación policial y un procesamiento judicial.
A nivel comparado, destacan los programas de auditoría que se desarrollan en México, Puerto Rico o Brasil. El programa de auditorías de municipios en Brasil es el más conocido y posiblemente uno de los más eficaces. Lo ha llevado a cabo la Controladoria Geral da Uniã y presenta las siguientes virtudes:
1) Los municipios a auditar en cada periodo se deciden por sorteo. Esto tiene dos ventajas. Primero, elimina la discrecionalidad y el sesgo partidista en la selección de los municipios. Segundo, dado que la selección es aleatoria, los municipios no saben con antelación que van a ser auditados. Por tanto, no pueden prepararse para la auditoría y maquillar su comportamiento.
2) El contenido de las auditorías es muy ambicioso. Para cada municipio fiscalizado, se examina la gestión de las transferencias obtenidas del gobierno federal. No sólo se hace una comprobación contable, sino que se examina si la ejecución de las obras y los servicios financiados con estas transferencias responden a los objetivos.
Pongamos un ejemplo. En el año 2008, uno de los municipios seleccionados por sorteo para ser auditados es Ipiaçú, en el Estado de Minas Gerais. Uno de los apartados que se fiscalizan es una transferencia del Ministerio de Deportes para la construcción de equipamiento deportivo. Los auditores comprueban que más de un año después de recibir la transferencia, el equipamiento no está construido y lo documentan con la siguiente fotografía tomada por personal de la Controladoria:
Esta fiscalización ambiciosa de la Controladoria contribuye significativamente a la transparencia pública y permite identificar comportamientos sospechosos de ser corruptos. Además, sirve de base para que los políticos rindan cuentas por su comportamiento. Se ha demostrado que, cuando los auditores brasileños identifican corrupción, la administración local es penalizada con una congelación de las transferencias, lo cual tiende a dañar las perspectivas de reelección del alcalde. Además, con cierta frecuencia las auditorías negativas dan lugar a acciones legales. Esta combinación de transparencia y castigo ha favorecido reducciones en los niveles de corrupción local en Brasil. Como muestra el trabajo realizado por los economistas Avis, Ferraz, y Finan, existe evidencia empírica de que los niveles de corrupción disminuyen en los municipios que han sido auditados[2].
Sin llegar a los niveles de Brasil, los municipios españoles también están afectados por la corrupción. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas español no está aún a la altura de la labor de fiscalización que realizan algunos de sus homólogos en otros países. En primer lugar, hay sospechas de falta de neutralidad política, ya que algunos de sus consejeros tienen vínculos con partidos políticos. Margarita Mariscal de Gante, por ejemplo, fue ministra en el primer gobierno de Aznar y diputada por el PP. Otro de sus consejeros, Manuel Aznar, es hermano del expresidente José María Aznar. En segundo lugar, hay denuncias recurrentes de enchufismo en la selección de personal del propio Tribunal[3], lo cual genera dudas sobre la eficacia del organismo para auditar. En cuanto a la propia función de auditoría, no hay una selección aleatoria de las administraciones a fiscalizar, con lo cual hay espacio para el sesgo partidista en la determinación de qué organismos deben ser auditados. Asimismo, las auditorías a realizar se anuncian con meses de antelación, lo cual puede dar tiempo a que las administraciones afectadas se preparen y oculten irregularidades[4].
Es por tanto oportuna una reforma del Tribunal de Cuentas. En línea con las mejores prácticas internacionales se debería reforzar su independencia, aumentar la ambición de su programa de fiscalización, y fomentar la selección transparente de las administraciones que deben ser auditadas. Los ciudadanos, sea cual sea nuestra ideología, saldremos ganando.
[1] Para los millennials: Luis Roldán fue director general de la Guardia Civil en los años 80 y 90. Fue protagonista de uno de los más sonados escándalos de corrupción de la democracia. Fue condenado, entre otras razones, por robar dinero de los fondos reservados. https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Roldán
[2] Eric Avis, Claudio Ferraz, y Frederico Finan. 2018. “Do Government Audits Reduce Corruption? Estimating the Impacts of Exposing Corrupt Politicians.” Journal of Political Economy. Pendiente de publicación.
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