AI: Activistas en Perú y Paraguay criminalizados por defender medioambiente

La organización Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que autoridades de Perú y Paraguay están usando “despiadadas campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos penales infundados” contra activistas ambientales y de derechos relacionados al acceso a la tierra.

En un nuevo informe publicado hoy en su oficina regional, con sede en Ciudad de México, AI exigió a las autoridades de ambos países “dejar inmediatamente de usar indebidamente sus sistemas de justicia penal” para perseguir a personas defensoras de los derechos humanos, obstruir su labor y asustarlas para que guarden silencio.

“Quienes alzan su voz con valentía para defender sus tierras y el medioambiente son atacados a menudo por su labor”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

Añadió que “estos ataques tienen un impacto devastador en su bienestar físico, mental y emocional, así como en el de sus familias y comunidades”.

Guevara Rosas pidió que en lugar de criminalizar a personas por defender sus tierras y recursos naturales “ambos Estados deben tomar medidas oportunas y eficaces para protegerlas”.

En el documento “Una Receta Para Criminalizar: Personas Defensoras del Ambiente, el Territorio y la Tierra en Perú y Paraguay” se señala cómo las autoridades utilizan el acoso, la estigmatización y tácticas de intimidación para obstruir los esfuerzos comunitarios dirigidos a proteger sus derechos a la tierra o sus recursos hídricos.

La organización señaló que la mayoría de las amenazas y ataques que ha documentado en los últimos años contra personas que defienden los derechos humanos en las Américas “se dirigieron contra comunidades u organizaciones dedicadas a defender los derechos relacionados a la tierra, territorio y medioambiente”.

El informe revela que las autoridades de Paraguay “someten a líderes de las comunidades a campañas difamatorias, desalojos forzosos y procesos judiciales infundados” para impedir que lleven a cabo pacíficamente su trabajo y disuadir a otras personas de denunciar injusticias.

También documenta cómo las autoridades de Perú “estigmatizan a las personas defensoras de los derechos humanos”, recurriendo incluso al uso de fuerza excesiva e innecesaria contra quienes se manifiestan contra proyectos mineros.

AI pidió a las autoridades de Perú y Paraguay que “reconozcan públicamente la legitimidad del trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos” en estos temas y que dejen de usar indebidamente el sistema de justicia para hostigarlos y desacreditarlos.

También les solicitó que se identifiquen y sean sobreseídas todas las actuaciones penales infundadas contra ellos y que investiguen y pongan a disposición judicial a todos los responsables por amenazarlos y atacarlos.

Además dijo que ambos Estados deben incorporar consideraciones de género y etnicidad en las políticas públicas para proteger a quienes defienden los derechos humanos, y tomar medidas para combatir las causas estructurales de la violencia contra estas personas, incluidas la impunidad, la estigmatización y la discriminación.