AI pide dar asilo a los eritreos que huyen de un servicio militar indefinido

Amnistía Internacional (AI) exigió hoy dar refugio a los jóvenes eritreos que abandonan el país huyendo del servicio nacional “indefinido”, un sistema de trabajo militar obligatorio de 18 meses que, en la práctica, llega a prolongarse durante décadas.

El informe hecho público hoy por la organización revela que muchos jóvenes eritreos se ven obligados a permanecer en este servicio militar en función de la voluntad del Gobierno del dictador Isaias Afewerki.

Los convocados a este servicio militar, que consiste principalmente en la realización de trabajos forzados, van desde menores de 16 años hasta personas de avanzada edad, según el estudio de AI, titulado “Solo desertores: Por qué el servicio nacional indefinido en Eritrea ha creado una generación de refugiados”.

El temor a verse atrapados de por vida en el servicio nacional indefinido ha empujado a una gran parte de la población eritrea al éxodo, hasta convertirse en el tercer país que mayor número de refugiados envía a Europa.

“Las circunstancias de los reclutas eritreos es desesperada” y, por tanto, no se trata de “inmigrantes económicos”, como sostienen algunos países europeos para denegar su asilo, puntualizó la directora adjunta regional de Amnistía Internacional, Michelle Kagari.

Basado en entrevistas con 72 eritreos que huyeron del país desde mediados de 2014, el informe arroja nueva luz sobre las duras circunstancias a las que se enfrentan los reclutas y los brutales métodos utilizados por los militares.

Algunos de los entrevistados habían pasado hasta 15 años cumpliendo el servicio nacional, otros tenían maridos y padres a los que llevaban 20 años sin ver, desde que fueran reclutados.

Cuando varios miembros de la misma familia son convocados, se les destina a distintas ubicaciones; rara vez se conceden permisos para volver a casa y, si alguien escapa, se encarcela a sus parientes.

El servicio militar obligatorio también tiene graves consecuencias sobre la infancia: los niños dejan la escuela antes de tiempo para no ser convocados, las niñas son obligadas a casarse con la esperanza de que no sean reclutadas y otros menores se convierten en padres de familia en ausencia de sus progenitores.

Además de la brutalidad en los trabajos y el tiempo que dura el confinamiento militar, el salario que los eritreos perciben a cambio, de 450 a 500 nakfa al mes (de 43 a 48 dólares), ni siquiera les permite satisfacer las necesidades básicas de una familia.

Quienes son capturados tras haber intentado huir son tiroteados si se les detecta cruzando la frontera o recluidos, a veces de forma indefinida, en celdas subterráneas o contenedores de transporte. La misma suerte corren quienes son deportados desde Europa.

El Gobierno de Eritrea justifica el servicio nacional en sus necesidades de defensa frente a la vecina Etiopía, con la que mantiene un enquistado conflicto de fronteras.

Sin embargo, muchos de los llamados a este servicio realizan funciones civiles, incluyendo la agricultura, la construcción, la enseñanza y la administración pública.

Amnistía Internacional exigió a Eritrea que ponga fin a este servicio militar y pidió a la comunidad internacional que reconozca que este sistema entraña una grave violación de los derechos humanos.