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AI confía en que nuevo presidente de Cuba abrirá espacios para el diálogo

AI confía en que nuevo presidente de Cuba abrirá espacios para el diálogo

EFE

México —

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Amnistía Internacional (AI) confió hoy en que la llegada de un nuevo liderazgo a Cuba abrirá espacios de diálogo, un primer paso para resolver restricciones sobre libertad de expresión y asociación en la isla que repercutirán en otras áreas de los derechos humanos.

El 19 de abril terminará el mandato de Raúl Castro como presidente del Gobierno cubano y todo apunta a que su lugar será ocupado por el primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel, un ingeniero de 57 años, personaje en el que están puestas las esperanzas de un posible cambio y apertura.

“Sí se pueden resolver las restricciones que hemos visto, por mas de 50 años, sobre libertad de expresión y asociación, veremos avances en otras áreas de derechos humanos”, explicó hoy en entrevista a Efe Louise Tillotson, investigadora para el Caribe de AI, día en que se publica el informe “Transformar el enfrentamiento en diálogo. Una agenda de derechos humanos para Cuba”.

La investigadora señaló que AI tiene “la esperanza de que este cambio en el liderazgo de Cuba, significativo a nivel simbólico e histórico, sea una oportunidad para amplificar el diálogo entre todas las voces”.

Calificó la transición como “una oportunidad histórica” para transformar en un diálogo lo que ha sido tradicionalmente una confrontación entre voces de los disidentes y críticas.

Recordó que la ONG que representa tiene más de 50 años documentando restricciones a la libertad de expresión en la isla, las cuales han ido cambiando, y explicó que en los últimos años se ha hecho uso del Código Penal como una forma represiva, con artículos que no son consistentes con normas internacionales.

Además de detenciones de corto plazo arbitrarias de personas que están percibidas como críticas y el control que tiene el Estado sobre el sector laboral para acallar las voces criticas y despidos arbitrarios, con poca posibilidad de apelar.

Señaló que Cuba es uno de los pocos países en los que no se puede realizar activismo o trabajo en derechos humanos, porque grupos independientes, sindicatos y grupos de la sociedad civil “no pueden registrarse a nivel legal y los que logran ese diálogo enfrentan hostigamiento”.

Aceptó que en los últimos años AI ha visto “cierta apertura” y “algunos cambios” pero “es difícil saber si son estructurales”.

Subrayó que en 2017 Cuba permitió dos visitas de relatores de la Organización Naciones Unidas (ONU), “un paso importante”, mientras que en 2015 hubo una visita de la Cruz Roja Internacional “pequeñas señales de que tal vez habrá una mayor apertura”.

Aunque al final AI no ha podido entrar a la isla y su solicitud más reciente data del 2016.

La investigadora explicó que el monitoreo por parte de organizaciones independientes de derechos humanos “no es algo para ponerse a la defensiva sino algo constructivo” y esa “falta de transparencia” que existe en Cuba “en todos los sentidos” podría ser remediada mediante una ley de acceso la información pública.

Esta “aportaría al desarrollo de una conversación sobre el futuro de Cuba”, agregó.

Tillotson destacó que Cuba tiene una postura “bastante progresista” en temas LGBT (lésbico, gay, bisexual y transexual) y en el Caribe tiene la posibilidad de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

“En ciertas áreas puede tomar un liderazgo importante y hay avances, pero también en estos temas existe la necesidad de diálogo para incluir voces críticas”, finalizó la especialista, quien dio su opinión sobre el informe “Transformar el enfrentamiento en diálogo. Una agenda de derechos humanos para Cuba”, publicado este lunes.

Según este estudio, dentro de agenda de derechos humanos que la ONG propone para la isla están: permitir la entrada de observadores independientes de derechos humanos, abrir el diálogo con toda la sociedad cubana y permitir la pluralidad de voces y proteger al periodismo independiente para fomentar la pluralidad de opiniones

Además de dejar de utilizar el empleo para controlar la libertad de expresión, dejar de socavar el derecho a la educación mediante el ejercicio de la censura y la discriminación, promover la igualdad y evitar la discriminación, entre otras recomendaciones.

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