La APIF defiende que los fiscales instruyan pero unificando su carrera con la de los jueces

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) considera muy positivo que el Ministerio Fiscal sea el encargado de la instrucción de todas las causas penales en España, tal y como prevé implantar el Gobierno, si bien entiende que “la implantación de este sistema acusatorio puro implica la necesidad de llevar a cabo importantes reformas estructurales”. Entre ellas, plantea la fusión de las carreras de fiscal y de juez.

Esta unificación debería realizarse, según la APIF, estableciendo claramente funciones diferenciadas, que serían la de investigar para los fiscales y la juzgar y garantizar los derechos fundamentales, para los jueces. El Juez de garantías se encargaría de tutelar los derechos del investigado, figura esencial en un derecho procesal penal democrático, según proponen.

Esta medida conllevaría una reducción del gasto económico, ya que según esta asociación “los jueces de instrucción que desparecen de todo el territorio nacional podrían incorporarse más fácilmente a las fiscalías, con lo cual, no sería necesaria la provisión de numerosas plazas de fiscales imprescindibles para llevar la instrucción”.

Sería necesario también, según APIF, que dado el funcionamiento jerárquico de la Fiscalía, no exista ninguna dependencia del fiscal general “con ningún otro poder del Estado, ni siquiera con el Gobierno que no puede dar ni instrucciones ni indicaciones o sugerencias al Fiscal General del Estado”, que es una posibilidad que contempla a día de hoy la legislación.

También se propone que, de instruir los fiscales, se prohíba al fiscal general y a los fiscales jefe de dar instrucciones u órdenes concretas a los fiscales en el ejercicio de sus funciones investigadoras en el caso determinado.

“Si se optase por permitir esas órdenes particulares, lo que entendemos sería un error que impediría garantizar la independencia individual del Fiscal instructor, tales órdenes deberían al menos cumplir dos premisas, que estén motivadas y tengan carácter positivo”, señalan, lo que quiere decir que las órdenes nunca podrán ser las de no perseguir un delito o no perseguir a una persona determinada.

Añaden que la sustitución del fiscal del caso por otro debe escrita, motivada y, además debe contar, con posterioridad, con la aprobación por el Consejo Fiscal. También solicitan que se abunde en la especialización de los fiscales.

Por otra parte, considera la APIF que resulta esencial contar con la opinión de la Fiscalía y de los fiscales para cualquier reforma que vaya a llevarse a cabo, por lo que propone la creación por parte del Ministerio de justicia una comisión integrada por jueces y fiscales que comience a evaluar las reformas que se precisan.