La APM considera que las palabras de Moliner ponen a la juez Alaya “en tela de juicio”

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en el sector, ha mostrado su “más enérgico rechazo” a las declaraciones del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, sobre la instrucción del caso de los ERE.

La APM recuerda que el Consejo del Poder Judicial le corresponde defender la independencia de los jueces, así como “amparar” el trabajo diario que “todos y cada uno” de los magistrados realizan en el “estricto cumplimiento de la ley, sin permitir injerencias ni presiones”.

“Con más razón aún, el presidente del órgano de gobierno de los jueces no puede ser el medio ni el instrumento por el cual se efectúen juicios de valor que puedan ser interpretados, si quiera de forma velada, como una forma de presión o influencia que cuestione la independencia del Poder Judicial, ni mucho menos puede poner en tela de juicio el esfuerzo personal que está realizando la magistrada que lleva a cabo la instrucción del llamado caso de los ERE”, señala en una nota.

Subraya que la Constitución, consciente de que los jueces no pueden realizar su función de manera independiente si tienen el “riesgo de ser premiados o represaliados” en función de cual haya sido su actuación en los procesos que afecten a grupos de poder, estableció que lo relativo al gobierno de los jueces fuera resuelto, no por el Poder Ejecutivo, sino por el Consejo General del Poder Judicial.

“Basta con asomarse a la estadística judicial que cada año publica el Consejo para comprobar cómo la Justicia en nuestro país se sostiene por el esfuerzo de los jueces y magistrados”, indica la APM, para confirmar que estos datos son significativos del trabajo y el esfuerzo de los miembros de la Carrera Judicial y revelan su dedicación “más allá incluso de los soportable, a costa de su salud y en detrimento de su vida familiar”.

“Con más motivo cuando el propio Consejo y su Presidente han denunciado el elevado número y complejidad de los procedimientos que se tramitan en nuestro país por temas relacionados con la corrupción y se han pronunciado a favor de apoyar y adoptar medidas de refuerzo que permitan a los Jueces investigar y luchar contra la corrupción con total independencia y al margen de injerencias de cualquier naturaleza”, concluye.