Abogado exconsejeros en Bélgica dice que “no había motivo” para encarcelarles

El abogado de los exconsejeros Toni Comín y Meritxell Serret, Gonzalo Boye, ha acogido con satisfacción la puesta en libertad hoy con medidas cautelares de sus defendidos y de los políticos catalanes que se encuentran en Bruselas, pues, ha dicho, “no había motivo para una situación distinta”.

Boye lo ha afirmado así esta noche durante su participación en el programa “El Objetivo”, de la Sexta, donde ha recibido en directo, a través de un wasap, una comunicación sobre la puesta en libertad bajo medidas cautelares del ex presidente catalán Carles Puigdemont y de los cuatro exconsejeros que se encuentran con él en Bruselas, tras declarar ante el juez de instrucción belga.

“No había motivo para una situación distinta ni lo había para los que están en España en prisión”, ha declarado el abogado que, según ha dicho, no entiende la razón de que estén en la cárcel en España ocho exmiembros del Gobierno de la Generalitat cuando “no existe riesgo de fuga”.

Según Boye, la decisión de la justicia belga era “la esperada” desde que Puigdemont y los cuatro exconsejeros se trasladaron a Bruselas cuando fueron cesados de sus cargos por el Gobierno español, en virtud del artículo 155 de la Constitución.

El abogado ha dicho que no ve necesario “por el momento” que estos políticos catalanes regresen a España y que, en su opinión, permanecerán en Bruselas porque fueron allí “para tener un proceso con las debidas garantías, y eso se va cumpliendo”, ha asegurado.

De lo que ha dicho que “no le cabe duda” es de que la decisión adoptada hoy por la justicia belga pone de manifiesto “que tal vez” en ese país “se respeta más el Convenio Europeo de Derechos Humanos que en la causa que está siguiendo la juez (Carmen) Lamela” en la Audiencia Nacional y que lo que ha pasado esta noche “es la demostración”.

Según Boy, “se podría llegar” hasta el Tribunal de Estrasburgo para denunciar el tratamiento distinto que se ha dado a los políticos catalanes que han declarado ante la Audiencia Nacional y a los que lo han hecho ante el Tribunal Supremo, pero ha recordado que los trámites podrían demorarse “hasta 4, 5 o 6 años ” y que eso “a la gente que esta presa hoy en día no les sirve de nada”.