Académicos colombianos difieren sobre la legitimidad de la lucha armada de las FARC

Los académicos de la Comisión Histórica del Conflicto de Colombia coinciden en que la responsabilidad de la guerra es compartida por las FARC, el Estado y los paramilitares, aunque mantienen profundas discrepancias sobre la legitimidad o no de la lucha armada iniciada por los insurgentes.

Los doce historiadores que conforman la comisión, más sus dos relatores, presentaron hoy en La Habana, en una reunión que duró todo el día, sus respectivos informes sobre las causas y los orígenes del conflicto armado ante las delegaciones de paz del Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Eduardo Pizarro, uno de los relatores de la comisión y actual embajador de Colombia en Holanda, señaló en rueda de prensa que aunque hay consenso sobre la multiplicidad de actores responsables del conflicto, algunos historiadores consideran que no ha sido una “guerra justa” por la “tremenda desproporción entre los objetivos que se propuso la guerrilla y las consecuencias del conflicto”.

Recordó los seis millones de víctimas provocadas por más de cinco décadas de violencia, el lastre que ha supuesto para la economía nacional, la destrucción de infraestructuras o el desplazamiento masivo de población campesina.

Víctor Manuel Moncayo, por su parte, subrayó que algunos de los historiadores de la comisión reconocen el “horror” de acciones criminales de la guerrilla como el secuestro, la extorsión o el tráfico de drogas; pero admiten que hay “un trasfondo social” que explica o incluso justifica que se “alzaran en armas y retaran a las instituciones”.

“El orden social que rige en Colombia (...) tiene consecuencias permanentes de inequidad, desigualdad, desorganización del Estado y dominación”, aseveró Moncayo, exrector de la Universidad Nacional.

Para Moncayo, la responsabilidad del conflicto no puede recaer sólo sobre individuos, sino sobre un ordenamiento y estructura social que también se convierte en “victimario”.

El académico puso como ejemplo el proceso de desmovilización de paramilitares iniciado en 2005, conocido como Justicia y Paz, que “sólo buscó responsabilizar a sujetos”, y por ello, “el paramilitarismo como fenómeno político y social no ha desaparecido”, ya que no se atajó el “orden existente” que lo propició.

Los relatores destacaron los “consensos básicos” entre los miembros de la comisión sobre los elementos que contribuyeron a la prolongación del conflicto, como la estructura agraria, la falta de mecanismos para asegurar la propiedad de la tierra, la escasa presencia de las instituciones del Estado en las áreas rurales, o problemas como el narcotráfico o la corrupción.

“Lo interesante es precisamente que hay consensos y diferencias, pero puede haber diálogo entre miradas divergentes y ese diálogo puede ser una herramienta fundamental para la paz en Colombia”, precisó Pizarro.

El relator explicó que los informes de la comisión son instrumentos que pueden ayudar a la mesa de negociación a alcanzar acuerdos, pero también tienen una “función pedagógica”, ya que contribuyen a “abrir un debate nacional” sobre uno de los conflictos más prolongados del mundo.

“En toda América Latina, la izquierda ha llegado al poder por la vía democrática y abandonó la lucha armada hace mucho tiempo. En Colombia persiste, pero creemos que podemos construir una sociedad democrática en la que la izquierda pueda aspirar al poder democráticamente”, afirmó.

Además de los dos relatores, la comisión está conformada un grupo de doce historiadores, cuya selección fue consensuada por ambos equipos de paz y que incluye a Renán Vega, Francisco Gutiérrez Sanín, Darío Fajardo, Sergio de Zubiría, María Emma Wills, Vicente Torrijos, Jairo Hernando Estrada, Alfredo Molano, Jorge Giraldo, Gustavo Duncan, Malcolm Deas y Daniel Pecaut.

Con el fin de divulgar toda esta información a los colombianos, la mesa de diálogos prevé publicar en su web los informes de todos los integrantes de la comisión y, además, se editará un libro que incluya todos estos reportes y que deberá estar disponible en bibliotecas y centros públicos en Colombia.

La comisión se instaló en el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC el pasado mes de agosto, con el propósito de que intelectuales y académicos de Colombia se implicaran en el proceso de paz iniciado en La Habana en noviembre de 2012 al aportar una visión plural y neutral sobre los orígenes del conflicto.

No obstante, desde su creación, los diferentes actores implicados en las negociaciones han dejado claro que esta comisión histórica no reemplaza a una futura Comisión de la Verdad, que es la que tendría la función de documentar evidencias para atribuir las responsabilidades de la violencia armada en el país.

Sara Gómez Armas