Acaip denuncia un aumento de casos de sarna en las cárceles españolas: de 58 a 176 en cinco años

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha denunciado un aumento en los casos de sarna en las cárceles españolas, donde se ha pasado de 58 a 176 internos afectados en cinco años.

“En siete meses de este año hay más casos que en todo el año pasado”, ha apuntado a Europa Press el responsable de Salud Laboral de Acaip, Alberto Téllez. “Hay un repunte a nivel general, pero no es menos cierto que en prisiones hay un déficit de personal sanitario tremendo”, ha añadido.

Según los datos de Instituciones Penitenciarias, en 2015 se registraron 58 casos de sarna en las prisiones españolas. Al año siguiente, el número se redujo a 45, disparándose en 2017 hasta los 95 casos.

La estadística sufrió un repunte mayor aún en 2018, con 160 reos afectados. Este año, hasta el 31 de julio, ya hay más casos que en todo el año anterior: 176 personas sufren esta enfermedad cutánea, que provoca picazón en la piel.

LAMENTAN EL “DESPRECIO” DE LA ADMINISTRACIÓN A LOS TRABAJADORES

El caso más grave se ha producido en la prisión de Las Palmas 1, donde se ha pasado de cuatro afectados en 2018 a 33 en lo que va de año. En Albacete y Algeciras, el pasado año solo hubo un preso afectado por prisión: en 2019 ya son 13 en cada centro.

La falta de personal es una de las principales razones apuntadas por Acaip como causa del repunte, pero no la única. “Hay centros que tienen solo un 20% de los médicos que deberían tener. Ante esa falta de gente, es más fácil que tarde en detectarse la enfermedad”, ha explicado Téllez.

Según ha recordado el propio responsable de Salud Laboral, el año pasado en la prisión de Murcia 2 se tuvo que realizar una intervención ante el brote más grave de sarna registrado estos últimos cinco años, con 39 personas afectadas.

Unido al repunte de casos de esta enfermedad está, según señalan desde Acaip, el “desprecio hacia los trabajadores” de las cárceles que se contagian por el contacto directo o indirecto con los reclusos.

“La administración nunca reconoce que ha sido en el trabajo. El funcionario, además de sufrirla, tiene que reclamar judicialmente que se ha contagiado en el trabajo. Lo más grave es que ponen en tela de juicio su enfermedad”, ha denunciado Téllez.