Acuerdo en Uruguay para la aplicación parcial geográfica del nuevo Código Penal

El Gobierno uruguayo acordó hoy con los partidos políticos con asiento en el Parlamento, con la Suprema Corte de Justicia y con la Fiscalía la aplicación en 2017 de manera parcial geográfica del nuevo Código de Proceso Penal, informó a la prensa el presidente del país, Tabaré Vázquez.

En diciembre de 2014 la Cámara de Representantes de Uruguay aprobó el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que entre otros asuntos cambia el modelo penal de inquisitivo a acusatorio, en el que la investigación estará dirigida por la Fiscalía y que tiene como fecha prevista de entrada en vigor el 1 de enero de 2017.

Para poder aplicar este CCP en los tiempos previstos, el Gobierno estuvo analizando distintos modelos y estructuras judiciales, entre las que se encontraba una implantación escalonada por regiones del país hasta que pudiera implementarse en todo el territorio, medida que responde a los recaudos que para ello es necesario tomar en recursos humanos y materiales.

Tras la reunión de hoy, la tercera de estas características convocada por Vázquez con el objetivo paliar el aumento de la inseguridad en el país, se acordó hacer operativo en su totalidad el nuevo CPP a partir de 2017, pero empezar a aplicarlo de una manera “parcial geográfica”.

“Acordamos empezar con una aplicación parcial geográfica del CPP. (Acordamos) la preparación, la instrumentación de esa preparación parcial”, expresó Vázquez en una rueda de prensa al término del encuentro, que tuvo lugar en la sede del Ejecutivo, en la capital uruguaya.

Para ello, el presidente resaltó que en la próxima rendición de cuentas del Gobierno en 2017 se pondrán a disposición los recursos económicos para que dicho proceso se pueda poner en marcha.

“A partir de esa fecha la Fiscalía y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tendrán 6 meses para poner en marcha en su totalidad el CPP”, explico.

El presidente reconoció que no será una tarea fácil porque se deberá disponer de más recursos humanos, económicos e infraestructura, pero que se acordó un cronograma de trabajo.

“Dentro de este procedimiento hay algunos aspectos, más allá de lo acordado, que serán analizado por una comisión técnica y discutido en las próximas horas y semanas, y en la próxima reunión se contará con un informe al respecto”, agregó Vázquez.

En ese contexto, y pese a lo afirmado por Vázquez, el fiscal general de Uruguay, Jorge Díaz, y los diputados Javier García, del Partido Nacional, y Eduardo Rubio, de Unidad Popular, manifestaron en rueda de prensa tras la reunión sus dudas sobre la conveniencia de una aplicación parcial del CPP.

Díaz remarcó que la institución a la que representa “no es partidaria” de una aplicación parcial del CPP en el territorio uruguayo porque al ser un país “pequeño y unitario” podría “generar problemas de aplicación práctica por un lado, y de constitucionalidad por otro”.

En un sentido similar se expresó Rubio, que dejó constancia de que su partido no está de acuerdo con la aplicación parcial del código porque parcelaría su aplicación total.

García, por su parte, solicitó una semana de plazo para analizar la aplicación parcial del CPP y presentar una posición definitiva.

Por otra parte, Vázquez señaló que en esta reunión también se abordaron temas como el desarrollo de un proyecto de procesos de abreviado, para agilizar el proceso de sentencia, al igual que la simplificación de procesamientos sobre delitos más leves, la mediación extrajudicial y la ampliación del principio de oportunidad.

Díaz acotó que la posición de la Fiscalía en cuanto al modelo de reforma que ha presentado el Poder Ejecutivo es favorable, ya que es un proyecto que recoge pautas que han sido implementadas “prácticamente en toda Latinoamérica”, lo que a su juicio ha sido “exitoso”.

“Con esas modificaciones y con la aprobación de estos proyectos, nosotros estaríamos en condiciones (la Fiscalía) de empezar a trabajar el 1 de febrero de 2017”, puntualizó.