Acusados deL consorcio de turismo joven balear aceptan las penas por corrupción

Doce acusados por el presunto desvío de fondos públicos a través del consorcio Turismo Joven de Baleares (2003-2007) han aceptado hoy los cargos y se han conformado con penas de entre 8 meses y 3 años y 7 meses de cárcel en el juicio por esta causa que ha quedado hoy visto para sentencia.

Todos los acusados han admitido conocer los hechos de los que están acusados, su responsabilidad en los mismos y estar conformes con el acuerdo alcanzado entre las acusaciones y sus defensas, ante el tribunal presidido por el magistrado que preside la Sección Primera de la Audiencia de Palma, Juan Pedro Yllanes.

Finalmente se han sentado en el banquillo doce personas ya que las acusaciones han retirado los cargos contra uno de los encausados, en un principio en este caso centrado en el desvío de alrededor de un millón de euros en el consorcio Turisme Jove.

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares les acusan de haber ideado, planificado y desarrollado actuaciones para desviar fondos públicos del consorcio para su propio beneficio y les imputa los delitos de soborno, malversación de fondos públicos, falsedad documental, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude.

Entre los principales acusados, el ex director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez, que confesó los hechos y colaboró en su esclarecimiento, ha aceptado una pena de 3 años de prisión e inhabilitación absoluta por 10 años.

El exgerente del consorcio Turisme Jove, Damià Amengual, que también admitió parcialmente su intervención en algunos delitos, se ha conformado con 3 años de cárcel, 10 de inhabilitación, una multa de 100.000 euros y el comiso de otros 35.000.

El exjefe de servicios de la entidad Juan Francisco Gosálbez, que confesó los hechos, colaboró con la justicia y ha reparado parcialmente el perjuicio causado, asume 3 años y 7 meses de prisión, una multa de 11.000 euros y el comiso de 42.500.

Los demás acusados son empresarios y constructores, así como la pareja de uno de los principales encausados y se han conformado con penas que oscilan entre los 8 meses y 1 año y 1 mes de prisión, así como multas de entre 1.600 y 4.000 euros. Dos de los empresarios podrán sustituir sus penas de prisión por multas.

Las acusaciones consideran que los acusados se aprovecharon de la falta total de controles administrativos y financieros sobre su gestión para apropiarse de fondos públicos y además también buscaron enriquecerse mediante el cobro de comisiones y sobornos a los proveedores del consorcio y facturando dietas irregularmente.

Los responsables de esta trama incumplieron las normas de contratación pública, se concertaron con empresarios para darles contratos a cambio de comisiones, facturaron trabajos que nunca se hicieron y realizaron gastos y viajes personales a cargo del consorcio.

Según figura en el escrito definitivo de la Fiscalía Anticorrupción, estas actuaciones causaron a las arcas públicas un perjuicio superior a los 600.000 euros y llevaron al consorcio a la quiebra.

Entre las “maniobras” de los acusados figuran el desvío de unos 120.000 euros del consorcio para la presencia y promoción del alberguismo juvenil, la apropiación directa de otros casi 19.000 euros de esta misma entidad, el alquiler ilegal de un local por unos 156.000 euros anuales o la contratación irregular de unas obras por unos 182.000 euros.