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El juez del caso Aguirre: es "cotidiano" juzgar como falta fugarse de la Policía

El magistrado Carlos Valle evita instruir como delito el incidente protagonizado por la presidenta del PP madrileño

La Policía recopila en un informe las imágenes de las cámaras de seguridad y un testimonio que desmienten a Aguirre

El juez  Valle imputó a tres policías por detener a los militantes del PP en el caso Bono y ordenó arrestar a 39 personas en 1986 por "delitos de aborto"

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Captura del coche de Aguirre (arriba a la izquierda) por una cámara de seguridad en la Gran Vía

Captura del coche de Aguirre (arriba a la izquierda) por una cámara de seguridad en la Gran Vía

La “realidad cotidiana” de los Juzgados de Plaza de Castilla dice que derribar con el vehículo propio la moto de un agente de movilidad, darse a la fuga, ser perseguido por la Policía Municipal y lograr huir a la carrera nunca es juzgado como un delito. Este es el argumento que presenta el titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, Carlos Valle, para negar la apertura de diligencias previas y dejar en un juicio de falta contra el orden público el incidente protagonizado el pasado 3 de abril por la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre.

En el auto dictado por el juez, al que ha tenido acceso eldiario.es, Valle asegura: “De ser ciertos los hechos denunciados, su entidad no rebasaría la consideración de falta, como revela la realidad cotidiana de enjuiciamiento por tal cauce de conductas idénticas en los Juzgados de esta sede, y concretamente en este Juzgado, no apreciándose elemento alguno para evitar tal criterio”.

La asociación Transparencia y Justicia, que ejerce la acusación popular, considera que Aguirre cometió dos delitos de resistencia a la autoridad y una falta de daños. Cada delito de resistencia a la autoridad está recogido en el artículo 556 del Código Penal y castigado con pena de prisión de entre 6 meses y un año. Si Aguirre es condenada por una falta, la multa no excederá en ningún caso los 1.000 euros. La falta de daños responde a que los desperfectos en la motocicleta del agente de movilidad no superan los 400 euros a partir de los cuales se convierte en delito.

El expediente instruido por el juez supera ya los 66 folios. Carlos Valle ha ordenado diligencias que a la acusación popular le parecen impropias de una instrucción por faltas. El Cuerpo Nacional de Policía ha redactado, por orden del juez, un informe de 20 páginas con el testimonio de la camarera que presenció el suceso y ha tenido que visionar todas las cámaras de seguridad de la zona  entre las 16:10 y las 17:00 horas del 3 de abril.

En ese lapso, Aguirre aparcó su turismo en el carril bus de la Gran Vía para, según ella, extraer dinero de un cajero automático. La presidenta del PP madrileño dijo después que a esa hora “no había un alma” en la Gran Vía. Las imágenes de las cámaras de seguridad desmienten esa afirmación, mostrando un tráfico denso en el lugar de los hechos.

No es la única afirmación en los medios que desmiente la investigación. La Asociación Transparencia y Justicia, que ejerce la acusación popular, ha incorporado incluso capturas de la página de Facebook de la presidenta del PP madrileño en la que ofreció su versión de los hechos. “En ningún momento he arrollado a nadie y mucho menos me he dado a la fuga”, escribió. En otro punto del expediente, aparece el interrogatorio de los policías nacionales a la camarera que presenció los hechos. “Observó cómo el coche daba marcha atrás y arranca hacia adelante, y tras dicha maniobra tiraba la moto que estaba aparcada delante del mismo, la cual al caer impacta contra una silla de la terraza del local para el que trabaja”, anotaron los policías.

Un juez con pasado ultra

El juez Carlos Valle ordenó en 1986 detener a 39 personas acusadas de "varios delitos de aborto" y registrar clínicas donde se practicaban interrupciones del embarazo. Fue el mismo magistrado que imputó a tres policías por detención ilegal y falsedad en documento público, en relación con la detención de los dos militantes del PP que intentaron agredir a José Bono durante una manifestación de víctimas del terrorismo en 2005. El PP acusaba a los agentes de haber actuado movidos por la militancia política de los detenidos.

Recientemente, Valle fue objeto de la polémica porque se negó a la extracción de órganos de la joven Belén Langdon, fallecida a consecuencia del aplastamiento sufrido en la fiesta del Madrid Arena. Los padres querían donar los órganos pero el juez negó la intervención, provocando una queja de la Organización Médica Colegial. El Consejo General del Poder Judicial abrió unas diligencias informativas que terminaron archivadas.

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