Aguirre tacha de “puro totalitarismo bolivariano” la auditoría “ciudadana” del Ayuntamiento de Madrid

La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha tachado este jueves de “puro totalitarismo bolivariano” la auditoría “ciudadana” que va a realizar el Gobierno de Manuela Carmena en el Consistorio y cree que sólo pretende “tener entretenida a la gente” como si fuera un “circo”.

En declaraciones a 13 TV, recogidas por Europa Press, Aguirre ha señalado que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid con “Ciudadanos, PSOE y Podemos”, en alusión a Ahora Madrid, acordó una auditoría y que la hiciera la intervención, esto último gracias a una enmienda transaccional del PSOE. “Hoy es una auditoría ciudadana, un tribunal popular totalitario y bolivariano que quiere criminalizar la gestión de sus predecesores”, ha indicado.

En su opinión, en el Gobierno de Ahora Madrid “quieren usar la palabra auditoría para hacer un tribunal popular porque van a dar una participación a los vecinos e intencionadamente quieren confundir legalidad con legitimidad”. “En lugar de gobernar y resolver los problemas se pretende tener entretenida a la gente... En cuanto se va Carmena los de Podemos toman el poder”, ha exclamado.

En este punto, ha señalado que las “autoridades democráticas” cuando son elegidas por los ciudadanos tienen “toda la legitimidad” para llevar a cabo su programa. “¿Que no les gusta que se haya soterrado la M-30 y en asamblea van a determinar que no es legal?, pues que lo lleven a los tribunales”, ha manifestado.

En la misma línea, ha señalado que la “ley prohíbe a las administraciones públicas que encarguen una auditoría porque para eso está el interventor y la Cámara de Cuentas”. “No se puede gastar dinero público en encargar auditorías”, ha señalado Aguirre, quien ha dicho que otra cosa es una “declaración política, que es perfectamente legítima y legal”.

No se ha evaporado el dinero del Campus de la Justicia

Por otro lado, se ha referido al proyecto del Campus de la Justicia, que se “quebró por la crisis”, y que tenía como objetivo “agrupar las sedes y darle una cierta dignidad a los tribunales donde se impartía la justicia sin coste a los contribuyentes”, porque se iban a vender los edificios actuales para costear las obras.

“Los 105 millones no me los he llevado yo ni se han evaporado, están ahí”, ha defendido Aguirre, quien ha dicho que hay un edificio para el Instituto de Medicina forense y que están también “todas las infraestructuras, muchas de las cuales no se ven porque las comunicaciones están subterráneas”, como planificaron los arquitectos.

En este punto, Aguirre ha reconocido que han tenido “fallos, sin duda”, y que incluso el proyecto “se puede considerar megalómano”, pero ha considerado que “no se pueden mirar con los ojos de hoy lo que era un momento en el que con el boom inmobiliario todo valía cada vez más y crecía el precio de los pisos constantemente”.