Alaya afirma que el exconsejero Fernández recibió regalos por subvenciones

La juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha dictado un auto en el que amplía la imputación al exconsejero de Empleo Antonio Fernández por un delito continuado de cohecho porque habría recibido dádivas o regalos por la concesión de subvenciones sociolaborales a determinados beneficiarios.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez señala que cuando fue viceconsejero y consejero de Empleo, Fernández adquirió cuatro viviendas y dos garajes entre 2001 y 2008 y percibió, junto a sus hijos, 602.806 euros de origen desconocido a través del abono en cuentas bancarias o fue utilizado para la compra de inmuebles.

Cuatro de los inmuebles los adquirió en 2008, dos para él y dos para su hijo, que carecía de ingresos para efectuar la compra, igual que su hermana, a la que también compró un inmueble, según la juez.

Fernández, que ha sido citado a declarar el 3 de marzo junto a otros imputados, fue autorizado o cotitular en algunas de las cuentas bancarias de sus hijos, precisa la juez, que basa sus afirmaciones en atestados aportados por la Guardia Civil.

Respecto al exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, la instructora señala que también recibió dádivas o regalos por la intermediación o tráfico de influencias, y requiere a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que realice un informe sobre la ayuda sociolaboral de 16 millones concedida a Heineken España.

También pide a la UCO que aporte contratos de trabajo del hijo de Rivas en Heineken, donde estuvo contratado desde abril de 2005, cuando era menor de edad, hasta 2010, periodo en el que percibió 182.118 euros sin contar con estudios universitarios.

Además, Alaya señala que este hijo de Rivas compró en 2013 dos inmuebles, por lo que pide a la Guardia Civil que informe cómo lo hizo, y solicita información sobre los pagos de las hipotecas de tres hijas del exdelegado de Empleo.

También le pide a la Guardia Civil que le informe de la efectividad de los servicios prestados por la nuera de Rivas entre 2007 y 2009 en empresas vinculadas al “conseguidor” Juan Lanzas e Ismael Sierra, que le pagaron 22.248 euros.

En su resolución, la juez señala que de un informe de la Intervención General del Estado se desprende que un préstamo concedido a las empresas Electronics Devices Manufactures (EDM) e IDM Séneca por importe de 384.841 euros fue una verdadera subvención y no guarda relación con un ERE.

Esa ayuda se concedió, según Alaya, sin ningún análisis económico, prescindiendo “total y absolutamente del procedimiento legal establecido”, sin solicitud formal por parte del beneficiario ni resolución motiva de concesión y no fue sometida por la Consejería de Empleo a fiscalización previa.

EDM fue “bendecida” con ayudas desde su inicio y en sus tres años de existencia recibió subvenciones, préstamos y bonificaciones por 6,4 millones de euros, subraya la juez.

Por el préstamo de 384.841 euros, la juez amplía la imputación al exdirector general de Trabajo Juan Márquez y a dos exdirectivos de IDEA así como a dos responsables de la empresa beneficiaria, a todos los cuales cita a declarar como imputados el 3 de marzo.