Alaya prorroga el secreto de los cursos tras los informes de Intervención

La titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha decretado la prórroga parcial del secreto del sumario sobre los cursos de formación tras analizar los informes de la Intervención General de Andalucía relativos a las irregularidades en el Servicio Andaluz de Salud (SAE).

En un auto del pasado 13 de febrero al que ha tenido acceso Efe, Alaya señala que es necesario prorrogar un mes más el secreto tras analizar los informes de la Intervención sobre las distintas delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Salud (SAE) y las diversas “irregularidades” denunciadas.

La prórroga se extiende a las diligencias que se deriven de los informes de la Intervención, atendiendo a la “gravedad” de los delitos investigados y a la “especial importancia” de las líneas de investigación con ellos iniciadas, apunta la juez.

Además, la medida se adopta por las “expectativas” que hay en la investigación y por el “riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación” de pruebas o indicios, subraya el auto.

La instructora decreta el secreto parcial para “evitar interferencias o acciones que puedan poner en peligro el éxito” de las actuaciones que desarrolla de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

La juez acordó el 20 de enero pasado decretar el secreto parcial ante la “gravedad” de las “bolsas de fraude” que detectó en los consorcios y “entramados empresariales” del sector.

La instructora explicó que existen varias “bolsas de fraude”, una de ellas relacionada con “entramados empresariales beneficiados”, con “importantes” subvenciones y con algunos empresarios relacionados con cargos de la Administración.

También detectó “fraudes en los Consorcios entre administraciones”, que recibían subvenciones de la Consejería de Empleo a través del procedimiento de la concurrencia no competitiva, lo que planteaba dudas a la Cámara de Cuentas.

Alaya abrió una línea de investigación sobre las subvenciones que por importe de 85,7 millones de euros recibió la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ya desaparecida y sobre la que la juez preguntó a Teodoro Montes, testigo clave en el caso y anterior responsable de Formación Ocupacional, si financiaba al PSOE.