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Alaya suspende la declaración del exconsejero Fernández del 3 de marzo

Alaya suspende la declaración del exconsejero Fernández del 3 de marzo

EFE

Sevilla —

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La juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha suspendido la declaración del exconsejero de Empleo Antonio Fernández del próximo 3 de marzo por problemas de agenda, un trámite procesal motivado tras la acusación que le hizo de recibir 602.806 euros de origen desconocido.

El mismo día estaban citados a declarar el ex director general de Trabajo Juan Márquez, dos exdirectivos de IDEA así como dos responsables de la empresa EDM, y la juez ha decidido suspender todas las declaraciones, han informado fuentes judiciales.

La juez amplió la imputación a Fernández por un delito continuado de cohecho porque habría recibido dádivas o regalos por la concesión de subvenciones sociolaborales a determinados beneficiarios, lo que ha negado el exconsejero.

Según la juez, cuando fue viceconsejero y consejero de Empleo, Fernández adquirió cuatro viviendas y dos garajes entre 2001 y 2008 y percibió, junto a sus hijos, 602.806 euros de origen desconocido a través del abono en cuentas bancarias o fue utilizado para la compra de inmuebles.

Cuatro de los inmuebles los adquirió en 2008, dos para él y dos para su hijo, que carecía de ingresos para efectuar la compra, igual que su hermana, a la que también compró un inmueble, según la juez.

Fernández fue autorizado o cotitular en algunas de las cuentas bancarias de sus hijos, precisa la juez, que basa sus afirmaciones en atestados aportados por la Guardia Civil.

En su resolución, la juez señala que de un informe de la Intervención General del Estado se desprende que un préstamo concedido a las empresas Electronics Devices Manufactures (EDM) e IDM Séneca por importe de 384.841 euros fue una verdadera subvención y no guarda relación con un ERE.

Esa ayuda se concedió, según Alaya, sin ningún análisis económico, prescindiendo “total y absolutamente del procedimiento legal establecido”, sin solicitud formal por parte del beneficiario ni resolución motiva de concesión y no fue sometida por la Consejería de Empleo a fiscalización previa.

EDM fue “bendecida” con ayudas desde su inicio y en sus tres años de existencia recibió subvenciones, préstamos y bonificaciones por 6,4 millones de euros, subraya la juez.

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