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La presión de los presupuestos propicia una tregua entre Albert Rivera y Mariano Rajoy

Albert Rivera, en el debate sobre las pensiones en el que compareció Rajoy

Carmen Moraga

La cercanía de la llegada al Congreso del anteproyecto de ley con los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que Mariano Rajoy ha anunciado para finales de este mes, ha propiciado un deshielo en las tensas relaciones que han mantenido estos meses el presidente del Gobierno y el líder de Ciudadanos. 

El debate de guante blanco que protagonizó Albert Rivera frente a Rajoy en el Pleno sobre pensiones ya dejó vislumbrar que se avecina una tregua, un periodo de calma entre las dos formaciones en aras de sacar adelante las cuentas del Estado, fundamentales para poder afrontar también la financiación autonómica.

En Ciudadanos no quiere trasmitir la imagen de que se radicalizan y se dejan arrastrar por los otros grupos de la oposición. El propio Albert Rivera está convencido de que las elecciones se ganan “por el centro”, con un discurso “moderado” y ejerciendo una “oposición útil”, que echa en falta en el PSOE.

Las encuestas están confirmando que esa estrategia les va bien, por lo que van a continuar dando una de cal y otra de arena al presidente del Gobierno. Es decir, “dureza contra la corrupción” pero dando estabilidad a la legislatura para poder preparar bien el terreno de las elecciones municipales y autonómicas de 2019, que van a ser claves para vislumbrar si realmente Ciudadanos se consolida como la alternativa al PP.  

Esa imagen de “moderación” gusta también a los empresarios del Ibex con los que Rivera mantiene discretos contactos con el fin de intercambiar información y, de paso, ganarse su confianza. El último de ellos, desvelado por El Confidencial, tuvo lugar hace unos días con José María Álvarez-Pallete, Borja Prado e Ignacio Sánchez, presidentes de Telefónica, Iberdrola y Endesa, respectivamente. 

Ciudadanos cree que Rajoy incluirá sus medidas en los PGE

De ahí que en ese debate sobre pensiones el líder de Ciudadanos enterrara el hacha de guerra y volviera a tender la mano a Rajoy aunque con la condición de que cumpla con las exigencias de su partido en materia presupuestaria: una rebaja del IRPF para las rentas de entre 12.000 y 17.000 euros, que según Ciudadanos supondrá un ahorro entre 33 y 60 euros al mes de uno de cada cuatro pensionistas; ayudas fiscales para las familias con bajos ingresos que tengan hijos en edad de ir a la escuela infantil; una reforma laboral que acabe con “la precariedad” de los contratos, e incentivar la natalidad, con el aumento del tiempo de los permisos de paternidad.  

Además, el partido de Rivera exige la equiparación de los sueldos de las Policía Nacional con las autonómicas, lo que significa un desembolso anual de 500 millones de euros durante tres años. Esta medida está prácticamente encauzada con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, pese a que su compañero de Hacienda, Cristóbal Montoro, se resistía en un principio a cumplirla.  

“Les ofrezco trabajar desde este momento para alcanzar un acuerdo a lo largo de la tramitación de los presupuestos”, emplazó Rajoy al resto de formaciones. “Lo útil ahora es negociar los presupuestos”, respondió Rivera.

Los dirigentes de Ciudadanos y el propio Rivera salieron de ese debate convencidos de que el presidente del Gobierno va a recoger sus demandas. Y lo creen así no solo por las señales que dio Rajoy en ese debate sino por los contactos informales que están manteniendo con el equipo económico del Gobierno, pese a que con la salida de Luis de Guindos se les ha ido su principal interlocutor.

No obstante, según afirman fuentes del partido de Rivera, aún no ha habido ningún encuentro formal ni conversación telefónica entre el presidente del Gobierno y el líder de Ciudadanos. Pero nadie duda de que la habrá próximamente. Los dos dirigentes ya cerraron personalmente los flecos de las negociaciones presupuestarias del año anterior y se espera que así sea de nuevo ahora.

En Moncloa también esperan que se soluciones las cosas en Catalunya y pueda levantarse la aplicación del artículo 155, lo que despejaría el camino para que el PNV se sume también al acuerdo. Además, no descartan que los socialistas recapaciten y decidan por lo menos abstenerse para facilitar una revalorización de las pensiones, que Rajoy ha supeditado a que haya presupuestos

La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Pilar Barreiro

Uno de los escollos que le quedan por solventar al presidente del Gobierno para asegurarse los votos de Ciudadanos a los PGE es el cese de la senadora del PP Pilar Barreiro, imputada en la Púnica. Pero la Fiscalía acaba allanarle el camino al pedir al Supremo que archive la causa por considerar que no ha resultado “debidamente justificada” la perpetración de los delitos de fraude, prevaricación y cohecho. Esto supone un alivio -al menos momentáneo- para Rajoy, aunque la causa podría reabrirse si se aportan nuevos indicios contra la senadora. 

Si así fuera, en el PP tendrían que forzarla a que se aparte.  Y si se niega a renunciar al acta, la única solución es que abandone el Grupo Popular y se instale en el Grupo Mixto, como hizo en su día Rita Barberá. 

En el PP ha agradado también el cambio de postura de Rivera con respecto a la prisión permanente revisable que introdujo el Gobierno en 2015 a través de una reforma del Código Penal. En Ciudadanos rechazaron en un inicio la medida y así lo dejaron escrito en el pacto que firmó Rivera con Pedro Sánchez en febrero de 2016.

En octubre de 2017, Ciudadanos aunque se abstuvo en el debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley del PNV, que pide la derogación de la figura, se mostró a favor de que desapareciera. Entonces defendió esa postura la secretaria cuarta de la mes, Patricia Reyes, que hizo una intervención muy dura. Pero ante el cambio de criterio, el partido dejó en manos del portavoz parlamentario, Juan Carlos Giruata, justificar su nuevo discurso.

En Ciudadanos quieren esperar a que haya sentencia del Constitucional y apuestan mientras tanto por endurecer las penas en casos de delitos “extremadamente graves”. Esta postura creen que les va a favorecer ante un amplio sector del electorado que lo avala. Según el Gobierno, hay encuestas que señalan que más del 70% de los españoles apoyan la prisión permanente revisable. Sin embargo, su propuesta -y la del PP- fue rechazada en el Pleno del jueves pasado por los demás grupos de la oposición.

La asombrosa facilidad de Rivera para justificar los vaivenes de su partido le ha llevado también a que durante del 8M se apuntara al éxito de la jornada reivindicativa feminista como si su partido desde el principio hubiera apoyado la convocatoria.

Posteriormente, todos los dirigentes han repetido disciplinadamente el argumentario: Ciudadanos siempre dijo que acudiría a la manifestación, como lo ha hecho otros años. Y aunque denostaran la huelga por ser  “anticapitalista”, insisten en que su apoyo a la causa de las mujeres es “inequívoco”, mientras ponen en valor las medidas que han puesto encima de la mesa para acabar con “la precariedad” y para propiciar la conciliación familiar.

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