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Una edil de Alicante testificará por un supuesto intento de compra de su voto

Una edil de Alicante testificará por un supuesto intento de compra de su voto

EFE

Alicante —

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La concejal no adscrita de Alicante Nerea Belmonte deberá comparecer como testigo en la investigación abierta por la Fiscalía por el supuesto intento de compra de su voto en favor de la candidata socialista a la alcaldía, Eva Montesinos, han confirmado hoy fuentes próximas al caso.

El fiscal Anticorrupción de la provincia, Felipe Briones, ha incoado unas diligencias para determinar si los hechos son constitutivos de un delito de cohecho tras la denuncia presentada días atrás por dos vecinos.

En el marco de esas pesquisas, el representante de la acusación pública ha citado a Belmonte como testigo el próximo día 24.

El voto en blanco de esta edil, expulsada en 2016 de Podemos y de la coalición Guanyar Alacant, permitió al PP el pasado 19 de abril recuperar la alcaldía alicantina, como lista más votada en las últimas elecciones municipales, en detrimento del PSPV-PSOE.

Una semana más tarde, el 24 de abril, durante el primer pleno municipal dirigido por el nuevo alcalde popular, Luis Barcala, la edil no adscrita reveló que le habían ofrecido un sueldo de 3.500 euros y un puesto en las listas electorales.

Belmonte excluyó expresamente de ese ofrecimiento al PP y evitó señalar a una formación política en concreto, pero sí sugirió que había partido de la bancada de la izquierda.

La concejal no adscrita respondía así al portavoz municipal de Guanyar Alacant (Izquierda Unida, Podemos e independientes), Miguel Ángel Pavón, quien previamente había preguntado al nuevo alcalde en el pleno por el “beneficio” que le iba a reportar a Belmonte su voto en blanco.

Montesinos, que es portavoz de su grupo en el ayuntamiento tras su investidura frustrada, ha negado en diversas ocasiones que su partido realizara la oferta revelada por Belmonte.

Las diligencias de investigación abiertas por el fiscal Anticorrupción de la provincia de Alicante, Felipe Briones, pueden prolongarse un máximo de seis meses y deben concluir con un archivo o su remisión a un juzgado de Instrucción, si el caso reviste indicios de delito.

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