Allanan oficinas del Gobierno y de una fundación por la destrucción de documentos

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador allanó las oficinas de la Secretaría de Inclusión Social (SIS) y de una fundación por la supuesta destrucción de documentos oficiales, informó este domingo la entidad en un comunicado.

El presidente electo del país centroamericano, Nayib Bukele, denunció el viernes la supuesta destrucción de documentos oficiales por empleados de dicha secretaría cuando quedan pocos días para el cambio de administración.

La FGR precisó que fueron allanados “un centro de llamadas, una base de archivos y otras oficinas” del SIS, al igual que la supuesta sede de la Fundación Plenus.

Añadió que los fiscales constataron que dicha fundación, con “supuestos nexos” en el uso de fondos con la SIS, no opera en el inmueble intervenido pese a que se encuentra registrado como su sede oficial.

El Ministerio Público no dio más detalles de la supuesta relación entre la SIS y la Fundación Plenus ni de su posible participación en la destrucción de los documentos.

Explicó que los allanamientos comenzaron el viernes pasado tras la “recolección de evidencia desechada afuera de las instalaciones de la Secretaría de Inclusión Social”.

“La FGR recolectó documentos y equipo informático que pueden ser útiles en las investigaciones penales, las cuales continuarán los próximos días”, concluyó el Ministerio Público.

Delegados del estatal Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) inspeccionaron el viernes un basurero cercano a la Residencia Presidencial en San Salvador por la “posible destrucción de documentos”.

La entidad publicó en su cuenta de Twitter unas fotografías en las que se muestran documentos sobre “control de subsidios” del año 2013, que supuestamente pertenecen a la SIS.

Por su parte, el secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, Marcos Rodríguez, pidió un informe a la SIS sobre la “destrucción” o “desecho” de los documentos.

El IAIP instó en abril pasado a las autoridades a “resguardar debidamente la información reservada o confidencial y abstenerse de realizar acciones que deriven en la destrucción, alteración o inutilización” de documentos oficiales antes del cambio de Gobierno.