Alrededor de 2.450 españoles permanecen detenidos en el extranjero

Alrededor de 2.450 españoles se encuentran detenidos y presos en el extranjero y en torno a un centenar regresa cada año a España para cumplir su condena gracias a los convenios bilaterales firmados con una veintena de países.

Según los últimos datos oficiales a los que ha tenido acceso Efe, el Ministerio de Asuntos Exteriores tenía registrados en agosto de 2012 a 2.443 españoles detenidos en el extranjero, una cifra que varió poco en los últimos meses del año.

La gran mayoría, más del 80 por ciento, se encuentra en prisión por delitos relacionados con las drogas.

El grupo más numeroso se halla en Perú, donde permanecen detenidos 276 ciudadanos, 270 de ellos vinculados a las drogas; en el segundo puesto se sitúa Italia (216 detenidos, 196 por drogas); y el tercer grupo más importante está en Colombia (210 detenidos, 202 por drogas).

Tras estos países se sitúan Francia (199 españoles detenidos), Brasil (186), Marruecos (180), Portugal (150), Alemania (133), Argentina (123), Ecuador (118), Reino Unido (71), República Dominicana (70), Estados Unidos (63) y Venezuela (51).

A falta de conocer los datos cerrados de final de año, no habría ningún preso español en Cuba tras el regreso a España a finales de diciembre de Miguel Vives, condenado por tráfico de drogas a 18 años de cárcel, de los que había cumplido cuatro en la isla; y Ángel Carromero, sentenciado en octubre pasado a cuatro años por el accidente de tráfico en el que murieron los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero.

Cada año, antes de las vacaciones, se repiten las campañas institucionales para alertar de los riesgos de consumir o traficar con drogas en los viajes al extranjero, pero no siempre surten efecto.

En verano de 2010 había 1.757 españoles en prisiones extranjeras, a finales de 2011 se superaron los 2.500 y en 2012 la cifra descendió ligeramente.

Las oficinas consulares de España en el extranjero son las encargadas de atender a estas personas, una labor en la que desde hace años están también involucradas organizaciones como el Instituto Ramón Rubial.

El Movimiento por la Paz, que gestiona el programa de atención a detenidos españoles en el extranjero que el Instituto creó en 1989, explica que alrededor de cien españoles son trasladados cada año para cumplir condena en cárceles españolas.

La condición fundamental para que pueda solicitarse ese traslado es poseer la nacionalidad española y que exista un convenio firmado por ambos países que permita esa posibilidad.

España ha suscrito el convenio del Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas -firmado por alrededor de sesenta países- y más de veinte acuerdos bilaterales.

Los trámites, según explica el Movimiento por la Paz en su programa de atención a detenidos, pueden alargarse un año o año y medio.

Pero no hay un plazo establecido y Carromero, de hecho, regresó a España dos meses después de que su sentencia fuera firme, momento a partir del cual pueden comenzar las gestiones para la repatriación.

El condenado debe solicitar personalmente el traslado y, en su caso, pagar la multa que le haya sido impuesta.

En ciertos países no suele darse el consentimiento necesario para el traslado a condenados por determinados delitos o por el impago de multas.

Francia y Marruecos, advierte la organización que asesora a los presos, reclaman por ejemplo el pago de multas “astronómicas” para dar su consentimiento, mientras que Japón exige el cumplimiento de una parte de la condena antes de aprobar el traslado.

En la actualidad, Pablo Ibar, condenado a muerte en Estados Unidos acusado de tres asesinatos y que lleva más de doce años en un penal de Florida, es el único ciudadano de nacionalidad española sobre el que pesa la pena capital.