Alvarado pide a la Sala Constitucional avalar un tope a las pensiones en Costa Rica

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, pidió hoy a la Sala Constitucional que avale una directriz que establece un tope a las pensiones más altas, que ha sido recurrida por los jubilados, porque “la situación crítica de las finanzas públicas hace insostenible mantener estos privilegios”.

“La aplicación de un tope a las pensiones es un acto de responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Respetuosamente les solicito tomar en consideración las argumentaciones jurídicas, financieras y técnicas, pero ante todo las de orden ético que hoy se expondrán”, afirmó Alvarado.

El mandatario acudió este jueves, junto a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, a una audiencia ante la Sala Constitucional como parte de un proceso en el que los magistrados escuchan a las partes antes de resolver acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la directriz.

En 2014 el Gobierno emitió la directriz basada en una ley de 1998, mediante la cual estableció un tope a las pensiones llamadas popularmente como “de lujo”, que son pagadas con el presupuesto del Gobierno.

Este tope es de diez salarios mínimos de la administración pública, equivalente a un total de 2.700.000 colones (unos 4.500 dólares), que tocaría a cerca de 900 personas que en la actualidad reciben pensiones superiores a ese monto.

“La situación crítica de las finanzas públicas hace insostenible mantener estos privilegios”, afirmó el presidente Alvarado, quien pidió a la Sala Constitucional una resolución “pronta” sobre las acciones de inconstitucionalidad.

Por su parte, la ministra Aguilar detalló que para el 2019 los regímenes de pensiones con cargo al presupuestos representan un gasto del 2,9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivalente al 22 por ciento de todos los ingresos anuales del Estado.

“Es imperativa la aplicación del tope, que es razonable y que supera en mucho al de otros regímenes solidarios que aplican a la mayor parte de los costarricenses”, declaró Aguilar.

El tope a las pensiones con cargo al presupuesto forma parte de una serie de medidas que se han venido aplicando en Costa Rica durante los últimos años para bajar gastos y paliar el déficit fiscal, que en 2016 fue del 6,2 por ciento del PIB, así como la deuda que ronda el 50 por ciento del PIB.

El Gobierno de Alvarado también impulsa una polémica reforma tributaria que considera prioritaria para combatir el déficit y que fue aprobada por el Congreso en primer debate el pasado 5 de octubre.

El texto fue enviado a consultadas de diversas instituciones, incluida la Corte Suprema de Justicia, que el pasado martes determinó que el plan afecta su autonomía y funcionamiento, y sugirió a los diputados aplicar cambios en cuatro artículos relacionados a salarios, evaluaciones de desempeño y presupuestos.

Pese a este criterio, los diputados podrían votar en las próximas semanas en segundo debate, pero se necesitará una mayoría calificada (38 legisladores de los 57 que integran el Congreso), cuando en la primera votación la reforma obtuvo el apoyo de 35.

La otra opción es que apliquen los cambios sugeridos por la Corte Suprema.

El pasado 10 de septiembre los sindicatos del país iniciaron una huelga contra la reforma tributaria, pero ha ido perdiendo fuerza y en la actualidad el 98 por ciento de los huelguistas corresponde a trabajadores del sector educación.