Andalucía, contraria al proyecto gasístico en Doñana, exige al Gobierno que rectifique y permita su evaluación conjunta

Durante una comparecencia ante el Pleno del Parlamento andaluz, Fiscal ha defendido la necesidad de evaluar de forma conjunta los cuatro proyectos en que Gas Natural ha dividido la actuación para tener en cuenta los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos que podrían causar en Doñana y su entorno, “una exigencia que no ha sido aceptada por el Gobierno central y que la Administración autonómica ha trasladado a la Comisión Europea”, según ha explicado.

Ha señalado que en 2014, cuando se produjo la paralización de los expedientes debido a la reclamación de la Junta al Gobierno central de revisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para que se tuvieran en cuenta los impactos acumulativos de todos los proyectos, Gas Natural presentó una reclamación de 358 millones de euros al Gobierno autonómico por responsabilidad patrimonial por la paralización de dichos proyectos.

Fiscal ha asegurado que el interés de la Junta por preservar los valores naturales de Doñana “la ha llevado a analizar desde un principio, en el ámbito de sus competencias, el proyecto de gaseoducto iniciado por Gas Natural”. Así, ha explicado que según la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos, el organismo competente para autorizar este proyecto es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, “por tanto es también el Estado el encargado de emitir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”.

De esta manera, el consejero ha insistido en que el proyecto de Gas Natural “está avalado técnica y medioambientalmente por el Gobierno central, que tiene las competencias para autorizar este tipo de iniciativas y evaluarlas ambientalmente”. De hecho, ha agregado que lo ha declarado de interés público mientras se encontraba en funciones el exministro Soria.

Ha recordado que los cuatro proyectos en que la compañía ha troceado el gaseoducto están sometidos a Autorización Ambiental Unificada (AAU). Así, en el caso de 'Marisma Oriental', la AAU fue desfavorable por su afección negativa al Espacio Natural de Doñana; mientras que Aznalcázar y Marismas Occidental sí contaron con autorizaciones expresas favorables. La autorización para este último, cercano al ámbito geográfico de este espacio natural pero no en el interior del mismo, “fue sometida al criterio del Consejo de Participación de Doñana que informó favorablemente al estimar que el condicionado era lo suficientemente riguroso”.

El proyecto de Saladillo dispone de una AAU virtual “ya que es anterior a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), aunque sí deberá respetar la Ley andaluza de Espacios Naturales Protegidos, para lo cual habrán de tenerse en cuenta los nuevos instrumentos de planificación de Doñana, recientemente aprobados, que prohíben expresamente la acumulación y el enterramiento de materias primas, productos y residuos sólidos, líquidos y gaseosos”.

Fiscal ha aclarado que la no concesión por parte de la Junta de la autorización ambiental unificada a 'Marisma Oriental' “representa un serio obstáculo para la viabilidad de los demás”. En la práctica, ha concretado que la Junta ha paralizado con esta acción “tres de los cuatro subproyectos por la interrelación e interdependencia que guardan entre ellos”.

Además, ha especificado que como medida adicional de protección del medio ambiente, Andalucía incluyó en la Ley GICA, una medida adicional de protección denominada Autorización Ambiental Unificada (AAU), “gracias a la cual se dispone de un procedimiento propio para evaluar las incidencias ambientales de los proyectos”. No obstante, ha aclarado que esta autorización no puede sustituir ni desvirtuar la competencia estatal, ejercida a través de la DIA.

El consejero ha concluido su intervención instando a los grupos políticos a que ejerzan el debido control sobre el Gobierno de España en el Congreso de los Diputados y en el Senado, “para que respondan en sede parlamentaria sobre las consecuencias de sus decisiones y sobre estos proyectos ya que son competencia del Estado”.

Igualmente ha hecho un llamamiento a todos los partidos para sacar al Espacio Natural de Doñana de la “batalla partidista” y para no utilizarlo como “arma arrojadiza sin el más mínimo análisis ni justificación técnica que avale lo que se denuncia”.

PP-A: LA JUNTA “MANOSEA” DOÑANA

Para posicionar al PP-A, Manuel Andrés González ha resaltado que este proyecto “tiene la autorización ambiental unificada por parte de la Consejería” y que los informes de la administración andaluza para elaborarla “no señalaban reparo alguno y en ningún momento apuntó la necesidad de hacer una autorización para los cuatro proyectos”, así como ha reprochado a los socialistas que hayan cambiado de postura sobre ese asunto, y lo ha hecho rememorando la postura del que fuera consejero de Presidencia Manuel Gracia.

“La Junta toma decisiones y ha dado las últimas autorizaciones, tiene competencias al respecto”, ha señalado el popular antes de preguntar al consejero si “tiene miedo a dar explicaciones”, pues es un proyecto que, ha señalado, “arrancó con el PSOE gobernando en el país y en Andalucía”. Por todo, ha criticado que la Junta “no es creíble” y que “manosea Doñana” según “sus intereses”.

Mercedes Barranco, diputada de Podemos, ha tildado de “aberración” el proyecto, que ve “especialmente sucio por los intereses personales, económicos, políticos y las puertas giratorias” que supone, y se ha referido a Felipe González, Miguel Arias Cañete o José Manuel Soria. “El proyecto no es seguro para Doñana”, ha asegurado Barranco antes de lamentar que “toda la protección de Doñana no es suficiente para protegerlo si las administraciones se pliegan a los intereses de las multinacionales”. Así, ha criticado que la Junta ha cedido y ha solicitado la paralización del proyecto porque “Doñana está sentenciada a muerte con esta amenaza”.

El parlamentario de C's Julio Díaz ha criticado que la división de los cuatro proyectos “ha sido una decisión estratégica de la empresa para sortear mejor su tramitación”, al tiempo que ha considerado que “estar vigilante no es suficiente” y que “hay que hacer algo más”. Por eso, ha defendido que “hay que terminar con situaciones kafkianas como la que tenemos” y ha abogado por hablar de cuestiones como “en qué podemos avanzar para hacer posible que este tipo de proyectos no se nos vayan de las manos y amenacen este espacio tan vital para Andalucía”.

Por IULV-CA, José Antonio Castro ha afirmado que los proyectos de Gas Natural “son una auténtica aberración” y ha defendido que “ser patriota no es vender Doñana para que una multinacional la explote, patriota es decir que Doñana no se toca”. Ha criticado que Fiscal “use el mismo argumento que Gas Natural” al decir que la Junta no va más allá porque puedan declarar sus decisiones de plena nulidad, y ha pedido que la Junte plantee que hay un conflicto de competencias al considerar que no está haciendo lo suficiente porque “la aberración ya se está haciendo”.

Por último, el diputado del PSOE-A Jesús Ferrera ha tildado de “pésima y horrorosa” la gestión del PP en este asunto, y más en Andalucía, donde “no da la cara” por este proyecto, que, a su juicio, “persigue destrozar Doñana, trocearla y hacer una autovía, el sueño dorado de Arenas”. “La Junta está poniendo, dentro del marco legal que le permite, palos en la rueda para detener este atentado al corazón de Doñana”, ha asegurado el socialista.