Andorra se querella contra 12 directivos de BPA y pide que declaren los hermanos Cierco

El Gobierno de Andorra ha presentado este martes una querella contra el exconsejero delegado de Banca Privada d'Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, y 11 directivos y altos cargos de la entidad bancaria, y ha pedido que la Batllia --juzgado de primera instancia andorrano-- tome declaración a los accionistas mayoritarios del banco, los hermanos Higini y Ramon Cierco.

En un comunicado, el Ejecutivo andorrano ha recordado que la querella se suma a la causa penal por blanqueo de capitales abierta en el caso BPA, que actualmente se encuentra en fase de instrucción y en la que el Gobierno ya se constituyó como actor civil el 26 de mayo.

Desde entonces, los letrados del Ejecutivo han examinado el contenido del sumario y han llegado a la conclusión de que las actuaciones delictivas que se imputan a los diversos querellados “han dañado seriamente la reputación de Andorra, de su modelo económico y de la plaza financiera”.

Según los abogados del Gobierno, del análisis detallado del sumario se desprende que hay “pruebas e indicios de delito de blanqueo agravado”.

Además, consideran probado que los querellados eran conocedores de las advertencias de que fue objeto BPA de manera sistemática, reiterada y creciente a lo largo de seis años por parte de acreditadas entidades bancarias internacionales.

A pesar del riesgo que ello suponía, el Ejecutivo considera que estas conductas se ven agravadas por la inacción de los querellados a la hora de informar a los organismos competentes.

También concluye que los accionistas mayoritarios de BPA, como miembros de la mayoría de órganos de decisión y control de la entidad, podían haber sido conocedores de esta operativa.

Es por ello que entre las diversas diligencias solicitadas en el escrito de querella presentado se pide la declaración de los hermanos Higini y Ramon Cierco.

DAÑOS MÁS ALLÁ DE BPA

A parte de las actuaciones presuntamente delictivas en sí mismas y de la presunta sustitución del negocio bancario por una operativa dolosa de blanqueo, el Gobierno considera que los querellados eran conscientes del riesgo que sus actuaciones representaban para terceros.

El ejecutivo del país de los Pirineos lo concreta en los intereses de los clientes de la entidad, el resto del sistema financiero, la economía, y las instituciones y la reputación del Principado de Andorra.

Más allá del interés público en la persecución de estos delitos concretos, el Gobierno entiende que formulando esta querella contribuye a “defender el interés general de la ciudadanía y de las instituciones del país”.