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Anticorrupción y el SUP coinciden en oponerse a la imputación de la mujer de Ignacio González

Consideran que la imputación de Lourdes González adolece de "falta de motivación"

El PSM, también personado como acusación en el ‘caso ático’, pide que el auto de la juez instructora se mantenga “en su integridad”

Los socialistas madrileños creen que debe ser la Audiencia Nacional el tribunal que instruya hasta que se pronuncie el Supremo

Un juzgado imputa a la esposa del presidente de Madrid por el caso del ático en Estepona

Lourdes Cavero e Ignacio González

La Fiscalía Anticorrupción y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han coincidido en sus argumentos este martes al solicitar en sus respectivos recursos, ante la Audiencia de Málaga, que se revoque la imputación de Lourdes Cavero, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en el llamado ‘caso ático’. Por el contrario, el PSM, también personado como acusación, ha pedido que se mantenga su condición de imputada.

Durante la vista pública, celebrada ante la Sección Novena del tribunal malagueño, el fiscal Juan Carlos López Caballero, ha reproducido las tesis de su escrito, ya conocidas públicamente, sobre la “falta de motivación” del auto dictado por la juez instructora, Mariana Peregrina, en diciembre de 2013.

En dicha resolución la magistrada, sustituta en el Juzgado 5 de Estepona, resolvió imputar a Cavero, así como a la sociedad vendedora del ático, Coast Investors, radicada en Delaware (EE.UU). Simultáneamente aceptaba la personación de González, a pesar de no estar contemplada y ser aforado ante el Supremo. Peregrina decidía también que el tribunal competente para enjuiciar estos hechos, denunciados por el SUP como presuntos delitos de blanqueo de capitales y de tipo fiscal,  entre otros, sería ahora mismo la Audiencia Nacional (AN).

López Caballero ha argumentado que hay “falta de base fáctica” para imputar a Cavero, porque “no se se sabe cómo se ha cometido  un delito de elusión fiscal” en el marco de la compraventa del lujoso inmueble radicado en Estepona. Cree el fiscal jefe de la Audiencia de Málaga que “habría que ver cuál es el delito que se imputa a Coast Investors a partir del año 2010”.

Así pues, para el Ministerio Público “no hay indicios de delito ni en Coast ni en los arrendatarios, luego compradores”, ha dicho en alusión al matrimonio González-Cavero, que adquirió el piso en diciembre de 2012, en pleno escándalo mediático y con la juez de Estepona instruyendo la denuncia del SUP.

Anticorrupción no comparte las tesis de la instructora sobre que pueda producirse una personación “de tipo preventivo” de González en el procedimiento: “Soy consciente de de que puede producirse un limbo jurídico”, ha expuesto López Caballero sobre la situación en que quedaría el dirigente del PP y su posible indefensión, invocada por el propio aforado.

En cuanto al “delito cometido en el extranjero” que apreció la juez Pelegrina para trasladar la competencia a la AN, el fiscal, al oponerse, se ha referido sin citarlo al macrosumario del ‘caso ballena blanca’, por blanqueo de capitales, ya sentenciado en firme por el Supremo: “Aquí en Málaga tenemos alguna experiencia sobre sociedades radicadas en Delaware que han podido servir para ocultar la titularidad real de sus propietarios”. Eso no quiere decir-ha acotado- que “todas las sociedades de Delaware sean así”.

Para el acusador público “tendría que establecerse el delito antecedente a la compra-venta del inmueble”, en alusión a un posible cohecho del que hablaron los denunciantes del caso, en relación a un supuesto pago en especie del inmueble al exvicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Para el letrado del SUP, Javier Carnerero, el auto de Peregrina recurrido ante la Audiencia de Málaga es “carente de fundamentación y precipitado”. Cree la acusación particular que “sería ilógico imputar a Cavero y dejar fuera a su marido”.

El sindicato policial ha mantenido desde diciembre que no era el momento oportuno para imputar a la esposa del gobernante madrileño, sin haberse recibido aún el resultado de las diversas diligencias cursadas al extranjero.

“No es normal que estemos esperando una comisión rogatoria año y medio para ver la procedencia del dinero”, ha criticado Carnerero. Acto seguido ha anunciado que cuando se recabe toda la información y pruebas requeridas “pediremos la imputación”.

Desde el Partido Socialista de Madrid (PSM), también personado en la causa como acusación, su letrado, Wilfredo Jurado, ha mantenido una línea totalmente opuesta a las otras dos acusaciones: “Pedimos que el auto se mantenga en su integridad”.

Así pues, el Grupo Parlamentario del PSOE en la Asamblea de Madrid pretende que Cavero continúe imputada, así como que el caso se derive a la AN “mientras el Supremo resuelve las dos querellas presentadas”, ha dicho el abogado Wilfredo Jurado en alusión a las acciones emprendidas contra González por los socialistas, así como por trabajadores de Telemadrid.

El citado letrado sostiene que debería darse por personado al presidente de la Comunidad de Madrid, como pretende la juez instructora, “para garantizar sus derechos”, algo que también ha invocado el abogado Adolfo Prego, sustituido este martes  por otra letrada de su bufete, como representante del matrimonio González-Cavero.

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