La Fiscalía pide la imputación de Oriol Pujol por el caso de las ITV
Se ha cumplido la previsión que había anunciado la Fiscalía Anticorrupción. Fernando Maldonado, representante del ministerio público en el denominado caso ITV, ha pedido formalmente a la juez encargada de la instrucción del sumario, Silvia López Mejías, que se inhiba a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para poder citar como imputado al secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol Ferrusola, hijo del expresidente autonómico Jordi Pujol.
La intención de Anticorrupción de pedir la imputación de Oriol Pujol era una espada de Damocles que pendía sobre el estrecho colaborador del actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, desde que, hace unas semanas, en ambientes judiciales de Barcelona empezó a conocerse el contenido del informe que estaba preparando para la juez López Mejías el fiscal Maldonado.
La juez, que es titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, el mismo que cargó durante 17 años con la investigación del caso Pallerols en el que la Audiencia de Barcelona ha condenado a Unió, el socio minoritario de CDC en CiU, por financiación ilegal, estaba deseando que el caso fuera a parar al TSJC. Hace apenas una semana, exigió al fiscal Maldonado que se pronunciara sobre la situación procesal de Oriol Pujol.
El caso ITV nació originalmente como la derivada catalana del caso Campeón, en el que se investiga si el empresario farmacéutico Jorge Dorribo sobornó al ministro de Fomento y, entonces, vicesecretario general del PSOE, José Blanco. Una de las conversaciones intervenidas por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Guardia Civil les condujo al empresario catalán Sergi Alsina, amigo íntimo y compañero de pupitre de Oriol Pujol.
Inicialmente se investigaba la organización de una trama corrupta que, con la cobertura de Oriol Pujol, amañaría los concursos para las concesiones de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos. Un modelo que pensaban extender a la nueva agencia que prevé crear la Generalitat para crear una gran empresa que haría un trabajo similar al de las ITV en los edificios.
Finalmente, ninguno de los dos proyectos llegó a buen puerto, pero las conversaciones entre los imputados, la actitud de Oriol Pujol y la del entonces secretario general del Govern, Germà Gordó, ascendido tras las últimas elecciones autonómicas por el president Mas a consejero de Justicia, están siendo investigadas.
Tráfico de influencias
Aun así, el fiscal Maldonado considera que la relación entre Oriol Pujol y los empresarios imputados en la trama, Sergi Alsina y Sergio Pastor, podría constituir un caso manifiesto de tráfico de influencias.
Pero hay más. Los empresarios acusados de corrupción hicieron pingües beneficios con la mediación en la compraventa de las sedes de dos multinacionales, Sony y Yamaha. En ambos casos, las escuchas telefónicas también han acreditado que la esposa de Oriol Pujol, Anna Vidal Maragall, recibió comisiones por la venta de ambas sedes.
En el caso de la venta de la sede de Sony en la localidad barcelonesa de Viladecavalls, Anna Vidal facturó a la trama corrupta 200.000 euros más IVA. Oriol Pujol siempre ha negado que tuviera relación alguna con una trama corrupta para amañar la concesión de estaciones de ITV. De hecho, siempre se ha mostrado especialmente molesto porque él, hasta ahora, no había recibido comunicación alguna del juzgado de que se le estuviera investigando, ni siquiera que fuera considerado testigo.
Ahora que su imputación es cuestión de días, una vez se pronuncien, primero la juez López Mejías, y posteriormente la Sala Civil y Penal, estará personado en la causa como parte y tendrá designado un abogado.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, que en los últimos días ha hecho un llamamiento para celebrar una cumbre institucional para abordar la corrupción política, había hecho una férrea defensa de Oriol Pujol porque “ni siquiera está imputado”.
El llamamiento de Mas es especialmente paradójico porque CDC tiene su sede embargada para responder a una eventual responsabilidad civil de 3,3 millones de euros por haber recibido cerca de 12 millones abonados por Ferrovial al Palau de la Música, que ejerció de intermediario, Unió acaba de ser condenada por financiación ilegal y ahora, el secretario general del partido de Mas acabará imputado por el caso ITV.
