Aprobada en comisión la ley de seguridad, que la oposición desea recurrir y derogar

La Comisión de Interior del Congreso ha aprobado hoy, con el apoyo en solitario del PP, el proyecto de ley de seguridad ciudadana, al que se ha opuesto la oposición en bloque, cuyos portavoces han expresado su voluntad de derogarla si llegaran al Gobierno y de recurrirla por inconstitucional.

Después de tres sesiones de ponencia, en las que se han incluido algunas enmiendas del PP y de otros grupos, el dictamen ha sido aprobado por 23 votos a favor y 16 en contra y se debatirá en el pleno de la Cámara Baja previsiblemente la segunda semana de diciembre.

Pese a que una de las mayores polémicas durante su tramitación surgió como consecuencia de una enmienda del PP para, a través de esta ley, modificar la de Extranjería y legalizar las llamadas “devoluciones en caliente”, esta cuestión no ha centrado hoy el debate.

Ni siquiera el PP, que ha utilizado a dos portavoces en el debate, ha mencionado este asunto ni su autoenmienda, mientras que los grupos de la oposición han vuelto a expresar su rechazo a la posibilidad de regular lo rechazos en frontera por ilegales.

A través de la enmienda del PP, se modificará la Ley de Extranjería y se incluirá un precepto para que el rechazo en frontera de los inmigrantes solo se lleve a cabo cuando intenten sobrepasar “en grupo” los elementos de contención o vallas.

En concreto, el texto dice: “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.

Respecto al resto del proyecto de ley de seguridad ciudadana, durante su debate en ponencia se han introducido algunas enmiendas y así, el conocido como “botellón” será considerado como una infracción leve, con multas de hasta 600 euros, y no grave como preveía el proyecto.

Tampoco se considerará infracción -en el proyecto figuraba en la lista de leves- la práctica de juegos o de actividades deportivas en espacios públicos no habilitados para ello, cuando exista un riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.

Otra de las enmiendas acordadas con los grupos nacionalistas permitirá que la ejecución de la ley en materia de sanciones esté a cargo de las autoridades autonómicas con Policía propia (País Vasco y Cataluña) y no de las delegaciones del Gobierno.

Los diputados socialistas Antonio Trevín e Ignacio Sánchez Amor han reprochado al PP la ideología conservadora con la que ha elaborado el sistema de sanciones y la visión “preconstitucional” que subyace en una ley “mordaza” de represión ciudadana con la que el Gobierno quiere “una mayoría silenciosa y minorías silenciadas”.

Para Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, este proyecto es el “colofón del despropósito judicial del PP” y “un auténtico código penal paralelo” para satisfacer el deseo del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de sancionar “a la gente en la calle”.

También observa el diputado del PNV Emilio Olabarria “resonancias al viejo concepto de orden público”, mientras que Feliu Guillaumes, de CiU, ha denunciado las “sanciones draconianas” que prevé el proyecto.

Desde UPyD, el diputado Toni Cantó ha considerado que el procedimiento sancionador del proyecto afecta a la tutela judicial efectiva, y en ERC, Joan Tardá ha lamentado que la Policía se convierta en juez y que se quiera impedir la protesta social.

Por último, Xavier Mikel Errekondo, de Amaiur, ha coincidido en que la ley “socava las libertades públicas” y concede una “arbitrariedad absoluta” a las fuerzas de seguridad.

En defensa de la norma han intervenido los diputados del PP Federico Cabello de Alba y Conrado Escobar, quienes mantienen que el texto mejora la ley actual, es acorde con los países de nuestro entorno y hace compatibles los derechos de todos los ciudadanos en la calle.

Además, protege mejor a los colectivos más vulnerables, han subrayado los parlamentarios populares, que han reprochado a la oposición tener ya predefinido un bloque para “arremeter” contra el Gobierno sin argumentos.