Aprobada la ley vasca que repara y reconoce a víctimas de abusos policiales

El Parlamento Vasco ha aprobado hoy con los votos de PNV y PSE-EE la ley autonómica que abre la puerta a la reparación y reconocimiento de las víctimas de abusos policiales cometidos en Euskadi entre 1978 y 1999.

El debate sobre la norma vasca ha evidenciado las diferencias que suscita entre quienes la apoyan (PNV y PSE), quienes la ven insuficiente, como EH Bildu, que se ha abstenido, y quienes la consideran “insegura jurídicamente”, como PP y UPyD, que se han opuesto porque creen que terminará “invalidada” e impugnada, lo que para los populares “frustrará las expectativas” de los colectivos afectados.

La ley aprobada es la continuación del camino emprendido en 2012 por el Gobierno Vasco para atender a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos que no habían sido reconocidas ni reparadas hasta la fecha.

Primero lo hizo ofreciendo cobertura y apoyo a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos del período 1960-1978 y ahora se propone que sean tratadas de forma “justa y equitativa” quienes padecieron abusos similares hasta el año 1999.

El Ministerio de Interior, al conocer este proyecto de ley, ya advirtió de que algunos de sus preceptos vulneraban la Constitución y que la Comisión de Valoración -encargada de reconocer la condición de víctima- infringía “varias competencias exclusivas estatales”, aunque posteriormente PNV y PSE introdujeron cambios que a su juicio dotan al texto de mayor seguridad jurídica.

La fijación de un ámbito temporal se hace con el fin de abordar los casos que, por haber prescrito, no han encontrado “el merecido reconocimiento de los derechos de verdad, justicia y reparación”, señala el texto de la ley.

Sin embargo, esta limitación temporal es uno de los aspectos que ha llevado a EH Bildu a abstenerse y a no apoyar la norma. También ha pesado el hecho de que no incluya a las personas que han sufrido torturas y que las indemnizaciones sean inferiores a las que reciben las víctimas del terrorismo en la ley estatal.

Julen Arzuaga (EH Bildu) ha reconocido que con esta norma “se da un paso” pero “corto, tímido y dubitativo” y ha explicado que su grupo aspiraba a una ley “integral” y a “una comisión de la verdad sin ambages”.

Idoia Mendia (PSE-EE) ha recordado que será una ley “segura” en función del reglamento que queda pendiente de elaborar, por lo que ha pedido al lehendakari, Iñigo Urkullu, que los próximos pasos que dé el Gobierno Vasco sean para garantizar su seguridad jurídica.

Asimismo, ha opinado que es una ley “útil” para las víctimas que han estado “olvidadas” hasta ahora y ha recordado que los funcionarios que cometieron abusos fueron “minoritarios”.

Carmelo Barrio (PP) ha advertido de que la norma vasca contiene “dosis importantes de inseguridad jurídica” y ha criticado que se apruebe tras un debate “exiguo” y una tramitación “exprés”.

UPyD ha opinado que las dudas jurídicas no resueltas que conlleva la ley terminarán invalidándola.

Iñigo Iturrate (PNV) ha dicho por contra que hoy es “un día importante para la construcción de la paz y la convivencia” y ha afirmado que “la ley ofrece seguridad jurídica y es un buen suelo para seguir construyendo”.

Tras su aprobación, el secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, ha hecho un llamamiento al Gobierno central a colaborar en el desarrollo de la ley “porque tiene una parte de responsabilidad muy importante a la hora de reconocer y reparar a estas víctimas”.