Aragón investigará responsabilidades en depuración y saneamiento de sus aguas

Las Cortes de Aragón han respaldado hoy por unanimidad la creación de una comisión de investigación, solicitada por Podemos, que dirimirá posibles responsabilidades en la gestión del saneamiento y depuración de las aguas después de que un informe de la Cámara de Cuentas advirtiera irregularidades.

En dicho informe, realizado sobre las cuentas anuales de 2015 del Instituto Aragonés del Agua (IAA), el organismo fiscalizador avisa de que la Comunidad Autónoma podría verse obligada a devolver 117 millones al Estado por el “probable incumplimiento” del Plan de Saneamiento y Depuración en la cabecera de los ríos pirenaicos.

Asimismo, analiza la evolución de este plan desde su inicio, en 2001, cuando preveía la construcción de 1.153 plantas potabilizadoras, de las que a finales de 2015 solo estaban en servicio 255, y apunta que las obras hechas fueron un 25 por ciento más caras, lo que supone un sobrecoste anual de 5 millones de euros.

En defensa de su iniciativa, la diputada de Podemos Marta de Santos se ha congratulado de que “por fin” se abra una ventana que arroje luz para “depurar” por qué Aragón es la Comunidad que paga más caro el servicio de saneamiento.

Ha recordado que el Ministerio ya hizo un estudio pormenorizado de los sistemas de depuración y solamente dos comunidades autónomas escondieron este informe “en un cajón”: Madrid y Aragón, por lo que ha considerado que se da un “paralelismo” entre el Canal de Isabel II y el Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón.

El informe de la Cámara de Cuentas, ha insistido, deja ver claramente una “retahíla” de ilegalidades que incluye “desvío de fondos” y “sobrecostes millonarios”, además de que los aragoneses pagan más del doble por la depuración y en algunos casos hasta diez veces más.

De Santos ha agradecido a todos los grupos su apoyo a la creación de esta comisión, en especial al PAR, ya que este plan fue pilotado por algunas de sus “figuras”, y ha anunciado que invitará a la comisión a la por entonces ministra, que ha mostrado su disponibilidad, y a los alcaldes de todos los partidos que se han enfrentado al Gobierno autonómico para que arrojen luz sobre lo que ha definido como “zancocho”, “trama” o “tinglado”.

La comisión buscará responsabilidades políticas y “lo que venga”, ha concluido comparándola con la que investigó las irregularidades en la plataforma logística de Zaragoza (Plaza).

En el turno del resto de grupos parlamentarios, el diputado popular Ramón Celma ha apoyado la comisión pero “con algunos avisos”, porque quiere que sea “útil” y que se evite que las reuniones estén “lastradas” por intereses políticos que impidan que se llegue a conclusiones “certeras”.

El portavoz socialista, Javier Sada, ha sostenido que el Plan de Saneamiento y Depuración ya no es una “solución” sino un “problema”, por lo que el Gobierno está buscando “nuevas fórmulas”.

María Herrero, del PAR, directamente aludido por la diputada proponente, ha considerado que esta comisión es una “oportunidad” para que se sepa “la verdad de todo” y se ponga “negro sobre blanco” la gestión sobre la depuración de las aguas en Aragón.

Jesús Sansó, de Ciudadanos, ha instado a basarse en datos y cifras objetivos y a dejar de lado los “eslóganes de campaña”.

En representación del Grupo Mixto, Carmen Martínez (CHA) ha recalcado que la Cámara de Cuentas constata que no son “solamente sospechas”, sino que hay prácticas que “no se deberían haber hecho” y tras que Patricia Luquin (IU) ha recordado que ya intentó, sin éxito, la creación de esta comisión de investigación en 2012 y que se trata de un asunto “muy, muy grave”, ya que muchos ayuntamientos están “sufriendo” la falta de depuradoras.