Argentina volverá a exigir justicia 22 años después del atentado contra la AMIA

Argentina recordará este lunes el vigésimo segundo aniversario de la voladura de la mutualista judía AMIA, el peor atentado terrorista sufrido por este país suramericano y que aún permanece impune.

El acto central en recuerdo de los 85 muertos que dejó el ataque comenzará a las 12.53 GMT, en coincidencia con la hora exacta en la que se perpetró el atentando del 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutualista Israelita Argentina (AMIA), de Buenos Aires.

Con el lema “La memoria nos une”, en el acto, que se realizará a las puertas de la reconstruida sede de la mutualista, está previsto que hablen un dirigente de la AMIA y un representante de los familiares de las víctimas y habrá además una actuación musical.

Por su parte, están convocados actos diferentes por organizaciones que representan a sobrevivientes y familiares de las víctimas y que en los últimos años han mostrado sus diferencias con los dirigentes de la colectividad judía respecto a la estrategia en el reclamo de justicia.

La asociación Memoria Activa hará a la misma hora que el acto central en la AMIA una manifestación frente a la sede de los Tribunales de Buenos Aires bajo la consigna “tenemos memoria, nos falta verdad y justicia”, mientras que la agrupación 18J ha convocado a una concentración en horas del mediodía en Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo argentino.

Este año, la conmemoración del atentado será la primera durante el nuevo Gobierno de Mauricio Macri, quien asumió la Presidencia argentina en diciembre pasado, tras doce años en el poder de un kirchnerismo que ha sido muy cuestionado por los líderes judíos a raíz de un polémico memorando que el Gobierno de Cristina Fernández firmó con Irán en 2013.

Ese acuerdo buscaba, según sus firmantes, tratar de esclarecer el ataque -cuya planificación y ejecución es atribuida al grupo terrorista Hizbulá-, pero finalmente el memorando fue declarado inconstitucional por la Justicia de Argentina.

La controversia arreció cuando el fiscal a cargo del caso AMIA, Alberto Nisman, denunció en enero de 2015 a la entonces presidenta Cristina Fernández (2007-2015) y a otros altos cargos de su Gobierno como presuntos responsables de orquestar un plan para exculpar a los iraníes sindicados como responsables del atentado.

En su denuncia, el fiscal, que murió en circunstancias aún sin aclarar cuatro días después de presentarla, se basaba en el acuerdo suscrito entre Argentina e Irán y que, a su juicio, buscaba encubrir a los sospechosos del atentado a cambio de impulsar el intercambio comercial de granos argentinos por petróleo de Irán.

Sin embargo, esta denuncia fue desestimada definitivamente por la Justicia.

El pasado martes, al visitar la sede de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA, brazo político de la colectividad judía en el país), el ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, reconoció que “lamentablemente el Estado ha fallado” en el caso AMIA y dijo que ahora “lo importante es tratar que nunca más vuelva a fallar” el sistema de Justicia.

Garavano destacó que el Gobierno de Macri está dando cumplimiento a la ley de reparación a los familiares de las víctimas, ha fortalecido la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA y trabaja para impulsar el juicio en ausencia para hechos de terrorismo.

El atentado contra la AMIA fue el segundo ataque terrorista contra judíos de Argentina, después de que veintinueve personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires, atentado también atribuido a Hizbulá.