Arranca este martes la comisión de investigación del Senado impulsada por el PP para contrarrestar la del Congreso

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, dejó claro hace unos días que si la oposición pretende convertir en una “causa general” contra el PP la comisión del Congreso y no admite que declaren líderes de otros partidos más que Mariano Rajoy, los 'populares' les llamarán a comparecer en la comisión del Senado que arranca mañana.

La sesión de este martes servirá únicamente para constituir la comisión y para elegir la Mesa que dirigirá los trabajos, cuya presidencia corresponde al PP, aunque podría cederla. En una próxima reunión se tendrá que empezar ya a debatir a quién se llama a declarar y para qué, qué es lo que se va a investigar.

El portavoz del PP será Luis Aznar, quien ya llevó la voz del PP en el Pleno del Senado que debatió precisamente la creación de esta comisión. Del PSOE lo será la ex consejera andaluza Elena Víboras y por parte de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Óscar Guardingo; de ERC será portavoz Miquel Àngel Estradé, y del PNV, Nerea Ahedo; mientras que por el Grupo Mixto será miembros Pachi Yanguas (UPN) y Yaiza Castilla (Agrupación Socialista Gomera).

UNA TREINTENA DE CASOS

El Senado abrirá así una comisión de investigación veinte años después de la última, creada en 1995 para analizar las responsabilidades políticas derivadas de la actuación de los Grupos Antiterroristas de Liberación, los GAL.

En la solicitud de creación de la nueva comisión, el PP explica que busca la revisión de la financiación de todos los partidos y fórmulas de más transparencia para el futuro. Asegura que la corrupción es un problema que ha afectado a todos y enumera una treintena de asuntos conocidos en los últimos años y que afectan a prácticamente todos los miembros del arco parlamentario; entre ellos, sólo cita dos que le afectan directamente: Púnica y Gürtel.

El escrito del PP arrancan con el 'caso Filesa' de financiación ilegal del PSOE, que provocó una comisión de investigación en el Congreso en 1994. Añade que entre 1987 y 2007, los partidos ingresaron más de 100 millones de euros a través de donaciones anónimas, según los informes del Tribunal de Cuentas: “CiU se llevó 42 millones, el PNV 27, el PP 25 y el PSOE 8”.

Dice a continuación que también hubo condonaciones de deuda bancaria, que califica de “donaciones exorbitantes”: “Tan sólo en 2005 al PSC se le perdonaron 6,6 millones y otros 7,8 fueron renegociados con el PSOE, IU y otros con un tipo de interés tres veces inferior al aplicable. A ERC se le condonaron 2,7 millones”.

El PP insiste en que ningún partido puede enarbolar “una superior autoridad moral sobre los otros” y sigue enumerando casos de corrupción aunque no menciona a los partidos afectados: el 'caso Tragaperras' y el caso 'De Miguel (PNV), el caso Casinos (CiU); en Andalucía, añade, el fraude de los ERE, cursos de formación, Invercaria, “los casos Avales, Mercasevilla, el de facturas de la UGT, la Agencia Idea y las infraestructuras educativas”, el 'caso JEREME', 'caso Marismas', caso Consorcios UTDELT (que afectan a la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE).

DEL MUSEL AL CASO PALAU

Y continúa: 'Bahía Competitiva', caso PTA (PSOE), los casos gallegos Pokemon, Patos y Santos Héctor Rodríguez (varios partidos), el caso Mercurio (PSC), caso Caja Castilla-La Mancha, los aragoneses caso Plaza/Naves (PSOE) y caso Pagarés/karting, el caso Marea y la ampliación del Puerto del Musel (PSOE asturiano, al que pertenece el actual portavoz socialista del Senado, Vicente Álvarez Areces), la presunta prevaricación en Santoña (PSOE), “la compra de votos en Melilla” (PSOE y Coalición por Melilla), el caso Palau “o el 3% en Cataluña” (CiU) “y otros que hemos ido conociendo a lo largo de los últimos años”.

Añaden que tampoco está permitida la “utilización de las asignaciones de los grupos municipales” para la financiación de nacional de partidos (en referencia a Ciudadanos), ni la financiación de “forma directa o indirecta” por parte de países extranjeros “al entorno de un partido político de ámbito nacional, o el 'crowfunding' ”eludiendo“ algunos requisitos legales (en clara alusión a Podemos).