Petición de indulto para los policías condenados por el chivatazo a ETA

El caso Faisán, con el que el Partido Popular martilleó al Gobierno de Zapatero durante su primera legislatura, está próximo a cobrarse dos víctimas. Y ninguna de ellas es un dirigente socialista. La sentencia del Tribunal Supremo que avala las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a los policías Enrique Pamiés y José María Ballesteros supondrá su expulsión del Cuerpo Nacional de Policía. Solo una improbable admisión a trámite del recurso ante el Tribunal Constitucional que preparan sus defensas podría paralizarlo. Ante esta situación, el entorno de los policías ha puesto en marcha una campaña para solicitar su indulto al Gobierno.

En un documento al que ha tenido acceso eldiario.es se pide la medida de gracia del Gobierno para dos policías que “han dedicado 30 años de su vida a la lucha antiterrorista, siendo unos funcionarios de policía vocacionales y con numerosos éxitos profesionales debido a su dedicación absoluta al servicio de la Comunidad”. Los impulsores del documento están creando una plataforma de apoyo a los dos veteranos policías y en los próximos días estará lista una página web.

Pamiés y Ballesteros han sido condenados a un año y medio de cárcel y 4 de inhabilitación. Sin antecedentes, ninguno de los dos entrará en prisión. Sin embargo, la pena de inhabilitación conlleva la expulsión automática del Cuerpo Nacional de Policía. Por eso sus abogados solicitarán a la Audiencia Nacional la suspensión en la ejecución de la condena mientras se tramita el recurso ante el Constitucional. Fuentes jurídicas cifran en un 0,5% el número de recursos de casación que admite a trámite el tribunal ya que los asuntos deben tener trascendencia constitucional.

Aun así, según fuentes policiales, Interior podría recurrir a otro artículo de la Ley de Régimen Disciplinario y expulsar de inmediato a los policías por haber sido condenados por un delito doloso, aunque esa no sea la única opción que el texto reserva al departamento de Jorge Fernández Díaz. El ministro ya ha dicho que expulsará a los policías en cuanto le sea notificada la sentencia.

Revés a la tesis del PP y de su fiscal general

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no entra a valorar los hechos probados en la sentencia de la Audiencia Nacional y se limita a confirmar la valoración de los mismos. De este modo, mantiene la condena por revelación de secretos y rechaza la petición de la acusación popular de que los dos policías fueran condenados por colaboración con ETA.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió no recurrir la sentencia después de haberse visto obligada a solicitar una condena de colaboración por la orden que le cursó por escrito el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, nombrado por el Partido Popular. La sentencia de la Audiencia Nacional, lejos de considerar a los policías colaboradores de la banda, recogía que la intención de los policías perseguía el fin último de “lograr el cese de la actividad de ETA”.

Ambos fallos consideran probado que Ballesteros entregó un teléfono móvil al dueño del bar Faisán, el fallecido Joseba Elosua, para que Pamiés le alertara de que había una operación policial en marcha contra la red de extorsión que presuntamente dirigía. Los hechos tuvieron lugar el 4 de mayo de 2006, en pleno proceso de paz emprendido por el Gobierno socialista. En la causa estuvo imputado durante muchos meses el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, dirigente del Partido Socialista de Euskadi. García Hidalgo fue quien eligió a Pamiés para el cargo de jefe superior de Policía de Euskadi, que ocupaba en el momento del chivatazo.

Pamiés es uno de los puntales de la lucha antiterrorista con tres décadas de trabajo en Euskadi. Ha recibido las más altas condecoraciones por los 50 comandos de ETA en cuya desarticulación ha participado. Ballesteros, por su parte, estaba destinado en un grupo contra el terrorismo islamista de Alava cuando se produjo el chivatazo.

A pesar de que la conexión política del chivatazo se cayó de la causa cuando García Hidalgo dejó de estar imputado, el PP siguió adelante para que los policías fueran condenados. Como parte de la acusación popular, recurrió la sentencia de la Audiencia Nacional para que el Alto Tribunal condenara a los agentes antiterroristas por un delito de colaboración con la banda. Cuando se produjo el chivatazo, Alfredo Pérez Rubalcaba llevaba un mes y medio como ministro del Interior. La sentencia del Supremo llega en el momento en el que abandona la política