La Asamblea tramitará la ley de protección a los funcionarios que denuncien corrupción

El Pleno de la Asamblea ha aprobado hoy el primer paso para tramitar la ley que busca proteger a los funcionarios que denuncien posibles casos de corrupción en la Comunidad.

Los grupos parlamentarios de la oposición (PSOE-M, Podemos y Ciudadanos) han votado a favor de esta proposición de ley de Ciudadanos, que contempla la creación de una figura de defensor que proteja la confidencialidad del denunciante y les dé asistencia jurídica.

La Asamblea da finalmente luz verde a la toma en consideración de este proyecto legislativo, después de que la formación naranja presentara dos iniciativas sobre este asunto que fueron rechazadas: una resolución el pasado mes de septiembre en el debate de estado de la región y, a continuación, una proposición no de ley en octubre, que no salió adelante al contar con los votos en contra del PP y la abstención del PSOE-M.

La propuesta de Ciudadanos pretende también crear un “defensor de los denunciantes”, un ente independiente del poder ejecutivo configurado como alto comisionado de la Asamblea de Madrid, que, además de garantizar la protección del funcionario, desarrollará, en su caso, una labor de investigación previa a la judicial.

La diputada de Ciudadanos Dolores González ha criticado que el PP haya votado en contra de esta proposición de ley, ya que votó a favor de una norma “muy parecida” en el Congreso de los Diputados, y ha subrayado que su formación ha presentado dos iniciativas de ámbito distinto en el mismo tiempo, ya que esta ley protege a los funcionarios regionales.

“No hay controles, no hay contrapeso, y ustedes no están por la labor de que los haya”, ha dicho.

El diputado de Podemos Miguel Ongil ha señalado que su grupo ha votado a favor por “el compromiso” de la formación con todos los denunciantes, ya que “es un problema que tiene víctimas”,

Para Ongil “no se puede convertir en una heroicidad” denunciar posibles casos de corrupción, y ha recalcado que es necesaria una ley que no solo proteja a los funcionarios, sino también al resto de empleados públicos.

Por su parte, el parlamentario socialista José Manuel Franco, ha ironizado con que “Ciudadanos es el abanderado de la lucha contra la corrupción, pero luego al PP para que siga gobernando”.

“Está en permanente contradicción, deberían hacérselo mirar”, ha dicho el portavoz del grupo socialista, que hoy ha votado a favor, a pesar de rechazar la proposición no de ley de Ciudadanos sobre este asunto en el mes de octubre.

“Están llegando con esta ley a un hogar en el que no pueden ir porque no son competentes”, ha dicho la diputada del PP María Eugenia Carballedo, en referencia a un escrito de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda remitido a la Asamblea, en el que alerta de un posible conflicto jurídico en la proposición de ley de Ciudadanos.

En el Pleno, han estado presentes los representantes de las asociaciones y plataformas en defensa de los denunciantes de corrupción, que han mostrado la satisfacción de que, por primera vez, se esté estudiando implantar una ley de protección al denunciante en Madrid.

Aunque han considerado que es “insuficiente”, según ha señalado el portavoz de la plataforma “Por la Honestidad”, Luis González, que perdió su trabajo y “está estigmatizado” por haber denunciado corrupción en el Ejército de Tierra.

Por su parte, Ignacio Gomar, presidente de la fundación de la sociedad civil “Hay Derecho” ha recalcado que “tampoco hay que exigir que los buenos sean héroes”, por lo que “cualquier iniciativa en la que estas buenas personas no tengan que ser héroes nos parecerá muy bien”.

Tras la votación, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha dicho que es “una de las tramitaciones legislativas más lamentables que hemos tenido en la Asamblea”, en referencia ya hay una iniciativa presentada por Ciudadanos en el Congreso que “va a salir”, lo que supondría duplicar una estructura.

Además, ha indicado que es el Congreso de los Diputados quien tiene que aprobar las normas de protección de los funcionarios y de “naturaleza básica”.