Ascienden a 70 las imputaciones en España por venta ilegal de medicamentos

El Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel ha imputado a otras quince personas, en este caso de Andalucía, por una presunta trama de venta ilegal de medicamentos al extranjero, con lo que ascienden a setenta los investigados por esta causa en todo el territorio nacional.

Estos nuevos imputados, de Málaga, Granada y Almería, son administradores, directores técnicos de almacenes “pantalla” y propietarios de farmacias “puente”, contables y administrativos, que servían para la venta irregular de medicamentos en el extranjero.

Además, están siendo investigadas seis nuevas empresas, también andaluzas, por este asunto, ha informado hoy en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), después de que concluyeran las declaraciones de estas últimas 15 personas, que comenzaron ayer en Teruel y han finalizado hoy.

Estas nuevas testificaciones ante el juez se suman a las prestadas esta semana por varios farmacéuticos de Navarra imputados por su relación con la trama, localizada en Aragón, Navarra, Andalucía, Valencia y Castilla-La Mancha y que se destapó la pasada primavera en una farmacia de Palomar de Arroyos, en la provincia de Teruel.

De estos 15 nuevos imputados, 11 declararon ante el juez tras ser detenidos los pasados 2 y 3 de febrero y todos ellos han sido puestos en libertad con cargos.

A pesar de las ramificaciones de la trama por toda España, el caso seguirá instruyéndose en Teruel después de que la Audiencia Provincial desestimara la solicitud de una de las partes para que se inhibiese en favor de la Audiencia Nacional.

La trama, según las investigaciones de la Guardia Civil, se basaría en la distribución inversa de medicamentos, adquiridos a precios bajos en España y vendidos después de manera irregular en el extranjero, lo que podría haber provocado problemas de desabastecimiento.

A los imputados en la trama se les acusa de delitos contra la salud pública (tráfico de medicamentos), falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.