La Audiencia de Barcelona juzgará a Millet por el saqueo del Palau entre enero y abril

La Audiencia de Barcelona quiere juzgar al exresponsable del Palau de la Música Fèlix Millet por el expolio de la entidad cultural entre los próximos meses de enero y abril, casi ocho años después de destaparse el escándalo, y ha convocado a acusaciones y defensas para fijar la agenda del juicio.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la sección décima de la Audiencia ha dictado una providencia en la que convoca para el próximo 3 de octubre a la Fiscalía y los abogados de las acusaciones popular y particular y la defensa para ponerse de acuerdo con la agenda de la vista oral.

El caso del expolio del Palau de la Música, que ha comportado el embargo de una quincena de sedes de CDC por cobrar presuntamente comisiones de la constructora Ferrovial a través de la entidad, llegará a juicio casi ocho años después de estallar el escándalo del expolio, que en julio de 2009 acarreó el registro del edificio modernista.

El enjuiciamiento del caso -investigado por cinco jueces distintos que se han sucedido al frente del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona- ha correspondido, por reparto, a la sección décima de la Audiencia, que ha designado como ponente de la sentencia al magistrado Julio Hernández Pascual.

Dada la cantidad de partes personadas, con 16 acusados y que movilizará a una treintena de fiscales y abogados, el juicio se celebrará en una sala de la Ciutat de la Justícia, en vez de en el Palacio de Justicia, donde tiene su sede la Audiencia, por la necesidad de disponer de una sala con suficiente capacidad.

En total, la causa del Palau de la Música, que la sección décima de Barcelona recibió el pasado 2 de septiembre, consta de 65 cajas con 102 volúmenes que, en total, acumulan 60.724 folios, a los que hay que sumar los correspondientes a las piezas separadas de situación de los encausados.

La Fiscalía pide 27 años y medio de cárcel para Fèlix Millet y Jordi Montull por el expolio del Palau de la Música, y otros siete y medio para el extesorero de CDC Daniel Osàcar, por su papel clave en el presunto pago de comisiones ilícitas de la constructora Ferrovial a la formación nacionalista.

En su escrito de calificación, el fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled acusa a Millet y a su mano derecha Montull de los delitos de malversación de caudales, falsedad documental, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública, entre otros, y pide también una condena de 26 años de cárcel para la exdirectora financiera de la entidad, Gemma Montull.

Por el presunto entramado para el pago de comisiones ilícitas a CDC, el fiscal acusa de tráfico de influencias y blanqueo de capitales al extesorero Daniel Osàcar, al tiempo que plantea el decomiso de 6,6 millones de euros a la formación nacionalista por las sumas que supuestamente recibió de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública en los gobiernos de Jordi Pujol.

Además, el ministerio público reclama multas de 20 millones a Osàcar y a los exresponsables del Palau por el blanqueo de capitales perpetrado mediante la trama de comisiones ilícitas, y de 10 millones para los directivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, quienes afrontan una condena de cuatro años y medio de prisión.

El fiscal cree que el desvío de fondos a CDC contó también con la complicidad de la exdirectora general del Palau Rosa Garicano, para la que pide una condena de ocho años y medio de cárcel y multas que suman doce millones de euros.

Además de detallar los mecanismos por los que Millet y Montull se apropiaron de fondos públicos y privados del Palau, el fiscal describe en su escrito un “entramado delictivo” para la “financiación ilícita” de CDC que los expoliadores urdieron junto a Ferrovial y cargos de la formación entre los años 1999 y 2009, a cambio de la adjudicación de obras como la Ciutat de la Justicia de Barcelona o la línea 9 del metro.

Antes de llegar a juicio por el caso del saqueo del Palau, Millet y Montull fueron juzgados por la Audiencia de Barcelona y condenados a un año de cárcel por presunto tráfico de influencias en la tramitación urbanística de un hotel de lujo junto al edificio modernista, aunque ambos fueron absueltos el pasado mes de junio por el Tribunal Supremo (TS).