La Audiencia de Cádiz ordena que Alaya investigue al exconsejero Ángel Ojeda

La Audiencia de Cádiz ha rechazado el recurso del exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda para que la juez de Sevilla Mercedes Alaya no le investigara en relación a los cursos de formación financiados por la Junta, y remite el caso a la instructora sevillana para que continúe las indagaciones.

Ojeda, que fue detenido el 6 de agosto de 2014, recurrió porque consideraba que la inhibición decidida el 23 de septiembre por el juez de Instrucción 2 de Cádiz Miguel Ángel López Marchena en favor de la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla era contraria a derecho y lesiva para sus intereses.

Sin embargo, la sección cuarta de la Audiencia de Cádiz, en un auto dictado el 9 de febrero y al que ha tenido acceso Efe, considera que es “prudente y acertado” acumular las diferentes causas penales “para obtener una correcta visión del puzzle y entramado que supone el formado con las subvenciones obtenidas irregularmente”.

La juez Alaya acusa a Ojeda de recibir, en poco más de año y medio, 33 millones en subvenciones excepcionales a la formación y la contratación a través del grupo Prescal gracias a sus influencias en la Junta de Andalucía en virtud de sus antiguos cargos y contactos.

En este caso, la juez también ha imputado al consejero de Empleo Antonio Fernández por realizar subvenciones “irregulares” para la formación.

La Audiencia recuerda que la Fiscalía apoyaba la inhibición a favor de Alaya y cree necesaria esa acumulación para conocer lo ocurrido desde el inicio hasta el final de la trayectoria de las subvenciones.

En su auto, la Audiencia de Cádiz recuerda que la juez no solo investiga la concesión y obtención de las subvenciones para los cursos, sino actos posteriores, como la simulación de relaciones laborales con la presentación de una cuenta de 17,9 millones de euros en conceptos de salarios y seguros sociales.

En los autos de la juez también se describen los subcontratos con otras empresas, algunas de Ojeda, cuando esa subcontratación no estaba autorizada en la concesión y además se trataba de asociaciones de entidades docentes, señala la Audiencia.

La Audiencia resalta que en esos autos se afirma que las subcontrataciones se realizaban con la intención de canalizar y distribuir los fondos obtenidos ilícitamente entre diferentes empresas del grupo Prescal, que dirigía Ojeda, para ocultar el verdadero destinatario de los fondos.

En su decisión, la Audiencia de Cádiz indica que los delitos de posible prevaricación y malversación de caudales públicos que investiga Alaya son más graves que el de fraude de subvenciones investigados por el juzgado de Cádiz.