La Audiencia Nacional propone al Supremo que España juzgue el asesinato de Carmelo Soria

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto al Tribunal Supremo que sea la justicia española la que investigue y juzgue en su caso el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976, tras comprobar que en Chile no se ha investigado de manera “eficaz”.

El pasado día 4 el Supremo devolvió a la Audiencia Nacional la exposición razonada enviada por el juez Pablo Ruz para que la completara, y ahora su sustituto, De la Mata, justifica los motivos por los que este caso no estaría afectado por la reforma de la justicia universal, al tratarse de un delito de terrorismo.

Además, el magistrado considera que en Chile no ha existido “ni todavía existe una investigación diligente y eficaz sobre lo ocurrido” hace 39 años, tiempo durante el cual la justicia chilena ha sobreseído la causa hasta en cuatro ocasiones.

Tras un nuevo archivo, un juez chileno ordenó hace dos años reabrir el caso por el asesinato de Soria, perpetrado el 14 de julio de 1976 por agentes de la policía secreta del dictador Augusto Pinochet, tras solicitar nuevas diligencias la familia de la víctima.

De la Mata cree que desde entonces la investigación ha estado prácticamente paralizada, ya que no se ha tomado declaración a implicados en el asesinato y se ha denegado la extradición de los presuntos responsables, lo que “es incompatible -señala el auto- con una investigación diligente y eficaz sobre lo ocurrido”.

El juez ha hecho esta petición al Supremo en contra del criterio de la Fiscalía, que se opuso a que España investigue este caso argumentando que en Chile se sigue un proceso por el crimen y por ello el juez que debe investigarlo es el del “lugar en el que se cometieron los hechos”.

En cambio, De la Mata considera que, sin entrar a “evaluar, analizar y mucho menos enjuiciar la actuación del Poder judicial o de la Administración de Justicia de Chile”, en este caso concreto el proceso se ha demorado injustificadamente.

Recuerda que durante 14 años la justicia chilena desconoció las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó que el Estado chileno había violado, respecto de Carmelo Soria, el derecho a la libertad personal, a la vida y el derecho a la integridad personal.

Para el juez español, la causa en Chile está prácticamente paralizada y sólo se mueve a impulso de parte, acordándose únicamente diligencias accesorias y denegando las esenciales, por lo que debe ser la jurisdicción española la que investigue el asesinato.

Para apoyar su petición, se basa en el reciente auto del Supremo que reconoció la jurisdicción de los tribunales españoles y, en concreto, de la Audiencia Nacional, para investigar un caso parecido: el asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría y otras siete personas ocurridos en noviembre de 1989 en El Salvador.

La investigación en España del asesinato de Soria se remonta a 2001, cuando el juez Baltasar Garzón - que en 1999 procesó a Pinochet- admitió la querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince exmilitares.

En 2012, Ruz procesó por este caso a siete exresponsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Según el auto de procesamiento, Soria, que trabajaba como personal diplomático para las Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), fue secuestrado por los agentes de la DINA mientras se dirigía a su casa en Santiago de Chile en julio de 1976, en plena dictadura militar (1973-1990).

Seis de los procesados lo detuvieron y lo llevaron a una vivienda propiedad del séptimo encausado, un ciudadano estadounidense, que funcionaba como centro clandestino de interrogatorios y torturas, relata el auto.

Allí, Soria fue torturado para que confesara si tenía relación con el Partido Comunista de Chile y especificara cuál era su misión en aquel país, tras lo que lo mataron inyectándole o haciéndole ingerir media botella de pisco (aguardiente de uva) para hacer pasar su muerte por un accidente de tráfico.