La Audiencia Nacional rechaza poner en libertad al fundador de Vitaldent, Ernesto Colman

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado poner en libertad al dueño del Grupo Vitaldent, Ernesto Colman, investigado junto a otros miembros de la cúpula directiva por delito continuado de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contable, falsedad documental y participación en organización criminal.

Los magistrados rechazan los argumentos del fundador de la cadena dental, que aseguraba en un escrito que no existe en su caso riesgo de fuga y negaba haber sacado irregularmente de España fondos de sus empresas con destino a Luxemburgo. Admitía no haber declarado a Hacienda “ingresos en efectivo obtenidos en algunas clínicas franquiciadas”.

No obstante, la Sección Cuarta asegura que existen “graves indicios” de delitos cometidos en el marco de la opacidad empresarial que apuntan al afloramiento de dinero en efectivo de las franquicias que luego era llevado al extranjero y mantiene a Colman en prisión donde ingresó hace casi un año.

El auto también apunta que existe un evidente peligro de que el acusado intente sustraerse a la acción de la justicia y apunta a que ha mantenido “contactos con personas” que podrían ayudarle en este objetivo.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que investiga el caso Vitaldent, autorizó hace unos días la venta del Grupo Vitaldent en España e Italia a la empresa JB Capital Markets SV SAU, perteneciente a la familia Botín, por un montante total de 18,5 millones de euros, de los que 15,5 millones lo son por el negocio en nuestro país y 3 por el del país transalpino.

El magistrado asumió la causa tras la inhibición de la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Majadahonda (Madrid), María Isabel Serrano, debido a la complejidad del caso. Contaba con indicios de que la cúpula de la franquicia dental diseñó y participó en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes, así como a la propia Hacienda Estatal, valiéndose de su cargo como principales responsables de la empresa.

A la hora de obligar a Velasco a quedarse con la causa, la Sala de lo Penal advertía que la trama investigada “lleva operando con gran estabilidad y permanencia en el tiempo” y lo hace no solo en España sino también en países como Holanda, Suiza y Luxemburgo, realizando “operaciones ficticias y la introducción en el circuito legal de los beneficios obtenidos con su actividad ilícita”, por la que llegaron a defraudar unos 10 millones de euros.

METÁLICO DE LAS FRANQUICIAS

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desplegó la operación ante la sospecha de que el propietario de la cadena especializada en salud dental estaba exigiendo a sus franquiciados que le pagasen el 10 por ciento de lo acordado en metálico.

Al parecer, la cantidad sustraída se desviaba a cuentas en el extranjero de forma “episódica” para después volver a traerse al circuito económico legal español.En el marco del operativo la Policía detuvo el pasado mes de abril a 13 personas en la Comunidad de Madrid y una en Torrevieja (Alicante) y se practicaron numerosos registros, en los que los agentes se incautaron de hasta 1,2 millones de euros en efectivo --400.000 euros en el domicilio del presidente, 100.000 en el despacho que compartían Conte y Sisinni, 66.000 euros en el de Javier Arteaga y 615.000 en el de su hermano Oscar--, así como un avión valorado en un millón de euros, 36 coches, varios de ellos de alta gama, y varias fincas.

Según estas investigaciones, los arrestados formaban parte de un grupo organizado creado dentro de la estructura empresarial, diseñado para eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública.

El procedimiento que seguía la trama era desviar el dinero que recibían en metálico fuera de España, concretamente a Suiza y Luxemburgo. Luego ese dinero se reinvertía de nuevo en España. Se hacían con artículos de lujo, o creaban nuevos negocios.