La Audiencia Nacional reabre el caso del genocidio en Ruanda en el que murieron 9 españoles

La Audiencia Nacional ha reabierto la causa seguida contra el general ruandés Faustin Kayumba Nyamwasa por delitos de genocidio y lesa humanidad en Ruanda y Congo, donde cuatro millones de personas, entre ellas nueve españoles, fueron asesinadas en los años noventa.

En un auto, la sección tercera de la Sala de lo Penal atiende las peticiones de las acusaciones, entre ellas la del misionero español asesinado Joaquim Vallmajó, de levantar el sobreseimiento que este mismo tribunal dictó en 2015, que ha sido también apoyado por la Fiscalía.

Los magistrados remiten su decisión al instructor de la causa, el juez Fernando Andreu, para que “valore la oportunidad de reiterar la solicitud de extradición” que ya planteó en su momento a Sudáfrica, país que reconoció al procesado como refugiado, y continúe la investigación sobre “las muertes violentas” de los ciudadanos españoles.

Andreu acusó a Nyamwasa y a otros 39 militares ruandeses de genocidio y delitos de lesa humanidad, terrorismo y torturas cometidos durante el conflicto declarado en los años noventa entre hutus y tutsis en Ruanda, en el que más de cuatro millones de personas resultaron muertas o desaparecidas.

Entre ellas, seis religiosos y tres cooperantes de Médicos del Mundo españoles, asesinados entre 1994 y 2000 en los campos de refugiados donde trabajaban.

Joaquín Vallmajó, apresado por el Ejército Patriótico Ruandés (APR) y cuyo cuerpo aún no ha aparecido, fue quien denunció las matanzas y persecuciones contra los hutus.

El plan de extermino de la cúpula dirigente, miembros de la etnia tutsi, alcanzó también a cuatro misioneros maristas en noviembre de 1996, diez días después de que uno de ellos, el padre Servando, pidiera ayuda para los refugiados a través de la cadena COPE.

Los tres cooperantes de Médicos del Mundo, que trabajaban en el campo de Mugunga y habían sido testigos de varias matanzas, fueron ametrallados el 18 de enero de 1997.

El caso fue abierto en 2005 a raíz de una querella presentada diez años antes por el Foro Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos, pero la Audiencia Nacional lo archivó, en contra del criterio de la Fiscalía, en virtud de la reforma de la Justicia Universal.

La decisión fue confirmada poco después por el Tribunal Supremo, aunque dictaminó que fuera provisional.