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La Audiencia Nacional condena al Estado a indemnizar a la familia de Couso con 180.000 euros por no brindarle protección diplomática

Tendrá que pagar 100.000 a la mujer y 41.000 a cada uno de los dos hijos del cámara de Telecinco muerto por disparos estadounidenses en Irak

La Audiencia Nacional ordena indemnizar con 182.000 euros a la familia Couso

La Audiencia Nacional ordena indemnizar con 182.000 euros a la familia Couso EFE

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha condenado al Estado a indemnizar a la familia del cámara de Telecinco José Couso asesinado hace 16 años en Bagdad cuando tropas estadounidenses abrieron fuego contra el Hotel Palestina, donde se alojaban los periodistas, el 8 de abril de 2003. Considera que España omitió su deber de brindarle protección diplomática.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ignacio De la Cueva, establece que el Estado deberá indemnizar con 100.000 euros a la viuda de Couso y con 41.000 euros a cada uno de sus dos hijos, aún menores de edad cuando ocurrieron los hechos, por no haber emprendido "acciones ante otro Estado que ha incurrido en un ilícito internacional" a fin de conseguir reparación del daño causado por esa conducta.

Esta sentencia de la Audiencia Nacional supone un éxito judicial para la familia del cámara, después de 16 años litigando para tratar de traer ante la justicia a los responsables del ataque al Hotel Palestina de Bagdad. Paralelamente, los familiares ya han presentado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para tratar de reactivar el caso, después de haber agotado todas las vías ante los tribunales españoles, el último el Constitucional el pasado mes de junio.

El objetivo de la familia es "buscar el respaldo ante la violación de Derechos Humanos y la pérdida de protección ante las modificaciones de la legislación española", que les ha dejado, afirma, "incapacitados para buscar justicia ante el asesinato de José Couso".

Con esta reforma de la ley se refieren a la restricción de la justicia universal y lo que denuncia la familia ante el tribunal con sede en Estrasburgo es que esta circunstancia les ha "privado de la posibilidad de articular un recurso efectivo que permita la investigación y enjuiciamiento del crimen".

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