La Audiencia Nacional juzgará a partir de marzo a 11 acusados del caso Pretoria

La Audiencia Nacional juzgará a partir del 13 de marzo a once acusados en la trama Pretoria de corrupción urbanística en Cataluña, entre ellos el exdiputado socialista Luis Andrés García, los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta y el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz.

En una diligencia, la sección segunda de la Sala de lo Penal establece las fechas del juicio por este caso, que arrancará en marzo del año que viene y se alargará hasta el 25 de septiembre.

En concreto, el juicio se celebrará el 13, 14, 15 y 23 de marzo; el 17 de abril; el 8, 23, 24 y 25 de mayo; el 5, 14, 15, 22, 28 y 29 de junio; el 3, 4, 5, 6, 10 y 13 de julio, y el 12, 13, 14, 18 y 25 de septiembre.

Este caso se abrió a finales de enero de 2009 y en él han llegado a estar imputadas veinte personas, de las que casi la mitad han ido siendo exoneradas de esta causa a lo largo de la instrucción.

La Fiscalía pide penas de 6 años y 10 meses de cárcel para Alavedra y Prenafeta y multas que suman 13,7 millones de euros para el segundo de ellos y 10,3 millones para el primero.

Cuando se les abrió juicio oral, se les impuso a los acusados fianzas por un total de 102 millones de euros que corresponde a las multas solicitadas por las acusaciones incrementadas en un tercio.

De lo investigado, se concluye que la supuesta trama de corrupción urbanística estaba liderada por Luis García, 'Luigi', para el que el fiscal pide 8 años de cárcel, y se calcula que esta red defraudó unos 45 millones de euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres.

También se sentarán en el banquillo Manuel Valera Navarro, Manuel Dobarco Touriño, José Singla Barceló, Manuel Carrillo Martín, Gloria Torres Pladellorens, Philip Mahan y María Lluisa Mas Crussels (esposa de Prenafeta).

Los delitos que se imputan a estos once encausados son tráfico de influencias y cohecho, ambos cometidos por particular y funcionario, y blanqueo de capitales

En su auto de apertura de juicio oral, el juez afirmó que ha quedado acreditada la existencia, entre 2000 y 2009, “de una trama dirigida a la realización de labores de intermediación o influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a diversas operaciones urbanísticas desarrolladas en el ámbito municipal de determinadas localidades de Cataluña”, en concreto de la provincia de Barcelona, “bajo la intervención principal del imputado” Luis García.

Todo ello “a cambio de la percepción de cuantiosas comisiones respecto de las cuales se procedería ulteriormente a ocultar tanto su titularidad como el origen presuntamente delictivo de las referidas ganancias patrimoniales, con la finalidad de lograr su afloramiento posterior desvinculándolas de su origen”.

Con ese fin, los imputados hicieron uso de complejos entramados societario de entidades domiciliadas en paraísos fiscales como las Islas Caimán y en cuentas en Suiza y Andorra.